Entrevista exclusiva a José Luis Caballero Presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
“La Comisión está preparando una resolución sobre Crimen organizado y derechos humanos … Mantenemos la atención puesta en este tema, por el gran problema que representa para la seguridad pública y ciudadana el alto índice de criminalidad”
El Comisionado Caballero Ochoa fue electo en la reunión del Consejo Permanente de la OEA del 5 de septiembre de 2023, con un mandato que se extiende hasta el 31 de diciembre de 2029. Es abogado por el Instituto Tecnológico de Monterrey, maestro en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México y doctor en Derecho por la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) de España. Cuenta con una extensa carrera en academia y docencia, siendo director del Departamento de Derecho de la Universidad Iberoamericana de 2015 a 2021. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia, Humanidades y Tecnología de México desde 2009 y parte de la Comisión Internacional de Juristas desde 2021. Ha publicado casi un centenar de capítulos de libros y artículos en revistas especializadas, así como libros publicados en editoriales jurídicas con alto reconocimiento internacional. Adicionalmente, ha formado parte de consejos técnicos y ciudadanos para la definición de líneas de acción de instituciones públicas para el respeto, garantía y promoción de los derechos humanos.
AED: Agenda Estado de Derecho.
JLC: Jose Luis Caballero
Recientemente se llevaron a cabo elecciones dentro del sistema interamericano de derechos humanos, en las que se eligieron nuevos integrantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). En este proceso, el Dr. José Luis Caballero Ochoa, actual presidente de la Comisión obtuvo su reelección como comisionado para el periodo 2026-2029, consolidando su liderazgo en uno de los órganos regionales más relevantes en la protección y promoción de los derechos humanos en el continente americano.
Caballero Ochoa llegó a la Comisión en la elección de 2023, y su reciente designación como presidente y reelección como comisionado se producen en un momento crítico para el continente, caracterizado por retrocesos democráticos, debilitamiento del Estado de derecho y discursos abiertamente autoritarios en varios países de la región. En este contexto, su liderazgo cobra especial relevancia para definir las estrategias de defensa de los derechos humanos y de fortalecimiento institucional del sistema interamericano.
Consciente de la trascendencia de este escenario, desde Agenda Estado de Derecho publicamos esta entrevista exclusiva con el Dr. Caballero, en la que abordamos su trayectoria y aportes al campo de los derechos humanos, los retos más urgentes para la CIDH, las reformas necesarias para garantizar el acceso a la justicia interamericana y su visión sobre el papel del sistema interamericano en un mundo donde el multilateralismo se enfrenta a cuestionamientos y desafíos de alto calado.
JLC. He desarrollado mi trayectoria académica en estrecha vinculación con los temas de derechos humanos, derecho constitucional y derecho internacional de los derechos humanos. Cursé la maestría en derecho constitucional y el doctorado en sistemas de protección a los derechos humanos. En una primera etapa trabajé temas vinculados al sistema interamericano y al sistema europeo de protección a derechos humanos, destacadamente sus mecanismos -las cartas de derechos, tratados, etcétera-, más que los sistemas como tal.
En un segundo momento, a partir de la reforma constitucional mexicana en derechos humanos me dediqué más a los temas propiamente de la interpretación constitucional de los derechos. En mi tesis doctoral trabajé cómo los tratados internacionales de derechos humanos se incorporan al orden constitucional. A partir de esa reforma, en la que aporté algunas ideas a partir de lo que había estudiado: del principio de interpretación conforme de los Tratados, de la Constitución hacia los tratados internacionales, empecé a relacionarme con la judicatura mexicana y a escribir sobre interpretación constitucional y la manera en que se puede aplicar a nuestro país el principio de control de convencionalidad. A grandes rasgos, ha sido el tema del desarrollo académico fundamentalmente.
Por otro lado, siempre he tratado de tener un pie en la Academia -en el desarrollo de ideas de doctrina jurídica y de docencia- y otro en la sociedad civil. He participado en consejos ciudadanos, en temas de derechos humanos, defensa jurídica, defensoría pública y combate a la corrupción. He tratado de estar cerca de las iniciativas ciudadanas todos estos años y de la sociedad civil y de las víctimas. Y también, he tratado de estar en una observación muy continua de donde se deciden los asuntos públicos que impactan a los derechos humanos; en los organismos públicos de derechos humanos nacionales. Y ahora, con el honor de ser comisionado, creó que es una vocación que he tratado de desarrollar a lo largo de casi 30 años. Llegar a la Comisión Interamericana representa, digamos, la madurez de esta dedicación de tanto tiempo.
JLC. Hemos advertido algunos puntos importantes que también marcan el eje de la Presidencia. El primero es la atención a los ejes de la democracia y los derechos humanos. Es fundamental señalar que los derechos humanos solo pueden ejercerse, vivirse, garantizarse y protegerse en Estados constitucionales y democráticos de derecho. De ahí lo importante de vincular la democracia con los derechos humanos, ya que éstos solamente pueden ejercerse en condiciones de democracia.
Esta democracia no se agota en los mínimos electorales -que son muy importantes- sino que se funda en el ejercicio de los derechos previstos en el artículo 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y en lo señalado por la Carta Democrática Interamericana. Y, ahí hay un punto fundamental que tiene que ver con la institucionalidad para los derechos humanos, es decir, la vigencia del Estado de derecho; la vigencia de la separación y equilibrio de poderes; la independencia del Poder Judicial; la independencia y autonomía de los órganos que los Estados determinen que están constituidos con ese propósito; elecciones periódicas; y la prohibición de reelección indefinida en la titularidad del Ejecutivo. Ese es un eje y una preocupación fundamental ahora, en los contextos que tenemos: Institucionalidad democrática y democracia para los derechos humanos, con esos componentes.
En un segundo lugar, la seguridad ciudadana, más ahora que el crimen organizado tiene una presencia tan fuerte en nuestros contextos. La Comisión está preparando una resolución sobre Crimen organizado y derechos humanos. Mantenemos la atención puesta en este tema, por el gran problema que representa para la seguridad pública y ciudadana el alto índice de criminalidad. En este sentido, la Comisión insiste en que la protección a la seguridad ciudadana tiene que darse desde una perspectiva de derechos. Esto implica que no puede recurrirse arbitrariamente a figuras como los estados de excepción, ni a prolongarlos; que no puede recurrirse arbitrariamente a determinar condiciones de esta naturaleza como conflicto armado interno. La alternativa no puede ser el cierre de espacios cívicos.
JLC. La Comisión está atendiendo temas que están muy presentes en la Agenda y el sentir de los Estados y de las sociedades; por ejemplo, el cambio climático. Es un tema al que la Comisión le está dando mucha importancia no solamente por la problemática de la emergencia climática -sobre la que acaba de salir una Opinión Consultiva de la Corte– sino también por la estrategia con el Caribe. Queremos incorporar a los 14 Estados del Caribe a la agenda interamericana de una manera más contundente y clara; es parte del plan estratégico. En ese sentido, entendemos lo que implica para el Caribe el cambio climático. La emergencia climática es un eje importante.
El otro tema es la movilidad humana. La Comisión, entendiendo la problemática, ha ido estableciendo directrices y principios interamericanos sobre todo en cuatro grandes aspectos. El primero, la no criminalización. No se puede tratar a las personas en movilidad humana como personas que hubiesen cometido delitos. No puede ser ese el tratamiento. Segundo, las personas tienen derecho a solicitar asilo y acceder a procesos migratorios que respeten el debido proceso y a poder acercar sus casos a los Estados. Eso es muy importante. Tercero, tienen derecho a la nacionalidad. Es decir, estamos tratando de que los Estados puedan advertir que las personas no pueden caer en apatridia porque no se reconoce el Ius Solis. El último es que tienen derecho a que se les respete su integridad, prohibición de tratos crueles, inhumanos o degradantes. Esos son los márgenes de mínimos que la Comisión ha establecido, entendiendo la problemática tan compleja que reviste el tema de personas en movilidad y entendiendo que eso requiere cooperación internacional más allá de la retórica.
JLC. El tercer gran tema es el de las personas privadas de libertad. La Comisión acaba de publicar la Resolución 2/2025 sobre familiares de personas privadas de libertad, entendiendo en un sentido amplio: personas con las que se tienen relaciones de afecto, familia consanguínea, familia política. Se reconoce la situación de quiénes rodean a las personas privadas de libertad, especialmente cuando tienen a su cuidado niños, niñas y adolescentes, padres o madres o tutores o abuelos que están pendientes de hijos e hijas o que tienen ese vínculo familiar. Es una resolución recién publicada por la Comisión que ojalá se pueda leer y darse a conocer. En general nos preocupan mucho las condiciones carcelarias; el hacinamiento, la alta proporción de prisión preventiva en la región; la tardanza en las sentencias; y la dificultad de otorgar medidas cautelares distintas a la prisión preventiva cuando no hay riesgo de fuga o cuando no se va a obstruir la justicia, pese a las consideraciones que los órganos del sistema interamericano han hecho.
JLC. Para empezar, conviene recordar la gratuidad del sistema. Cuando una persona considera que el Estado violó sus derechos humanos y no encontró justicia interna, acude al sistema interamericano. Ello implica gratuidad. Además, afortunadamente, hay muchas organizaciones que respaldan, apoyan y acompañan a las víctimas ante el sistema.
En segundo lugar, la Comisión ha asumido un compromiso cada vez más decidido por atender las causas y los temas que afectan a las poblaciones históricamente discriminadas y a las personas en condiciones de desigualdad. Ese es un punto fundamental que está en nuestra consideración, siempre.
En tercer lugar, identificamos los asuntos prioritarios y acompañamos a las partes, no solamente para buscar la responsabilidad internacional del Estado, sino también para favorecer reparaciones suficientes e integrales que incluyan cambios estructurales. Asimismo, hemos tratado de remontar el atraso procesal que hay en la Comisión Interamericana. La Resolución 4/2023 sobre criterios de priorización de casos, permite tramitar asuntos no solo por orden cronológico, sino también conforme a dichos criterios. Esto amplía significativamente el alcance del trabajo.
En cuanto a resultados, hoy hay menos de 100 peticiones pendientes de evaluación en estudio inicial. En 2015 se registró un pico histórico de 9600 peticiones iniciales. Se llegaron a 100 informes de fondo en 2023. El año pasado lo cerramos con 121 informes de fondo.
JLC. A la Comisión le corresponde seguir siendo la conciencia histórica de la región en materia de derechos humanos y dar a conocer los principios que la orientan, así como los argumentos de por qué este marco civilizatorio es el más eficaz para conducir las relaciones internacionales -como lo han señalado muchas personas y autores -. En segundo lugar, hay que entender que el multilateralismo y el derecho internacional público han sido la forma más clara en que la humanidad ha apostado por una convivencia pacífica y por el desarrollo de las comunidades, las sociedades, los países.
Se trata del sentido de la cooperación multilateral y de la integración. A veces se dice que se pretende mantener impulsos integracionistas que estuvieron muy en boga a principios del siglo, antes del de los atentados a las Torres Gemelas -la famosa globalización-. Pero hablamos de integración multilateral en torno al derecho Internacional con raíces que se remontan a las paz de Westfalia, en el siglo XVII. Fueron pequeños pasos que se consolidaron, y pasos mayores después de la segunda posguerra, porque vimos a la humanidad al límite de la destrucción, y entonces el proceso se aceleró. Esa conciencia del multilateralismo y la apuesta por el derecho internacional es una consideración muy importante.
En tercer lugar, le diría que, ante el escepticismo y el negacionismo que rodean a algunos actores públicos y Estados, corresponde mantener el criterio de los mínimos en el derecho internacional de los derechos humanos y recordar a los Estados las obligaciones internacionales; es decir, ejercer el mandato cotidiano: supervisión, resolución de los casos y otorgamiento de medidas cautelares.
Ayer tuvimos una audiencia ante la Corte Interamericana, donde la Comisión volvió a recordar que existen normas imperativas de derecho internacional frente a violaciones graves de derechos humanos. Los crímenes de lesa humanidad deben tipificarse penalmente, investigarse, juzgarse y sancionarse; no puede haber prescripción, ni amnistías ni otra legislación adyacente que conduzca a la impunidad: deben juzgarse en jurisdicciones ordinarias. Existen sentencias claras –Almonacid Arellano, La Cantuta, Barrios Altos– que fijan los mínimos de la jurisprudencia interamericana sin posibilidad de regresión.
Creo que esas son las líneas que la Comisión debe seguir impulsando. Luego está el tema de los derechos y la interpretación evolutiva de los derechos humanos. Los mínimos, pero también consideraciones de la estatura de los derechos humanos, por ejemplo, la emergencia climática, por ejemplo, el derecho al cuidado.
Palabras clave: entrevista; José Luis Caballero; CIDH; Comisión Interamericana; Cambio climático; personas privadas de libertad; crimen organizado
Citación académica sugerida: Agenda Estado de Derecho. Entrevista exclusiva a José Luis Caballero. Presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Agenda Estado de Derecho, 2025/09/04. Disponible en: https://agendaestadodederecho.com/entrevista-exclusiva-a-jose-luis-caballero/
Citación académica sugerida: Agenda Estado de Derecho. La agenda de la REDESCA para el 2024: ¿Punto de no retorno? Entrevista al Relator Javier Palummo Agenda Estado de Derecho. 2023/12/22. Disponible en: https://agendaestadodederecho.com/la-agenda-de-la-redesca-para-el-2024-entrevista/
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Abogada colombiana, LLM en International Legal Studies por la Universidad de Georgetown y Máster en Argumentación Jurídica por la Universidad de Alicante. Es candidata a Doctora en Derecho por la Universidad de Georgetown. Actualmente se desempeña como Directora Asociada en el O'Neill Institute for National and Global Health Law y es docente en la Universidad de Georgetown y en programas de especialización y maestría en diversas universidades de América Latina. Anteriormente trabajó en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos donde tuvo varios cargos, principalmente como Coordinadora de la Sección de Casos a cargo de la etapa de fondo y del litigio ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Es profesora ayudante e investigadora predoctoral en el Departamento de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM). Tiene un Máster en Democracia y Gobierno, y un Máster en Gobernanza y Derechos Humanos, ambos de la UAM. Es licenciada en Comunicación Social por la Universidad Central de Venezuela. Es integrante del Lab Grupo de Investigación en Innovación, Tecnología y Gestión Pública de la UAM. Su tesis doctoral aborda la relación entre género, tecnologías y sector público, con un especial énfasis en la Inteligencia Artificial. También ha publicado sobre innovación pública y colaboración entre administraciones públicas y ciudadanía. Formó parte del equipo editorial de Agenda Estado de Derecho desde 2020 hasta febrero de 2022.
Abogada de la Universidad de Chile y Magíster en Derecho Internacional de la Universidad de Cambridge. En el ámbito profesional, se ha desempeñado en el extranjero como asistente legal en la Corte Internacional de Justicia y consultora para la International Nuremberg Principles Academy. En Chile, ha trabajado como abogada para el Comité para la Prevención de la Tortura, y actualmente se desempeña en la División de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile. Asimismo, es académica de Derecho Internacional Público en la Universidad de Chile. Sus áreas de investigación incluyen el derecho internacional de los derechos humanos, la regulación de la actividad policial y su conformidad con estándares internacionales, el derecho internacional humanitario y el derecho penal internacional.
Ex Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) hasta el 5 de octubre de 2020. Abogado y docente uruguayo egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República de Uruguay (Udelar). Actualmente es senior fellow en El Diálogo Interamericano (The Interamerican Dialogue) y consultor en libertades informativas de UNESCO y organizaciones de la sociedad civil. Se desempeña como Secretario de Relaciones Internacionales y Gobierno Abierto del Gobierno de Canelones (Uruguay).
Docente y conferenciasta en el campo de la libertad de expresión y el derecho a la información en prestigiosas universidades, entre ellas American University (Washington), Unam (México), Universidad Carlos III (España), Stanford (California), Universidad del Pacífico (Perú), UBA (Argentina) Universidad Diego Portales (Chile), Udelar (Uruguay) y Universidad de los Andes (Colombia). Periodista, columnista y colaborador asiduo en distintos medios de comunicación.
José Luis Caballero Ochoa es Licenciado en Derecho por el Tecnológico de Monterrey, Campus Chihuahua; Maestro en Derecho, por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, y Doctor en Derecho por la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) de España. Diplomado en derechos humanos y procesos de democratización por la Universidad de Chile. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores. Es académico – investigador en el Departamento de Derecho en la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México, del que fue su Director por seis años. Actualmente es Comisionado de la Comisión Internacional de Juristas. Ha participado o participa en diversas comisiones o consejos públicos, ciudadanos y académicos en México, entre los que destacan: el Consejo de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal; la Junta Directiva del Instituto Federal de la Defensoría Pública; el Comité Consultivo del Centro de Estudios Constitucionales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; el Comité Académico y Editorial del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación la Comisión de Selección del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, entre otros. Docente en diversos programas académicos en materia de derecho constitucional y derechos humanos en centros de educación superior nacionales, y ponente en congresos y foros académicos especializados en México, Argentina, Brasil, Chile, Guatemala, Colombia, España, Estados Unidos y Perú. Su papel como consultor y especialista ha implicado la elaboración de proyectos de ley, dictámenes técnicos bajo la figura de amicus curiae y peritajes internacionales. Su obra publicada consiste en más de 80 capítulos de libros y artículos en revistas especializadas sobre derecho constitucional, derechos humanos y derecho internacional de los derechos humanos, así como algunos libros en estas materias.
Doctorando en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (Argentina); Master en Derecho Penal y Procesal Penal por Osgoode Hall Law School, Universidad de York (Canadá); Diplomado Latinoamericano sobre Reforma Procesal Penal por la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales (Chile); Abogado con orientación en Derecho Penal por la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (Argentina). Actualmente es el Director de Relaciones Internacionales del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP). Durante 8 años fue el Director del Área de Capacitación del Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA), organismo internacional de la Organización de Estados Americanos (OEA), creado en 1999 por resolución de la Asamblea General de la OEA, con sede en Santiago de Chile.
Fiscal de la Procuración General de la Nación Argentina. Es abogada por la Universidad de Buenos Aires, donde se recibió con diploma de honor, Especialista en derecho penal y procesal penal por la Universidad Torcuato Di Tella y Máster en Derecho por la Universidad de Georgetown. Fue becaria de la Fundación Fulbright y perita de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es profesora de Garantías Constitucionales del Derecho Penal Sustantivo y Procesal Penal de la Universidad de Buenos Aires, de Género y Derecho Penal en la Maestría en Derecho Penal de la Universidad de San Andrés y profesora invitada en distintas universidades, de grado y posgrado. Es autora de varios artículos en publicaciones académicas sobre temáticas de género y derecho penal y de garantías constitucionales en el proceso penal.
Abogado, Magíster en Derecho y Posgrado en Derecho Constitucional y Derechos Humanos por la Universidad de Palermo. Profesor en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Responsable del Programa para la Aplicación de Instrumentos de Derechos Humanos del Ministerio Público de la Defensa de la Nación. Integrante de la Red Latinoamericana de Académicas/os del Derecho - ALAS. Fue docente en diferentes universidades de Argentina, e investigador y docente en el Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Chile. Sus temas de especialización son Derecho Internacional de los Derechos Humanos, Acceso a la Justicia y No Discriminación.
Director Ejecutivo de Fundación Ciudadanía y Desarrollo, contacto nacional de Transparencia Internacional en Ecuador. Abogado y máster en Dirección y Gestión Pública, así como en Acción Política, Fortalecimiento Institucional y Participación Ciudadana en el Estado de Derecho. Fue miembro suplente de la Asamblea Nacional Constituyente de Ecuador y asesor constitucional en el Consejo de Participación Ciudadana. Fellow del Centro para la Democracia, el Desarrollo y el Estado de Derecho de la Universidad de Stanford. Consultor para organizaciones nacionales e internacionales en temas de derechos humanos, libertad de expresión, acceso a la información, participación ciudadana, transparencia y lucha contra la corrupción.
Doctor en Ciencias Políticas de la Universidad de la República de Uruguay, magíster en Estudios Políticos por la Universidad Metropolitana de Venezuela y licenciado en Comunicación Social por la Universidad Santa María con especialización en Gobernabilidad y Gerencia Política por la Universidad Católica Andrés Bello y The George Washington University. Autor del libro «Venezolanos en el Uruguay» (2019). Trabaja como editor de la plataforma Diálogo Político y coordinador de proyectos del Programa Regional Partidos Políticos y Democracia en América Latina de la Fundación Konrad Adenauer.
Abogado egresado de la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala y con un Máster en Economía de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. En la actualidad, desempeña el cargo de Editor Asistente en el blog de la International Association of Constitutional Law (IACL) y es Director del área de Estudios Jurídicos en la Fundación Libertad y Desarrollo, un think tank basado en Ciudad de Guatemala. A nivel docente, ejerce como profesor tanto en la Universidad del Istmo como en la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala. Adicionalmente, es columnista para el periódico guatemalteco La Hora. Sus principales áreas de investigación son el derecho constitucional y el derecho electoral.
Vicepresidenta de incidencia y litigio internacional del Robert F. Kennedy Human Rights. Baeyens lidera la estrategia de incidencia legal en derechos humanos de la organización, incluyendo el litigio de casos de alto impacto ante mecanismos de la ONU y sistemas regionales de protección, en temáticas relacionadas con la protección del espacio cívico y la lucha contra la discriminación, violencia e impunidad. Previamente se desempeñó como oficial de asuntos políticos en la ONU y como oficial de derechos humanos en la CIDH, donde también coordinó la Relatoría sobre personas defensoras. Es profesora adjunta de la Facultad de Derecho de la Universidad de Georgetown. Recibió su título de abogada de la Universidad de Ibagué, Colombia, y su LL.M en derecho internacional de los derechos humanos de la Universidad de Notre Dame, Estados Unidos.
Juez electo de la Corte Internacional de Justicia, además de profesor y director del Departamento de Derecho Público de la Universidad Federal de Minas Gerais (UFMG) y fundador del Centro de Derecho Internacional (CEDIN) y del Anuario Brasileño de Derecho Internacional. Tiene un máster de la UFMG y un doctorado de la Universidad París X Nanterre, y ha trabajado como jurista adjunto en el CIJ. Ha sido profesor visitante en el Institut des Hautes Études Internationales de la Université Panthéon-Assas Paris II, la Université Caen Basse-Normandie, la Université Paris-Ouest Nanterre la Défence y el Centro Lauterpacht de Derecho Internacional (Universidad de Cambridge, Reino Unido).
Abogado venezolano, egresado de la Universidad Católica Andrés Bello. LL.M. en derecho internacional de la Universidad de Cambridge, en Reino Unido, y Magíster en políticas públicas de la Universidad de los Andes, en Colombia. Actualmente se desempeña como asesor legal senior del Centro de Derechos Reproductivos y docente de la Universidad de los Andes. Fue abogado de la Secretaría de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Directora Ejecutiva de la Fundación para el Debido Proceso (DPLF por sus siglas en inglés) organización regional dedicada a promover el Estado de derecho y los derechos humanos en América Latina. Antes de unirse a DPLF, fue Coordinadora Adjunta de la Unidad de Investigaciones Especiales de la Comisión de la Verdad de Perú, a cargo de la investigación de graves violaciones de derechos humanos ocurridas durante el conflicto armado interno en ese país. Previamente trabajó en la Adjuntía para los Derechos Humanos de la Defensoria del Pueblo de Perú y formó parte del equipo legal de la Coalición Contra la Impunidad (Alemania) que promovió el procesamiento penal en ese país de militares argentinos responsables de la desaparición de ciudadanos alemanes durante la dictadura argentina. Katya realizó sus estudios de derecho en la Pontifica Universidad Católica del Perú y de maestría en derecho internacional público en la Universidad de Heidelberg, Alemania.
Experto afiliado al Constitution Transformation Network de la Universidad de Melbourne e investigador asociado de la Universidad Rafael Landívar de Guatemala. Doctor en Derecho por la Escuela de Derecho de la Universidad de Melbourne y una Maestria en Derecho Público e Internacional en esa misma casa de estudios, y una Licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Rafael Landívar. Tiene experiencia en gobierno, especificamente en negociacion de tratados y convenciones, litigio en instancias internacionales e implementacion de instrumentos en materia de derechos humanos, y como consultor para organismos financieros internacionales.
Candidato a doctor por la Facultad de Derecho de la Universidad de Ottawa (Canadá). Director de la Clínica de Derechos Humanos del Centro de Investigación y Enseñanza en Derechos Humanos (HRREC) y profesor de la Sección de Derecho Civil de la Universidad de Ottawa. Anteriormente trabajó en la Comisión Andina de Juristas, el Tribunal Constitucional y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos del Perú. Sus áreas de investigación son el Sistema Interamericano, Empresas y Derechos Humanos, Derecho Penal Internacional, TWAIL y libertad académica. Integrante del Grupo de Estudios Latinoamericano sobre Derecho Penal Internacional de la Fundación Konrad Adenauer.
Es abogada por la Universidad San Francisco de Quito, y tiene un LL.M. por el Washington College of Law de American University, con enfoque en Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Es candidata para el título de Doctora en Derecho por la Universidad Externado de Colombia. Ha trabajado como especialista en la Relatoría Especial para la Libre Expresión de la CIDH, Fundamedios y la Dirección Nacional de DDHH en Ecuador. Actualmente, es Directora del Observatorio de Derechos y Justicia de Ecuador, docente en la Universidad Internacional del Ecuador, y socia fundadora de Gentium Law Consultores.
Abogada costarricense, Máster en Derecho Internacional y Resolución de Conflictos por la Universidad para la Paz de las Naciones Unidas. Actualmente se desempeña como Directora Legal para América Latina en Women’s Link Worldwide, desde donde ejerce como estratega legal, líder de iniciativa y abogada litigante, con una gran responsabilidad para diseñar y liderar complejos proyectos legales, asimismo, es docente en la Universidad para la Paz, y en diversas universidades de Costa Rica. Anteriormente trabajó en el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) como Directora del Programa para Centroamérica y México, en la Secretaría General de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) y como consultora internacional. Marcia se especializa en el litigio estratégico con enfoque de género e interseccional.
Doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Especialista en Derecho Constitucional por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), y en Derecho Constitucional y Ciencia Política por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales (Madrid). Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Guerrero (México). Es Investigador Nacional nivel I del Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT, México). En representación de México es miembro del Grupo de Justicia Constitucional y Derechos Fundamentales del Programa Estado de Derecho para Latinoamérica de la Fundación Konrad Adenauer.
