15 de Marzo de 2024
SIMPOSIO ESPECIAL DE AGENDA ESTADO DE DERECHO Y CIL DIALOGUES
Teoría jurídica crítica situada: la obra de Eduardo Novoa Monreal como asesor jurídico de Salvador Allende
De qué manera la figura y obra de Eduardo Novoa Monreal representó un papel fundamental en la defensa jurídica de Chile durante la lucha por la nacionalización del cobre?
El presente artículo es parte del especial titulado “Recordar para reimaginar: perspectivas histórico-jurídicas a 50 años del golpe de Estado en Chile” en alianza con Centre for International Law (CIL) Dialogues. Véase la versión en inglés aquí.
“Ahora, después de haber tenido la singular experiencia de asesorar jurídicamente en Chile la frustrada tentativa de transformar su sociedad burguesa tradicional en una sociedad orientada al socialismo, sin quebrantar los marcos institucionales precedentes y respetando los lineamientos de la legislación vigente, hemos podido apreciar más cabalmente lo que el Derecho significa como rémora y como obstáculo para el cambio social. Esa experiencia nos ha animado a este ensayo, en el que tratamos de desarrollar en forma más completa, coordinada y sistemática las reflexiones que en una mente atenta a los requerimientos del avance social y de las nuevas tendencias político-económicas provocan los efectos obstructivos de un Derecho ineficaz, sobrepasado y obsoleto” (Eduardo Novoa Monreal, El Derecho como Obstáculo al Cambio Social, México: Siglo Veintiuno Editores, 16.ed., 2007, p. 14).
En 1973, un jurista preparaba la defensa jurídica de su pequeño país del Tercer Mundo frente a una de las mayores multinacionales de la época. El caso se refería a la nacionalización de la industria del cobre en Chile. Si Cuba alentaba el socialismo a través de la revolución y las armas, el Chile de Salvador Allende (1970-1973) prometía el socialismo a través de la democracia y las reformas económicas. La nacionalización del cobre -el principal recurso natural de Chile- era el núcleo de la visión de Allende de una nueva utopía.
La contienda tendría lugar en un tribunal de arbitraje en París. La mente jurídica detrás de la defensa de Chile fue Eduardo Novoa Monreal (1906-2006). Aunque se formó como abogado penalista, dominó rápidamente los argumentos jurídicos internacionales para construir el caso de Chile. Se enfrentaría a un equipo de abogados internacionales de la Kennecott Copper Corporation que formuló argumentos sobre protección de inversiones extranjeras, derechos de propiedad y cuantiosas indemnizaciones.
La batalla legal prometía ser feroz, pero no llegó a producirse. El golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973 puso fin al experimento de socialismo a través de la democracia. La dictadura militar de Augusto Pinochet combinó la represión estatal con el neoliberalismo económico y dio la bienvenida al dinero y las empresas extranjeras. Muchos de los colaboradores más cercanos de Allende fueron torturados, asesinados o exiliados. Éste podría haber sido el destino de Novoa Monreal si no hubiera estado en París preparando la estrategia judicial del caso. Tardó 14 años en volver a su país, y en el exilio desarrolló muchos de sus argumentos jurídicos internacionales.
Esta contribución pretende presentar brevemente el pensamiento jurídico crítico de Novoa Monreal. Sus tesis, avanzadas a partir de la década de 1970, en opinión de Cristián Villalonga, serían más que tácticas argumentativas: deben ser entendidas como una teoría crítica del derecho mismo. Además de ser poco conocidas en la academia jurídica dominante en América Latina, sus ideas todavía deben ser descubiertas en el contexto académico anglosajón, considerando que el autor publicó sus artículos y libros en español. Antes del surgimiento del movimiento LatCrit en la década de 1990 y de los Critical Legal Studies en la década de 1970, ambos en Estados Unidos, juristas latinoamericanos como Novoa Monreal ya habían articulado una robusta sensibilidad crítica sobre las posibilidades transformadoras del campo jurídico en nuestra región. Quisiéramos aprovechar la oportunidad que nos brinda el cincuentenario del golpe militar para revisitar a uno de los pensadores jurídicos críticos más destacados de Chile en esa época.
Leídos en conjunto, los textos de Novoa Monreal -especialmente los que datan de la década de 1970 en adelante, una época políticamente inestable y socialmente vibrante en Chile y América Latina- reflejan una ansiedad acerca de la relación entre el derecho y el cambio social, o más específicamente, acerca de las formas en que el derecho y los profesionales del derecho pueden ser tanto un obstáculo como un motor de las transformaciones en la sociedad. Los escritos de Novoa Monreal tienen una ética del compromiso y una estética de la persuasión, como si se nos recordara constantemente que su tratamiento del derecho no está desvinculado de la realidad y que, si lo estuviera, se convertiría en parte del problema. Sus argumentos jurídicos no se limitan a comprender la ley y las cuestiones jurídicas, sino a cuestionar la disciplina cuando existen impedimentos para hacer realidad la justicia social.
En una época en la que las opciones utópicas parecían al alcance de la mano en América Latina, los textos de Novoa Monreal se preocuparon constantemente por el papel de los juristas en tiempos de entusiasmo político y social. Sus escritos cuestionaban la dificultad del derecho tradicional y técnico para enfrentarse a causas estructurales como la pobreza y el imperialismo, y llamaban a los juristas a asumir papeles de liderazgo. Si filósofos, economistas, cientistas políticos y otros profesionales podían contribuir a una sociedad más justa, los juristas también debían hacerlo.
La producción intelectual de Novoa Monreal se sitúa en su tiempo. Es notable el deslinde temático de su obra académica antes y después de su participación en el gobierno de Allende. Casi todas sus publicaciones anteriores a la década de 1970 se centraron en el derecho penal, campo en el que Novoa Monreal se convirtió en un referente tanto en Chile como en la región. Fue uno de los principales promotores y miembros de la comisión redactora del Código Penal para América Latina, una iniciativa para armonizar el derecho penal latinoamericano. Entre 1963 y 1971 fue secretario ejecutivo de dicha comisión. Además de académico, Novoa Montreal ejerció la mayor parte de su actividad profesional como abogado del Consejo de Defensa del Estado, encargado de asesorar, defender y representar al Estado chileno en acciones judiciales y extrajudiciales. Ingresó en este organismo en 1937 y llegó a ser su presidente en 1970.
Novoa Monreal se acercó a Salvador Allende durante su campaña presidencial de 1964, la tercera de Allende y la última antes de su victoria final. Como jurista comprometido políticamente, Novoa Monreal mencionó la necesidad de revisar los derechos de propiedad y el concepto de derechos adquiridos para que no siguieran siendo un refugio para los privilegiados. Tras alinearse con la campaña de Allende, Novoa Monreal se convirtió en uno de los juristas destacados de la Unidad Popular.
Cuando Salvador Allende llegó a La Moneda en noviembre de 1970, pidió a Novoa Monreal que buscara disposiciones legales capaces de fundamentar su programa de reformas económicas. Además de ser el principal redactor del texto constitucional para la nacionalización del cobre, el jurista ocupó una serie de cargos estratégicos en la administración socialista, como la Compañía de Teléfonos de Chile, la Comisión Chilena de Energía Nuclear y la Comisión Jurídica del Cobre. Aquello demuestra que fueron años intensos de contribución al gobierno de Allende.
La experiencia de formar parte de un gobierno elegido democráticamente que prometía el socialismo, y que posteriormente fue violentamente despojado del poder por un régimen autoritario, sin duda impactó a Novoa Monreal. Tras el golpe del 11 de septiembre, sus escritos se comprometieron aún más con la relación entre el derecho y el cambio social. De unos escasos artículos publicados sobre temas no penales, pasó a escribir libros más generales que proponían un replanteamiento crítico del derecho, como los publicados en 1975 y 1985. Otros libros trataron temas más específicos, como los proyectos de nacionalización -véanse, a título ilustrativo, las publicaciones de 1972 y 1976– y el rol social de la universidad en América Latina.
En “El derecho como obstáculo al cambio social”, el jurista chileno criticó el derecho por no estar a la altura de las realidades y demandas de lugares como América Latina. Su queja no era intrínseca al derecho, sino a perspectivas particulares y usos específicos, especialmente a lo que él llama la tradición liberal-individualista europea. Su crítica se dirigía al uso del derecho de allá, de Europa, importado para ser usado aquí, obstaculizando así las transformaciones sociales. En el pensamiento de Novoa Monreal, el derecho tiene una relación instrumental con la realidad social y, por lo tanto, puede ser justo o injusto, dependiendo de su contexto, usos y objetivos. En una sociedad desigual, el derecho debe ajustarse al proyecto concreto de vida social que anima a cada sociedad específica en un momento histórico determinado. El derecho obsoleto y los juristas conservadores serían parte del problema en este escenario.
El encuentro de Novoa Monreal con el socialismo de la experiencia chilena dejó huellas en su pensamiento. Retrató el Poder Judicial en Chile como una especie de “justicia de clase”. Los jueces, especialmente los de los tribunales superiores, estaban sesgados a favor de la élite económica. Su interpretación jurídica no estaba disociada de su clase. Más bien al contrario: resultaban de ella. Partiendo de una asunción teleológica del derecho como proyecto político, separó el derecho burgués, basado en el liberalismo y el individualismo característicos del sistema capitalista y centrado en las nociones de seguridad jurídica, derechos adquiridos y ejercicio de la voluntad libre y autónoma, de otra idea de la disciplina jurídica más atenta a las transformaciones sociales estructurales.
Por un lado, Novoa Monreal centró su crítica en el aspecto liberal-individualista del derecho. Por otro, no concluyó (como hacen algunos autores marxistas) por descartar completamente el derecho como instrumento de acción social. Buscó formas de orientar el derecho hacia la justicia social y cómo los juristas podrían operativizarlo en esta dirección. En particular, situó las reformas del Estado como fuente de organización social y económica, priorizando el interés general sobre el privado y avanzando en la agenda de los derechos sociales. No negó por completo el derecho a la propiedad. Sin embargo, dada la realidad económica de Chile y la necesidad de utilizar sus recursos naturales para su desarrollo, dicho derecho sería secundario. Para Novoa Monreal, los juristas progresistas deben reconocer el papel transitorio del derecho dentro de un escenario que exige cambios económicos, políticos y sociales más profundos y apoyarlos.
Parte integrante del proyecto político denominado “vía chilena hacia el socialismo”, el proyecto de nacionalización del cobre en Chile, se llevó a cabo con plena atención a sus aspectos jurídicos, es decir, buscando justificaciones legales para afirmar su adecuación en el contexto más amplio del proyecto de transformación social, política y económica perseguido por el gobierno de la Unidad Popular. Novoa Monreal justificó la nacionalización del cobre en Chile porque su explotación en el país no había aportado riqueza a Chile. Sin embargo, había sido muy lucrativa para las empresas extranjeras. El país fue el primer productor de cobre del mundo a finales del siglo XIX, y sus reservas correspondían al 20% del total mundial en 1970, aunque gran parte de su riqueza no se quedó en Chile. Novoa Monreal señaló la importancia del cobre para la economía chilena y los problemas de que un sector tan estratégico de la economía nacional se entregue a empresas extranjeras. Para el jurista chileno, el proyecto de nacionalización del cobre correspondería a una medida fundamental e imprescindible para que Chile pudiera dejar atrás una condición de dependencia y subdesarrollo.
El 11 de junio de 1971, el Congreso de Chile votó por unanimidad la nacionalización del cobre a través de una reforma constitucional. Aquella se justificó en base al interés nacional y al ejercicio del derecho soberano e inalienable del Estado chileno a disponer libremente de sus riquezas y recursos naturales. La misma legislación constitucional estableció en sus disposiciones lo que sería una indemnización adecuada.
Los debates sobre la legalidad de la nacionalización del cobre chileno no se limitaron a argumentos constitucionales en el Congreso Nacional chileno. Teniendo en cuenta las posibles opciones para defender sus intereses, las multinacionales estadounidenses que extraían cobre en el país recurrieron al derecho internacional para apoyar sus posiciones y llevaron sus demandas ante tribunales extranjeros. Según un documento elaborado por la Kennecott Copper Corporation en 1971, las normas internacionales mínimas consuetudinarias exigirían que toda propiedad extranjera de la que se apropiaran otros Estados recibiera una compensación justa. La noción estadounidense de “compensación justa” sería “pronta, adecuada y efectiva en su pago y reflejo del valor ‘en marcha’ de los bienes apropiados”.
En París, la respuesta chilena también tendría que pasar por el derecho internacional, y Novoa Monreal fue el encargado de formularla. Tras el golpe, y ya en el exilio, el jurista chileno publicó una serie de textos en los que posicionaba las demandas y la defensa de Chile a partir de argumentos jurídicos internacionales, textos que probablemente formaron parte de sus piezas jurídicas en defensa del Estado chileno. Cabe destacar que las producciones profesionales e intelectuales de Novoa Monreal se combinan, reforzando su comprensión de un derecho internacional situado. Así, las normas, prácticas e instituciones jurídicas internacionales comenzaron a ser abordadas en sus publicaciones, como “Nacionalización y recuperación de recursos naturales ante la ley internacional” (1974), “Defensa de las nacionalizaciones ante tribunales extranjeros: caso de los productos exportados” (1976) y “La nacionalización del petróleo en Venezuela” (1979).
En el libro de 1974, los argumentos de derecho internacional reunidos por Novoa Monreal contribuyeron al debate entre juristas internacionales y a situar las especificidades de Chile, su contexto y los objetivos de la administración socialista de Allende. ¿Cómo articuló Novoa Monreal la defensa de Chile utilizando el derecho internacional? En esencia, el fundamento jurídico de la nacionalización deriva de la potestad soberana del Estado de adoptar libremente en su territorio todas las medidas necesarias para el desarrollo, bienestar y progreso de la comunidad humana que gobierna. En la política de redescripción de Novoa Monreal, enmarcó el debate como una cuestión relativa a la soberanía del Estado sobre los recursos naturales en lugar de una cuestión de práctica contractual entre dos partes comerciales. La solución del conflicto se resolvería en torno a la cuestión de la nacionalización.
Para el jurista chileno, la Carta de las Naciones Unidas de 1945 cristalizó el poder soberano de los Estados. En consecuencia, cada Estado debe tener derecho a decidir el sistema económico y social relativo a su territorio. En otras palabras, ser soberano significa organizarse económicamente. Corresponde al Estado elegir el régimen de propiedad y de remisión de beneficios vigente en su territorio, que también es obligatorio para los extranjeros que residen en él. Si un Estado decide que un sector industrial debe dejar de ser propiedad privada y convertirse en dominio del Estado por el interés general de la población, tiene derecho a hacerlo.
Además, Novoa Monreal se basó directamente en la Resolución 1803 (1963) de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre “Soberanía permanente sobre los recursos naturales”. Esta resolución reconocía que “el derecho de los pueblos y naciones a la soberanía permanente sobre sus riquezas y recursos naturales debe ejercerse en interés de su desarrollo nacional y del bienestar del pueblo del Estado de que se trate”. Se trata de un derecho soberano e inalienable.
Por último, Novoa Monreal afirmó que el derecho internacional necesitaba una regla clara y aceptada por la comunidad de Estados sobre la nacionalización y su eventual consecuencia jurídica, la indemnización. Por lo tanto, el proyecto chileno de nacionalización del cobre estaría plenamente justificado, tal y como lo llevó a cabo el gobierno de la Unidad Popular, y no era necesaria ninguna indemnización. Este proyecto estaba relacionado con el objetivo más amplio de alcanzar la independencia y el desarrollo de Chile, que estaría asociado a la capacidad soberana del Estado chileno. Aquí, el derecho internacional fue articulado por Novoa Monreal para justificar una transformación sustantiva en la forma de explotar un recurso natural esencial para la economía del país en el contexto de la “vía chilena hacia el socialismo”.
En su libro “El derecho como obstáculo al cambio social” (1975), Novoa Monreal reflexionó sobre cuestiones teóricas relativas al derecho y a la estructura económica. Sin embargo, en su pensamiento crítico, la teoría no se analizaba al margen del mundo empírico. Al contrario, sólo podían ir juntas. Suponer lo contrario no sólo desdibujaría la comprensión del derecho, sino que ahondaría en las injusticias sociales.
“Ahora, después de haber tenido la singular experiencia de asesorar jurídicamente a Chile en el frustrado intento de transformar su tradicional sociedad burguesa en una sociedad orientada hacia el socialismo, sin violentar los marcos institucionales previos y respetando las directrices de la legislación vigente”, reflexionó, “hemos podido apreciar más cabalmente lo que significa el derecho como rémora y como obstáculo para el cambio social”. Novoa Monreal reconoció que el libro es fruto de su experiencia en Chile: “Esta experiencia nos ha animado a escribir este ensayo, en el que tratamos de desarrollar de forma más completa, coordinada y sistemática las reflexiones que, en una mente atenta a las exigencias del progreso social y a las nuevas tendencias político-económicas, provocan los efectos obstaculizadores de un derecho ineficaz, caduco y obsoleto”.
Los abogados se forman en la formulación de tesis jurídicas para defender de la mejor manera posible a sus representados. Novoa Monreal actuó como abogado de y para el Tercer Mundo, elaborando interpretaciones jurídicas internacionales que permitieron un proyecto de desarrollo para Chile basado en la soberanía sobre los recursos naturales. A través del vocabulario jurídico, trató de poner en práctica un proyecto político para transformar un país periférico que históricamente había sufrido pérdidas en un orden económico internacional estructuralmente desatento a los intereses de los “pueblos débiles”, en palabras de Novoa Monreal.
Citación académica sugerida: Fernandes Carvalho, Fabia y Roriz, João. Teoría jurídica crítica situada: la obra de Eduardo Novoa Monreal como asesor jurídico de Salvador Allende. Agenda Estado de Derecho. 2024/03/15. Disponible en: https://agendaestadodederecho.com/eduardo-novoa-monreal-como-asesor-juridico-de-salvador-allende/
Palabras clave: Golpe de Estado en Chile; Salvador Allende; Dictadura militar chilena; Derechos humanos en Chile.
Profesora Adjunta de la Facultad de Derecho de la Universidad Federal de São Paulo (Brasil) y Senior Fellow de la Red Transnacional de Derecho y Justicia Racial (TLRJN) de la Facultad de Derecho de la Universidad de Windsor (Canadá).
Profesor de Derecho Internacional en la Universidad Federal de Goiás, Brasil.
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Abogada colombiana, LLM en International Legal Studies por la Universidad de Georgetown y Máster en Argumentación Jurídica por la Universidad de Alicante. Es candidata a Doctora en Derecho por la Universidad de Georgetown. Actualmente se desempeña como Directora Asociada en el O'Neill Institute for National and Global Health Law y es docente en la Universidad de Georgetown y en programas de especialización y maestría en diversas universidades de América Latina. Anteriormente trabajó en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos donde tuvo varios cargos, principalmente como Coordinadora de la Sección de Casos a cargo de la etapa de fondo y del litigio ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Es profesora ayudante e investigadora predoctoral en el Departamento de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM). Tiene un Máster en Democracia y Gobierno, y un Máster en Gobernanza y Derechos Humanos, ambos de la UAM. Es licenciada en Comunicación Social por la Universidad Central de Venezuela. Es integrante del Lab Grupo de Investigación en Innovación, Tecnología y Gestión Pública de la UAM. Su tesis doctoral aborda la relación entre género, tecnologías y sector público, con un especial énfasis en la Inteligencia Artificial. También ha publicado sobre innovación pública y colaboración entre administraciones públicas y ciudadanía. Formó parte del equipo editorial de Agenda Estado de Derecho desde 2020 hasta febrero de 2022.
Abogada de la Universidad de Chile y Magíster en Derecho Internacional de la Universidad de Cambridge. En el ámbito profesional, se ha desempeñado en el extranjero como asistente legal en la Corte Internacional de Justicia y consultora para la International Nuremberg Principles Academy. En Chile, ha trabajado como abogada para el Comité para la Prevención de la Tortura, y actualmente se desempeña en la División de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile. Asimismo, es académica de Derecho Internacional Público en la Universidad de Chile. Sus áreas de investigación incluyen el derecho internacional de los derechos humanos, la regulación de la actividad policial y su conformidad con estándares internacionales, el derecho internacional humanitario y el derecho penal internacional.
Ex Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) hasta el 5 de octubre de 2020. Abogado y docente uruguayo egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República de Uruguay (Udelar). Actualmente es senior fellow en El Diálogo Interamericano (The Interamerican Dialogue) y consultor en libertades informativas de UNESCO y organizaciones de la sociedad civil. Se desempeña como Secretario de Relaciones Internacionales y Gobierno Abierto del Gobierno de Canelones (Uruguay).
Docente y conferenciasta en el campo de la libertad de expresión y el derecho a la información en prestigiosas universidades, entre ellas American University (Washington), Unam (México), Universidad Carlos III (España), Stanford (California), Universidad del Pacífico (Perú), UBA (Argentina) Universidad Diego Portales (Chile), Udelar (Uruguay) y Universidad de los Andes (Colombia). Periodista, columnista y colaborador asiduo en distintos medios de comunicación.
José Luis Caballero Ochoa es Licenciado en Derecho por el Tecnológico de Monterrey, Campus Chihuahua; Maestro en Derecho, por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, y Doctor en Derecho por la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) de España. Diplomado en derechos humanos y procesos de democratización por la Universidad de Chile. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores. Es académico – investigador en el Departamento de Derecho en la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México, del que fue su Director por seis años. Actualmente es Comisionado de la Comisión Internacional de Juristas. Ha participado o participa en diversas comisiones o consejos públicos, ciudadanos y académicos en México, entre los que destacan: el Consejo de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal; la Junta Directiva del Instituto Federal de la Defensoría Pública; el Comité Consultivo del Centro de Estudios Constitucionales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; el Comité Académico y Editorial del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación la Comisión de Selección del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, entre otros. Docente en diversos programas académicos en materia de derecho constitucional y derechos humanos en centros de educación superior nacionales, y ponente en congresos y foros académicos especializados en México, Argentina, Brasil, Chile, Guatemala, Colombia, España, Estados Unidos y Perú. Su papel como consultor y especialista ha implicado la elaboración de proyectos de ley, dictámenes técnicos bajo la figura de amicus curiae y peritajes internacionales. Su obra publicada consiste en más de 80 capítulos de libros y artículos en revistas especializadas sobre derecho constitucional, derechos humanos y derecho internacional de los derechos humanos, así como algunos libros en estas materias.
Doctorando en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (Argentina); Master en Derecho Penal y Procesal Penal por Osgoode Hall Law School, Universidad de York (Canadá); Diplomado Latinoamericano sobre Reforma Procesal Penal por la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales (Chile); Abogado con orientación en Derecho Penal por la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (Argentina). Actualmente es el Director de Relaciones Internacionales del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP). Durante 8 años fue el Director del Área de Capacitación del Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA), organismo internacional de la Organización de Estados Americanos (OEA), creado en 1999 por resolución de la Asamblea General de la OEA, con sede en Santiago de Chile.
Fiscal de la Procuración General de la Nación Argentina. Es abogada por la Universidad de Buenos Aires, donde se recibió con diploma de honor, Especialista en derecho penal y procesal penal por la Universidad Torcuato Di Tella y Máster en Derecho por la Universidad de Georgetown. Fue becaria de la Fundación Fulbright y perita de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es profesora de Garantías Constitucionales del Derecho Penal Sustantivo y Procesal Penal de la Universidad de Buenos Aires, de Género y Derecho Penal en la Maestría en Derecho Penal de la Universidad de San Andrés y profesora invitada en distintas universidades, de grado y posgrado. Es autora de varios artículos en publicaciones académicas sobre temáticas de género y derecho penal y de garantías constitucionales en el proceso penal.
Abogado, Magíster en Derecho y Posgrado en Derecho Constitucional y Derechos Humanos por la Universidad de Palermo. Profesor en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Responsable del Programa para la Aplicación de Instrumentos de Derechos Humanos del Ministerio Público de la Defensa de la Nación. Integrante de la Red Latinoamericana de Académicas/os del Derecho - ALAS. Fue docente en diferentes universidades de Argentina, e investigador y docente en el Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Chile. Sus temas de especialización son Derecho Internacional de los Derechos Humanos, Acceso a la Justicia y No Discriminación.
Director Ejecutivo de Fundación Ciudadanía y Desarrollo, contacto nacional de Transparencia Internacional en Ecuador. Abogado y máster en Dirección y Gestión Pública, así como en Acción Política, Fortalecimiento Institucional y Participación Ciudadana en el Estado de Derecho. Fue miembro suplente de la Asamblea Nacional Constituyente de Ecuador y asesor constitucional en el Consejo de Participación Ciudadana. Fellow del Centro para la Democracia, el Desarrollo y el Estado de Derecho de la Universidad de Stanford. Consultor para organizaciones nacionales e internacionales en temas de derechos humanos, libertad de expresión, acceso a la información, participación ciudadana, transparencia y lucha contra la corrupción.
Doctor en Ciencias Políticas de la Universidad de la República de Uruguay, magíster en Estudios Políticos por la Universidad Metropolitana de Venezuela y licenciado en Comunicación Social por la Universidad Santa María con especialización en Gobernabilidad y Gerencia Política por la Universidad Católica Andrés Bello y The George Washington University. Autor del libro «Venezolanos en el Uruguay» (2019). Trabaja como editor de la plataforma Diálogo Político y coordinador de proyectos del Programa Regional Partidos Políticos y Democracia en América Latina de la Fundación Konrad Adenauer.
Abogado egresado de la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala y con un Máster en Economía de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. En la actualidad, desempeña el cargo de Editor Asistente en el blog de la International Association of Constitutional Law (IACL) y es Director del área de Estudios Jurídicos en la Fundación Libertad y Desarrollo, un think tank basado en Ciudad de Guatemala. A nivel docente, ejerce como profesor tanto en la Universidad del Istmo como en la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala. Adicionalmente, es columnista para el periódico guatemalteco La Hora. Sus principales áreas de investigación son el derecho constitucional y el derecho electoral.
Vicepresidenta de incidencia y litigio internacional del Robert F. Kennedy Human Rights. Baeyens lidera la estrategia de incidencia legal en derechos humanos de la organización, incluyendo el litigio de casos de alto impacto ante mecanismos de la ONU y sistemas regionales de protección, en temáticas relacionadas con la protección del espacio cívico y la lucha contra la discriminación, violencia e impunidad. Previamente se desempeñó como oficial de asuntos políticos en la ONU y como oficial de derechos humanos en la CIDH, donde también coordinó la Relatoría sobre personas defensoras. Es profesora adjunta de la Facultad de Derecho de la Universidad de Georgetown. Recibió su título de abogada de la Universidad de Ibagué, Colombia, y su LL.M en derecho internacional de los derechos humanos de la Universidad de Notre Dame, Estados Unidos.
Juez electo de la Corte Internacional de Justicia, además de profesor y director del Departamento de Derecho Público de la Universidad Federal de Minas Gerais (UFMG) y fundador del Centro de Derecho Internacional (CEDIN) y del Anuario Brasileño de Derecho Internacional. Tiene un máster de la UFMG y un doctorado de la Universidad París X Nanterre, y ha trabajado como jurista adjunto en el CIJ. Ha sido profesor visitante en el Institut des Hautes Études Internationales de la Université Panthéon-Assas Paris II, la Université Caen Basse-Normandie, la Université Paris-Ouest Nanterre la Défence y el Centro Lauterpacht de Derecho Internacional (Universidad de Cambridge, Reino Unido).
Abogado venezolano, egresado de la Universidad Católica Andrés Bello. LL.M. en derecho internacional de la Universidad de Cambridge, en Reino Unido, y Magíster en políticas públicas de la Universidad de los Andes, en Colombia. Actualmente se desempeña como asesor legal senior del Centro de Derechos Reproductivos y docente de la Universidad de los Andes. Fue abogado de la Secretaría de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Directora Ejecutiva de la Fundación para el Debido Proceso (DPLF por sus siglas en inglés) organización regional dedicada a promover el Estado de derecho y los derechos humanos en América Latina. Antes de unirse a DPLF, fue Coordinadora Adjunta de la Unidad de Investigaciones Especiales de la Comisión de la Verdad de Perú, a cargo de la investigación de graves violaciones de derechos humanos ocurridas durante el conflicto armado interno en ese país. Previamente trabajó en la Adjuntía para los Derechos Humanos de la Defensoria del Pueblo de Perú y formó parte del equipo legal de la Coalición Contra la Impunidad (Alemania) que promovió el procesamiento penal en ese país de militares argentinos responsables de la desaparición de ciudadanos alemanes durante la dictadura argentina. Katya realizó sus estudios de derecho en la Pontifica Universidad Católica del Perú y de maestría en derecho internacional público en la Universidad de Heidelberg, Alemania.
Experto afiliado al Constitution Transformation Network de la Universidad de Melbourne e investigador asociado de la Universidad Rafael Landívar de Guatemala. Doctor en Derecho por la Escuela de Derecho de la Universidad de Melbourne y una Maestria en Derecho Público e Internacional en esa misma casa de estudios, y una Licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Rafael Landívar. Tiene experiencia en gobierno, especificamente en negociacion de tratados y convenciones, litigio en instancias internacionales e implementacion de instrumentos en materia de derechos humanos, y como consultor para organismos financieros internacionales.
Candidato a doctor por la Facultad de Derecho de la Universidad de Ottawa (Canadá). Director de la Clínica de Derechos Humanos del Centro de Investigación y Enseñanza en Derechos Humanos (HRREC) y profesor de la Sección de Derecho Civil de la Universidad de Ottawa. Anteriormente trabajó en la Comisión Andina de Juristas, el Tribunal Constitucional y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos del Perú. Sus áreas de investigación son el Sistema Interamericano, Empresas y Derechos Humanos, Derecho Penal Internacional, TWAIL y libertad académica. Integrante del Grupo de Estudios Latinoamericano sobre Derecho Penal Internacional de la Fundación Konrad Adenauer.
Es abogada por la Universidad San Francisco de Quito, y tiene un LL.M. por el Washington College of Law de American University, con enfoque en Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Es candidata para el título de Doctora en Derecho por la Universidad Externado de Colombia. Ha trabajado como especialista en la Relatoría Especial para la Libre Expresión de la CIDH, Fundamedios y la Dirección Nacional de DDHH en Ecuador. Actualmente, es Directora del Observatorio de Derechos y Justicia de Ecuador, docente en la Universidad Internacional del Ecuador, y socia fundadora de Gentium Law Consultores.
Abogada costarricense, Máster en Derecho Internacional y Resolución de Conflictos por la Universidad para la Paz de las Naciones Unidas. Actualmente se desempeña como Directora Legal para América Latina en Women’s Link Worldwide, desde donde ejerce como estratega legal, líder de iniciativa y abogada litigante, con una gran responsabilidad para diseñar y liderar complejos proyectos legales, asimismo, es docente en la Universidad para la Paz, y en diversas universidades de Costa Rica. Anteriormente trabajó en el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) como Directora del Programa para Centroamérica y México, en la Secretaría General de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) y como consultora internacional. Marcia se especializa en el litigio estratégico con enfoque de género e interseccional.
Doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Especialista en Derecho Constitucional por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), y en Derecho Constitucional y Ciencia Política por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales (Madrid). Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Guerrero (México). Es Investigador Nacional nivel I del Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT, México). En representación de México es miembro del Grupo de Justicia Constitucional y Derechos Fundamentales del Programa Estado de Derecho para Latinoamérica de la Fundación Konrad Adenauer.
