14 de Febrero de 2025
Diez acontecimientos de alto impacto en materia constitucional que dejó el 2024 en América Latina. Parte 2
El artículo analiza sentencias y decisiones claves de poderes judiciales y legislativos que marcaron el año 2024 en América Latina. Examina su impacto en el marco constitucional, el Estado de derecho y la democracia en diversos países de la región como Ecuador, Nicaragua, Uruguay, México y Colombia.
En esta segunda entrega, se exponen cinco de diez casos relevantes en materia constitucional que nos dejó el 2024 en América Latina y que dan cuenta que la idoneidad y eficacia de las estructuras constitucionales son cruciales para superar los problemas recurrentes y agravados en la región. La entrega de este análisis se realiza en dos partes, en cada una de las cuales se analizan cinco casos relevantes.
El Congreso peruano aprobó la reforma constitucional más importante bajo la vigencia de la carta política de 1993: el retorno a la bicameralidad del parlamento. El cambio incluyó la reelección parlamentaria indefinida y, en total, significó el trastocamiento de más de cincuenta normas constitucionales.
La reforma fue aprobada en medio de una deliberada persistencia por parte de la mayoría parlamentaria de evitar que la propuesta sea sometida a referéndum. De aquí que, pese a ser una reforma de casi el 25% del texto constitucional, se aprobó en medio de procesos excepcionales de votación (reconsideraciones) en virtud de que, en principio, no se llegó a la mayoría calificada de 87 votos a favor para que la medida no sea consultada a la población. Asimismo, se pasó por alto que, en el referéndum de 2018, la ciudadanía peruana votó (con más del 80% de votos) en contra de la bicameralidad y a favor de eliminar la reelección parlamentaria inmediata.
Aun cuando la crisis de representación parlamentaria en el Perú exige medidas sustantivas y que el sistema bicameral no puede ser malo en sí mismo (más aún, si responde a la mayor parte de la tradición constitucional peruana), el cambio de la estructura parlamentaria no es una receta mágica.
Por otro lado, la reforma no ha atacado el origen del problema, que es la precariedad de los partidos políticos. Un parlamento bicameral con los mismos partidos no garantiza la eficacia de una expectativa de mejora y, por el contrario, puede terminar deslegitimando aún más a uno de los parlamentos con la menor aprobación ciudadana de Latinoamérica, como es el peruano.
En enero de 2024, luego de más de cuarenta años de funcionamiento, el Tribunal Constitucional de Chile consiguió, por primera vez, una conformación mayoritaria de mujeres, quedando seis abogadas y cuatro abogados en el pleno del alto colegiado. Este hecho se concretó con el ingreso de las ministras Alejandra Precht, Catalina Lagos y Marcela Peredo (las dos últimas integraron la Comisión Experta del último proceso constitucional).
La nueva conformación es apreciable, porque Chile no tiene una exigencia de cuotas de género en su sistema de elección de miembros del Tribunal Constitucional. Además, es la primera vez que el Congreso elige mujeres para el desempeño del cargo. Chile tiene una elección desconcentrada de ministros, recayendo esta competencia en designaciones parciales por parte de los tres poderes públicos. Así, hasta el 2024, su parlamento sólo había elegido a candidatos varones.
Aun cuando el tribunal había contado con tres presidentas (Nancy Yáñez, María Luisa Brahm y Marisol Peña) y actualmente está presidido por la ministra Daniela Marzi, la nueva conformación es un avance de resaltar, pues solo hasta el 2022 registraba tres juezas desde el inicio de su funcionamiento. El caso chileno configura así, un deseable referente de armonía entre meritocracia, igualdad y voluntad política.
En noviembre de 2024, el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) de Bolivia emitió el auto constitucional 0083/2024 ECA, ratificando las consideraciones de su fallo previo de diciembre de 2023 (sentencia 1010/2023), donde definió que la reelección no es un derecho humano y puede tener restricciones legales; por tanto, los titulares del Ejecutivo y los parlamentarios no pueden ejercer más de dos mandatos contínuos o discontinuos.
El pronunciamiento respondió al pedido de enmienda, complementación y aclaración del diputado José Carlos Gutiérrez, quien consideró lesionados sus derechos políticos ante el impedimento dispuesto el 2023. La nueva decisión del tribunal complementó la sentencia anterior con las siguientes conclusiones de su parte resolutiva: “el fin del constituyente, (…) es evitar de cualquier modo, la permanencia de un mandatario, en el caso de los Órganos Legislativo y Ejecutivo por más de diez años en total (…)” y “ninguna autoridad electa que hubiera superado dos candidaturas anteriores, podrá candidatear y menos ejercer los cargos de vicepresidente del Estado y presidente de la Asamblea Legislativa Plurinacional, de presidente de la Cámara de Senadores ni de Diputados”.
La decisión del alto tribunal deja sentada la inhabilitación del expresidente Evo Morales para participar en las elecciones de 2025; pues él había manifestado que, por no participar en las elecciones de 2020, el fallo no le alcanzaba. Con lo explícito de la aclaración del TCP, se cierra toda interpretación a favor de las aspiraciones del exmandatario. Se puede criticar el fallo y sus posibles causas políticas, pero lo que no se puede hacer en democracia es pretender no acatarlo.
En octubre de 2024, la Asamblea Nacional Revisora aprobó en segunda lectura un conjunto de modificaciones a la Constitución de República Dominicana, fundamentalmente referidas a su parte orgánica. La propuesta fue una promesa del presidente reelecto Luis Abinader, quien asumió nuevamente el cargo en agosto último con una mayoría oficialista en el Poder Legislativo.
La reforma tiene como principales medidas evitar cambios en las reglas de elección presidencial y en la forma de gobierno, el que es civil, republicano, democrático y representativo. El presidente sólo podrá ocupar el cargo dos períodos consecutivos. Se unifican las elecciones presidenciales, congresales y municipales; y se reduce el número de diputados a 170. Se hacen precisiones sobre la autonomía del Ministerio Público y las funciones del Consejo Nacional de la Magistratura.
Es positivo que en República Dominicana, a contracorriente de las reformas sobre reelección en Latinoamérica que privilegian intereses particulares de prolongación gubernamental, se promuevan garantías de alternancia del poder y límites a la reelección presidencial. Ahora bien, la reforma no puede ser perfecta en abstracto, por lo que en su implementación se apreciará si los cuestionamientos a la petrificación de algunas disposiciones, al retroceso de representación por reducción de diputados o a la realización de referéndum, incidieron en posibles futuras contradicciones institucionales y de legitimidad. Por lo demás, no estamos ante una reforma antidemocrática.
En abril de 2024 se llevó a cabo en Ecuador un referéndum (reforma constitucional) y consulta popular (medidas de interés nacional), promovido por el presidente Daniel Noboa. Los ciudadanos apoyaron nueve (tres sobre cambios a la Constitución) de las once propuestas, las que están relacionadas con la seguridad y la lucha contra la criminalidad. Los resultados, evidentemente, fortalecieron la gestión del mandatario en un escenario en el que el país concita la atención de la comunidad internacional frente al aumento de la violencia.
Las medidas respaldadas por la población se refieren al agravamiento de penas y eliminación de beneficios penitenciarios, impedimento de libertad condicional para delitos graves, entre otros; asimismo, los tres asuntos con vigencia inmediata, por ser enmiendas a la Constitución, son la participación conjunta de la Fuerzas Armadas y la Policía para operativos contra el crimen organizado, las extradiciones de ecuatorianos requeridos por la justicia de países extranjeros y el establecimiento de un sistema de juzgados especializados en materia constitucional.
Ante ello, el presidente impulsó un segundo bloque de reformas parciales a la Constitución, que incluyó el restablecimiento de bases militares extranjeras, la eliminación del financiamiento público de los partidos y la remoción de los presos de los grupos de atención prioritaria. En Ecuador, para iniciar el proceso de reforma, es necesario que la Corte Constitucional se pronuncie primero sobre la viabilidad de la tramitación.
Así, la corte desestimó la última propuesta por restringir derechos y garantías, y aprobó las dos primeras, estando en trámite para, una vez discutidas y resueltas en la Asamblea Nacional, ser ratificadas en las urnas. Independientemente de la natural controversia por el contenido de las proposiciones, el sistema de aprobación de reformas constitucionales empleado por el Gobierno en Ecuador llama la atención por seguir un interesante procedimiento con participación plural, que comprende a la iniciativa del Ejecutivo, la habilitación de la Corte Constitucional, la tramitación en el Legislativo y la participación final de la población en referéndum.
Citación académica sugerida: Gutiérrez Canales, Mario Raúl. Diez acontecimientos de alto impacto en materia constitucional que dejó el 2024 en América Latina. Parte 2. Agenda Estado de Derecho, 2025/02/14. Disponible en: https://agendaestadodederecho.com/diez-acontecimientos-de-alto-impacto-en-materia-constitucional-que-dejo-el-2024-en-america-latina-parte-2/
Palabras clave sugeridas: Justicia constitucional; América Latina; derechos fundamentales; inteligencia artificial; Ecuador; Nicaragua; Uruguay; México y Colombia.
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Doctor en Derecho y Ciencia Política. Abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Máster en Derecho Parlamentario por la Universidad Complutense de Madrid y en Giustizia Costituzionale por la Università di Bologna. Asesor principal del Congreso de la República del Perú y profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Lima.
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Abogada colombiana, LLM en International Legal Studies por la Universidad de Georgetown y Máster en Argumentación Jurídica por la Universidad de Alicante. Es candidata a Doctora en Derecho por la Universidad de Georgetown. Actualmente se desempeña como Directora Asociada en el O'Neill Institute for National and Global Health Law y es docente en la Universidad de Georgetown y en programas de especialización y maestría en diversas universidades de América Latina. Anteriormente trabajó en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos donde tuvo varios cargos, principalmente como Coordinadora de la Sección de Casos a cargo de la etapa de fondo y del litigio ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Es profesora ayudante e investigadora predoctoral en el Departamento de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM). Tiene un Máster en Democracia y Gobierno, y un Máster en Gobernanza y Derechos Humanos, ambos de la UAM. Es licenciada en Comunicación Social por la Universidad Central de Venezuela. Es integrante del Lab Grupo de Investigación en Innovación, Tecnología y Gestión Pública de la UAM. Su tesis doctoral aborda la relación entre género, tecnologías y sector público, con un especial énfasis en la Inteligencia Artificial. También ha publicado sobre innovación pública y colaboración entre administraciones públicas y ciudadanía. Formó parte del equipo editorial de Agenda Estado de Derecho desde 2020 hasta febrero de 2022.
Abogada de la Universidad de Chile y Magíster en Derecho Internacional de la Universidad de Cambridge. En el ámbito profesional, se ha desempeñado en el extranjero como asistente legal en la Corte Internacional de Justicia y consultora para la International Nuremberg Principles Academy. En Chile, ha trabajado como abogada para el Comité para la Prevención de la Tortura, y actualmente se desempeña en la División de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile. Asimismo, es académica de Derecho Internacional Público en la Universidad de Chile. Sus áreas de investigación incluyen el derecho internacional de los derechos humanos, la regulación de la actividad policial y su conformidad con estándares internacionales, el derecho internacional humanitario y el derecho penal internacional.
Ex Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) hasta el 5 de octubre de 2020. Abogado y docente uruguayo egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República de Uruguay (Udelar). Actualmente es senior fellow en El Diálogo Interamericano (The Interamerican Dialogue) y consultor en libertades informativas de UNESCO y organizaciones de la sociedad civil. Se desempeña como Secretario de Relaciones Internacionales y Gobierno Abierto del Gobierno de Canelones (Uruguay).
Docente y conferenciasta en el campo de la libertad de expresión y el derecho a la información en prestigiosas universidades, entre ellas American University (Washington), Unam (México), Universidad Carlos III (España), Stanford (California), Universidad del Pacífico (Perú), UBA (Argentina) Universidad Diego Portales (Chile), Udelar (Uruguay) y Universidad de los Andes (Colombia). Periodista, columnista y colaborador asiduo en distintos medios de comunicación.
José Luis Caballero Ochoa es Licenciado en Derecho por el Tecnológico de Monterrey, Campus Chihuahua; Maestro en Derecho, por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, y Doctor en Derecho por la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) de España. Diplomado en derechos humanos y procesos de democratización por la Universidad de Chile. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores. Es académico – investigador en el Departamento de Derecho en la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México, del que fue su Director por seis años. Actualmente es Comisionado de la Comisión Internacional de Juristas. Ha participado o participa en diversas comisiones o consejos públicos, ciudadanos y académicos en México, entre los que destacan: el Consejo de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal; la Junta Directiva del Instituto Federal de la Defensoría Pública; el Comité Consultivo del Centro de Estudios Constitucionales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; el Comité Académico y Editorial del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación la Comisión de Selección del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, entre otros. Docente en diversos programas académicos en materia de derecho constitucional y derechos humanos en centros de educación superior nacionales, y ponente en congresos y foros académicos especializados en México, Argentina, Brasil, Chile, Guatemala, Colombia, España, Estados Unidos y Perú. Su papel como consultor y especialista ha implicado la elaboración de proyectos de ley, dictámenes técnicos bajo la figura de amicus curiae y peritajes internacionales. Su obra publicada consiste en más de 80 capítulos de libros y artículos en revistas especializadas sobre derecho constitucional, derechos humanos y derecho internacional de los derechos humanos, así como algunos libros en estas materias.
Doctorando en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (Argentina); Master en Derecho Penal y Procesal Penal por Osgoode Hall Law School, Universidad de York (Canadá); Diplomado Latinoamericano sobre Reforma Procesal Penal por la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales (Chile); Abogado con orientación en Derecho Penal por la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (Argentina). Actualmente es el Director de Relaciones Internacionales del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP). Durante 8 años fue el Director del Área de Capacitación del Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA), organismo internacional de la Organización de Estados Americanos (OEA), creado en 1999 por resolución de la Asamblea General de la OEA, con sede en Santiago de Chile.
Fiscal de la Procuración General de la Nación Argentina. Es abogada por la Universidad de Buenos Aires, donde se recibió con diploma de honor, Especialista en derecho penal y procesal penal por la Universidad Torcuato Di Tella y Máster en Derecho por la Universidad de Georgetown. Fue becaria de la Fundación Fulbright y perita de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es profesora de Garantías Constitucionales del Derecho Penal Sustantivo y Procesal Penal de la Universidad de Buenos Aires, de Género y Derecho Penal en la Maestría en Derecho Penal de la Universidad de San Andrés y profesora invitada en distintas universidades, de grado y posgrado. Es autora de varios artículos en publicaciones académicas sobre temáticas de género y derecho penal y de garantías constitucionales en el proceso penal.
Abogado, Magíster en Derecho y Posgrado en Derecho Constitucional y Derechos Humanos por la Universidad de Palermo. Profesor en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Responsable del Programa para la Aplicación de Instrumentos de Derechos Humanos del Ministerio Público de la Defensa de la Nación. Integrante de la Red Latinoamericana de Académicas/os del Derecho - ALAS. Fue docente en diferentes universidades de Argentina, e investigador y docente en el Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Chile. Sus temas de especialización son Derecho Internacional de los Derechos Humanos, Acceso a la Justicia y No Discriminación.
Director Ejecutivo de Fundación Ciudadanía y Desarrollo, contacto nacional de Transparencia Internacional en Ecuador. Abogado y máster en Dirección y Gestión Pública, así como en Acción Política, Fortalecimiento Institucional y Participación Ciudadana en el Estado de Derecho. Fue miembro suplente de la Asamblea Nacional Constituyente de Ecuador y asesor constitucional en el Consejo de Participación Ciudadana. Fellow del Centro para la Democracia, el Desarrollo y el Estado de Derecho de la Universidad de Stanford. Consultor para organizaciones nacionales e internacionales en temas de derechos humanos, libertad de expresión, acceso a la información, participación ciudadana, transparencia y lucha contra la corrupción.
Doctor en Ciencias Políticas de la Universidad de la República de Uruguay, magíster en Estudios Políticos por la Universidad Metropolitana de Venezuela y licenciado en Comunicación Social por la Universidad Santa María con especialización en Gobernabilidad y Gerencia Política por la Universidad Católica Andrés Bello y The George Washington University. Autor del libro «Venezolanos en el Uruguay» (2019). Trabaja como editor de la plataforma Diálogo Político y coordinador de proyectos del Programa Regional Partidos Políticos y Democracia en América Latina de la Fundación Konrad Adenauer.
Abogado egresado de la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala y con un Máster en Economía de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. En la actualidad, desempeña el cargo de Editor Asistente en el blog de la International Association of Constitutional Law (IACL) y es Director del área de Estudios Jurídicos en la Fundación Libertad y Desarrollo, un think tank basado en Ciudad de Guatemala. A nivel docente, ejerce como profesor tanto en la Universidad del Istmo como en la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala. Adicionalmente, es columnista para el periódico guatemalteco La Hora. Sus principales áreas de investigación son el derecho constitucional y el derecho electoral.
Vicepresidenta de incidencia y litigio internacional del Robert F. Kennedy Human Rights. Baeyens lidera la estrategia de incidencia legal en derechos humanos de la organización, incluyendo el litigio de casos de alto impacto ante mecanismos de la ONU y sistemas regionales de protección, en temáticas relacionadas con la protección del espacio cívico y la lucha contra la discriminación, violencia e impunidad. Previamente se desempeñó como oficial de asuntos políticos en la ONU y como oficial de derechos humanos en la CIDH, donde también coordinó la Relatoría sobre personas defensoras. Es profesora adjunta de la Facultad de Derecho de la Universidad de Georgetown. Recibió su título de abogada de la Universidad de Ibagué, Colombia, y su LL.M en derecho internacional de los derechos humanos de la Universidad de Notre Dame, Estados Unidos.
Juez electo de la Corte Internacional de Justicia, además de profesor y director del Departamento de Derecho Público de la Universidad Federal de Minas Gerais (UFMG) y fundador del Centro de Derecho Internacional (CEDIN) y del Anuario Brasileño de Derecho Internacional. Tiene un máster de la UFMG y un doctorado de la Universidad París X Nanterre, y ha trabajado como jurista adjunto en el CIJ. Ha sido profesor visitante en el Institut des Hautes Études Internationales de la Université Panthéon-Assas Paris II, la Université Caen Basse-Normandie, la Université Paris-Ouest Nanterre la Défence y el Centro Lauterpacht de Derecho Internacional (Universidad de Cambridge, Reino Unido).
Abogado venezolano, egresado de la Universidad Católica Andrés Bello. LL.M. en derecho internacional de la Universidad de Cambridge, en Reino Unido, y Magíster en políticas públicas de la Universidad de los Andes, en Colombia. Actualmente se desempeña como asesor legal senior del Centro de Derechos Reproductivos y docente de la Universidad de los Andes. Fue abogado de la Secretaría de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Directora Ejecutiva de la Fundación para el Debido Proceso (DPLF por sus siglas en inglés) organización regional dedicada a promover el Estado de derecho y los derechos humanos en América Latina. Antes de unirse a DPLF, fue Coordinadora Adjunta de la Unidad de Investigaciones Especiales de la Comisión de la Verdad de Perú, a cargo de la investigación de graves violaciones de derechos humanos ocurridas durante el conflicto armado interno en ese país. Previamente trabajó en la Adjuntía para los Derechos Humanos de la Defensoria del Pueblo de Perú y formó parte del equipo legal de la Coalición Contra la Impunidad (Alemania) que promovió el procesamiento penal en ese país de militares argentinos responsables de la desaparición de ciudadanos alemanes durante la dictadura argentina. Katya realizó sus estudios de derecho en la Pontifica Universidad Católica del Perú y de maestría en derecho internacional público en la Universidad de Heidelberg, Alemania.
Experto afiliado al Constitution Transformation Network de la Universidad de Melbourne e investigador asociado de la Universidad Rafael Landívar de Guatemala. Doctor en Derecho por la Escuela de Derecho de la Universidad de Melbourne y una Maestria en Derecho Público e Internacional en esa misma casa de estudios, y una Licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Rafael Landívar. Tiene experiencia en gobierno, especificamente en negociacion de tratados y convenciones, litigio en instancias internacionales e implementacion de instrumentos en materia de derechos humanos, y como consultor para organismos financieros internacionales.
Candidato a doctor por la Facultad de Derecho de la Universidad de Ottawa (Canadá). Director de la Clínica de Derechos Humanos del Centro de Investigación y Enseñanza en Derechos Humanos (HRREC) y profesor de la Sección de Derecho Civil de la Universidad de Ottawa. Anteriormente trabajó en la Comisión Andina de Juristas, el Tribunal Constitucional y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos del Perú. Sus áreas de investigación son el Sistema Interamericano, Empresas y Derechos Humanos, Derecho Penal Internacional, TWAIL y libertad académica. Integrante del Grupo de Estudios Latinoamericano sobre Derecho Penal Internacional de la Fundación Konrad Adenauer.
Es abogada por la Universidad San Francisco de Quito, y tiene un LL.M. por el Washington College of Law de American University, con enfoque en Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Es candidata para el título de Doctora en Derecho por la Universidad Externado de Colombia. Ha trabajado como especialista en la Relatoría Especial para la Libre Expresión de la CIDH, Fundamedios y la Dirección Nacional de DDHH en Ecuador. Actualmente, es Directora del Observatorio de Derechos y Justicia de Ecuador, docente en la Universidad Internacional del Ecuador, y socia fundadora de Gentium Law Consultores.
Abogada costarricense, Máster en Derecho Internacional y Resolución de Conflictos por la Universidad para la Paz de las Naciones Unidas. Actualmente se desempeña como Directora Legal para América Latina en Women’s Link Worldwide, desde donde ejerce como estratega legal, líder de iniciativa y abogada litigante, con una gran responsabilidad para diseñar y liderar complejos proyectos legales, asimismo, es docente en la Universidad para la Paz, y en diversas universidades de Costa Rica. Anteriormente trabajó en el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) como Directora del Programa para Centroamérica y México, en la Secretaría General de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) y como consultora internacional. Marcia se especializa en el litigio estratégico con enfoque de género e interseccional.
Doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Especialista en Derecho Constitucional por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), y en Derecho Constitucional y Ciencia Política por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales (Madrid). Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Guerrero (México). Es Investigador Nacional nivel I del Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT, México). En representación de México es miembro del Grupo de Justicia Constitucional y Derechos Fundamentales del Programa Estado de Derecho para Latinoamérica de la Fundación Konrad Adenauer.
