14 de Febrero de 2025
Diez acontecimientos de alto impacto en materia constitucional que dejó el 2024 en América Latina. Parte 1
El artículo analiza sentencias y decisiones claves de poderes judiciales y legislativos que marcaron el año 2024 en América Latina. Examina su impacto en el marco constitucional, el Estado de derecho y la democracia en diversos países de la región como Ecuador, Nicaragua, Uruguay, México y Colombia.
El 2024 América Latina fue escenario de seis elecciones presidenciales (El Salvador, México, Panamá, República Dominicana, Uruguay y Venezuela) y, pese al discreto optimismo en proyección democrática expuesto en el último Latinobarómetro, aún enfrenta urgentes y enormes retos sociales y de desarrollo, los que deberían ser enfrentados por los gobiernos de los países con prioritaria observación de la necesidad de institucionalizar una mínima estabilidad política y jurídica.
A los problemas recurrentes en países como Cuba, Nicaragua y Venezuela, se suman los de Perú y El Salvador, donde la erosión democrática ha dejado de ser un riesgo para convertirse en una realidad. La región más desigual muestra una constante crisis en diversos ámbitos, como la crisis económica de Argentina, la crisis energética de Ecuador, la crisis política de Guatemala, la crisis alimentaria de Haití, y hasta la crisis climática en Paraguay.
Si bien hay avances en materia de Estado de derecho en países como Brasil y Honduras, y una estabilidad deseable como en los casos de Costa Rica y Uruguay, es apremiante revisar las medidas que impulsan los países de Latinoamérica desde el campo constitucional. Sea a través del cumplimiento o no de la Constitución, de las reformas constitucionales impulsadas o del trabajo de las altas cortes constitucionales, se puede avizorar el panorama y el futuro con neutralidad.
En el presente análisis, se exponen diez casos relevantes en materia constitucional que nos dejó el 2024 en América Latina y que dan cuenta que la idoneidad y eficacia de las estructuras constitucionales son cruciales para superar los problemas recurrentes y agravados en la región. La entrega de este análisis se realiza en dos partes, en cada una de las cuales se analizan cinco casos relevantes.
En febrero de 2024, la Corte Constitucional del Ecuador emitió la sentencia que despenaliza la eutanasia. Se trata del caso de Paola Roldán (sentencia 67-23-IN/24), quien, ante el padecimiento de esclerosis lateral amiotrófica (ELA), demandó acceder a una eutanasia activa.
La Corte resolvió, vía acción pública de inconstitucionaldad, que el artículo 144 del Código Orgánico Integral Penal (homicidio simple) será constitucional siempre que no se sancione al médico ejecutor cuando una persona, “expresando su consentimiento inequívoco, libre e informado (o a través de su representante cuando no pueda expresarlo), solicite acceder a un procedimiento de eutanasia activa”.
Para tal efecto, se requiere acreditar un sufrimiento intenso, producto de una lesión corporal, grave e irreversible o una enfermedad que sea grave e incurable. Así, se priorizan los derechos constitucionales a la vida digna (Art. 66.2) y al libre desarrollo de la personalidad con autonomía (Art. 66.5), concluyendo que la vida admite excepciones a su inviolabilidad cuando busca proteger otros derechos.
Se trata de un fallo histórico en América Latina (que contó con el voto a favor de 7 de nuevo magistrados), que evidencia la importancia de las altas cortes constitucionales para la garantía efectiva de los derechos fundamentales. Merece una mención especial el hecho de que se haya remarcado que el derecho a la vida tiene dos dimensiones: la primera, como subsistencia y, la segunda, como el conjunto de condiciones mínimas que permitan el alcance de los ideales de excelencia humana de cada persona. Paola Roldán, en aplicación de la sentencia, murió en marzo de 2024, refiriendo: “Mi mayor anhelo es dejarle a mi hijo un mundo más solidario, compasivo, amoroso y colaborativo”.
En noviembre de 2024, la Asamblea Nacional de Nicaragua aprobó una reforma que modifica más de cien artículos de la Constitución. Aun cuando se trata de la duodécima reforma constitucional planteada por el presidente Daniel Ortega desde que está en el poder, es un cambio estructural que golpea significativamente el principio de división de poderes.
Se establece la figura de la “co-presidencia”, que tendrá a su cargo la coordinación de los demás poderes públicos (más subordinación). Se aumenta el mandato presidencial a seis años y, bajo conceptos abiertos como “principios fundamentales” de la Constitución y “estabilidad de la República”, el Poder Ejecutivo tendrá facultades discrecionales para destituir a funcionarios públicos y el Ejército podrá reprimir las protestas de oposición, respectivamente.
Entre otras medidas, se formaliza la policía voluntaria (política de militarización y control social a través de grupos de civiles armados afines al gobierno) y el despojo arbitrario del derecho a la nacionalidad y de bienes de los nicaragüenses.
Si bien el caso de la reforma constitucional de Nicaragua es parte de una política autoritaria recurrente por parte del gobierno vigente, y como tal no debiera sorprendernos; lo cierto es que es, en la actualidad, la expresión más dramática de erosión democrática.
Desde el poder formal se destruye la democracia, trastocando la Constitución para violentarla en su propósito más genuino, que es la desconcentración y limitación del poder para impedir la reducción de los derechos. Con la última reforma nicaragüense, podemos tener un ejemplo de lo que Karl Loewenstein denominó “Constitución semántica”, en tanto desde la carta política se vulnera el Estado de derecho.
Las elecciones presidenciales son un elemento clave en la estructura constitucional de los países y, en especial, de las repúblicas. A través de ellas, podemos apreciar y medir los niveles de participación ciudadana, la efectividad de los sistemas electorales y la perspectiva gubernamental de cara a la consolidación del Estado de derecho y la democracia.
En noviembre de 2024, Uruguay definió la elección de su nuevo presidente, Yamandú Orsi, ganador del balotaje. El presidente electo, de línea de izquierda, derrotó al candidato oficialista de centro derecha Álvaro Delgado. Uruguay tiene una alta calidad de democracia y eso se refleja en que, más allá de los programas partidarios y de los discursos y roles de oposición, prevalece la institucionalidad y el respeto por la tolerancia en la alternancia del poder. De hecho, Orsi anunció una política de “izquierda moderna” sin cambios bruscos.
Es de destacar la madurez política, reflejada en la felicitación inmediata por parte del presidente saliente, Luis Lacalle, y del candidato opositor. La participación del electorado en la primera vuelta (donde también se eligió a los parlamentarios) y segunda vuelta bordeó el 90%. Mención aparte el hecho de que el candidato ganador, del Frente Amplio, haya contado con el respaldo de José (Pepe) Mujica, figura icónica de la política latinoamericana a la que, sin duda, el resultado revitalizó.
Además de la elección histórica de la primera mujer presidenta de los Estados Unidos Mexicanos, Claudia Sheinbaum, el país estuvo en el centro del debate internacional por la aprobación de la reforma constitucional en materia judicial a nivel federal. La reforma incluye, entre otras varias medidas, el cese progresivo de magistrados y jueces para permitir una renovación integral, definida por elección popular.
Diversas organizaciones de la sociedad civil, expertos y operadores de justicia han manifestado su oposición a la reforma; incluso, medió un paro de trabajadores y jueces del Poder Judicial, así como un pronunciamiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, alertando “posibles impactos en el derecho de acceso a la justicia, en las garantías de independencia judicial y en la vigencia del Estado de Derecho”.
La reforma, aun cuando haya seguido los pasos formales para su aprobación, requiere una evaluación continua en su implementación. Si bien se puede cuestionar los móviles políticos de su impulso o la incorporación de reglas altamente controversiales como la inclusión de jueces “sin rostro”, también es verdad que México, como muchos países de Latinoamérica, exige cambios profundos en su sistema de administración de justicia. Que la población vote por los jueces en el marco de un filtro de garantías de transparencia, imparcialidad y meritocracia, no es contradictorio de que, en democracia, la potestad de administrar justicia emana del pueblo.
Lo malo es creer que hay fórmulas universales o pétreas en las estructuras judiciales de todos los países y que la neutralidad se contrapone con una razonable legitimidad de los órganos contramayoritarios. Las sentencias estructurales, los precedentes, la interpretación que exhorta y ordena, el activismo judicial y hasta las elecciones políticas de las altas cortes, nos hacen ver que la justicia ha trascendido a la resolución de casos particulares, cobrando un papel sustancial en los cambios sociales y en el reconfigurado sistema de equilibrio de poderes a partir del control jurisdiccional.
La Corte Constitucional de Colombia, en agosto de 2024, emitió la sentencia T-323 de 2024 que definió criterios orientadores para el adecuado uso de herramientas de la inteligencia artificial (IA) en el trabajo jurisdiccional; esto, en resguardo del derecho al debido proceso. Señaló que su empleo es válido si es necesario, pertinente, razonado y ponderado; lo que implica privilegiar el enfoque de protección de derechos fundamentales y de ética. La Corte también indicó que son indelegables e irreemplazables aquellas labores “que requieren del razonamiento lógico y humano a efectos de interpretar los hechos, las pruebas, motivar la decisión o adoptarla”.
El fondo del asunto respondió a la alegación de afectación de derechos de un niño diagnosticado con TEA, por no ser exonerado de copagos y cuotas moderadoras para el acceso a atención médica y medicamentos. La corte abordó el análisis del uso de la IA, en tanto el fallo de segunda instancia, materia de revisión, utilizó el ChatGPT 3.5. En ese sentido, y en virtud de lo reseñado antes, concluyó que el empleo de la IA en el caso concreto no vulneró derechos por no haberse configurado usurpación de la función jurisdiccional.
La decisión es notable en un contexto en el que el uso de la IA y su proyección son parte innegable de la realidad. Las cortes, precisamente, tienen la tarea de actuar con dinamismo para fijar límites, pero también para promover un uso adecuado de herramientas tecnológicas a todo nivel (con mayor razón, en la administración de justicia), más aún si estas inciden en el ejercicio de derechos fundamentales.
Finalmente, es positivo que se haya dispuesto que el Consejo Superior de la Judicatura divulgue una guía para la implementación de la IA generativa en la Rama Judicial, tomando en cuenta los principios de transparencia, responsabilidad, privacidad, no sustitución de la racionalidad humana, seriedad y verificación, prevención de riesgos, entre otros.
Citación académica sugerida: Gutiérrez Canales, Mario Raúl. Diez acontecimientos de alto impacto en materia constitucional que dejó el 2024 en América Latina. Parte 1. Agenda Estado de Derecho, 2025/02/14. Disponible en: https://agendaestadodederecho.com/diez-acontecimientos-de-alto-impacto-en-materia-constitucional-que-dejo-el-2024-en-america-latina-parte-1/
Palabras clave sugeridas: Justicia constitucional; América Latina; derechos fundamentales; inteligencia artificial; Ecuador; Nicaragua; Uruguay; México y Colombia.
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Doctor en Derecho y Ciencia Política. Abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Máster en Derecho Parlamentario por la Universidad Complutense de Madrid y en Giustizia Costituzionale por la Università di Bologna. Asesor principal del Congreso de la República del Perú y profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Lima.
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Abogada colombiana, LLM en International Legal Studies por la Universidad de Georgetown y Máster en Argumentación Jurídica por la Universidad de Alicante. Es candidata a Doctora en Derecho por la Universidad de Georgetown. Actualmente se desempeña como Directora Asociada en el O'Neill Institute for National and Global Health Law y es docente en la Universidad de Georgetown y en programas de especialización y maestría en diversas universidades de América Latina. Anteriormente trabajó en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos donde tuvo varios cargos, principalmente como Coordinadora de la Sección de Casos a cargo de la etapa de fondo y del litigio ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Es profesora ayudante e investigadora predoctoral en el Departamento de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM). Tiene un Máster en Democracia y Gobierno, y un Máster en Gobernanza y Derechos Humanos, ambos de la UAM. Es licenciada en Comunicación Social por la Universidad Central de Venezuela. Es integrante del Lab Grupo de Investigación en Innovación, Tecnología y Gestión Pública de la UAM. Su tesis doctoral aborda la relación entre género, tecnologías y sector público, con un especial énfasis en la Inteligencia Artificial. También ha publicado sobre innovación pública y colaboración entre administraciones públicas y ciudadanía. Formó parte del equipo editorial de Agenda Estado de Derecho desde 2020 hasta febrero de 2022.
Abogada de la Universidad de Chile y Magíster en Derecho Internacional de la Universidad de Cambridge. En el ámbito profesional, se ha desempeñado en el extranjero como asistente legal en la Corte Internacional de Justicia y consultora para la International Nuremberg Principles Academy. En Chile, ha trabajado como abogada para el Comité para la Prevención de la Tortura, y actualmente se desempeña en la División de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile. Asimismo, es académica de Derecho Internacional Público en la Universidad de Chile. Sus áreas de investigación incluyen el derecho internacional de los derechos humanos, la regulación de la actividad policial y su conformidad con estándares internacionales, el derecho internacional humanitario y el derecho penal internacional.
Ex Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) hasta el 5 de octubre de 2020. Abogado y docente uruguayo egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República de Uruguay (Udelar). Actualmente es senior fellow en El Diálogo Interamericano (The Interamerican Dialogue) y consultor en libertades informativas de UNESCO y organizaciones de la sociedad civil. Se desempeña como Secretario de Relaciones Internacionales y Gobierno Abierto del Gobierno de Canelones (Uruguay).
Docente y conferenciasta en el campo de la libertad de expresión y el derecho a la información en prestigiosas universidades, entre ellas American University (Washington), Unam (México), Universidad Carlos III (España), Stanford (California), Universidad del Pacífico (Perú), UBA (Argentina) Universidad Diego Portales (Chile), Udelar (Uruguay) y Universidad de los Andes (Colombia). Periodista, columnista y colaborador asiduo en distintos medios de comunicación.
José Luis Caballero Ochoa es Licenciado en Derecho por el Tecnológico de Monterrey, Campus Chihuahua; Maestro en Derecho, por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, y Doctor en Derecho por la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) de España. Diplomado en derechos humanos y procesos de democratización por la Universidad de Chile. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores. Es académico – investigador en el Departamento de Derecho en la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México, del que fue su Director por seis años. Actualmente es Comisionado de la Comisión Internacional de Juristas. Ha participado o participa en diversas comisiones o consejos públicos, ciudadanos y académicos en México, entre los que destacan: el Consejo de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal; la Junta Directiva del Instituto Federal de la Defensoría Pública; el Comité Consultivo del Centro de Estudios Constitucionales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; el Comité Académico y Editorial del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación la Comisión de Selección del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, entre otros. Docente en diversos programas académicos en materia de derecho constitucional y derechos humanos en centros de educación superior nacionales, y ponente en congresos y foros académicos especializados en México, Argentina, Brasil, Chile, Guatemala, Colombia, España, Estados Unidos y Perú. Su papel como consultor y especialista ha implicado la elaboración de proyectos de ley, dictámenes técnicos bajo la figura de amicus curiae y peritajes internacionales. Su obra publicada consiste en más de 80 capítulos de libros y artículos en revistas especializadas sobre derecho constitucional, derechos humanos y derecho internacional de los derechos humanos, así como algunos libros en estas materias.
Doctorando en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (Argentina); Master en Derecho Penal y Procesal Penal por Osgoode Hall Law School, Universidad de York (Canadá); Diplomado Latinoamericano sobre Reforma Procesal Penal por la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales (Chile); Abogado con orientación en Derecho Penal por la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (Argentina). Actualmente es el Director de Relaciones Internacionales del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP). Durante 8 años fue el Director del Área de Capacitación del Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA), organismo internacional de la Organización de Estados Americanos (OEA), creado en 1999 por resolución de la Asamblea General de la OEA, con sede en Santiago de Chile.
Fiscal de la Procuración General de la Nación Argentina. Es abogada por la Universidad de Buenos Aires, donde se recibió con diploma de honor, Especialista en derecho penal y procesal penal por la Universidad Torcuato Di Tella y Máster en Derecho por la Universidad de Georgetown. Fue becaria de la Fundación Fulbright y perita de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es profesora de Garantías Constitucionales del Derecho Penal Sustantivo y Procesal Penal de la Universidad de Buenos Aires, de Género y Derecho Penal en la Maestría en Derecho Penal de la Universidad de San Andrés y profesora invitada en distintas universidades, de grado y posgrado. Es autora de varios artículos en publicaciones académicas sobre temáticas de género y derecho penal y de garantías constitucionales en el proceso penal.
Abogado, Magíster en Derecho y Posgrado en Derecho Constitucional y Derechos Humanos por la Universidad de Palermo. Profesor en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Responsable del Programa para la Aplicación de Instrumentos de Derechos Humanos del Ministerio Público de la Defensa de la Nación. Integrante de la Red Latinoamericana de Académicas/os del Derecho - ALAS. Fue docente en diferentes universidades de Argentina, e investigador y docente en el Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Chile. Sus temas de especialización son Derecho Internacional de los Derechos Humanos, Acceso a la Justicia y No Discriminación.
Director Ejecutivo de Fundación Ciudadanía y Desarrollo, contacto nacional de Transparencia Internacional en Ecuador. Abogado y máster en Dirección y Gestión Pública, así como en Acción Política, Fortalecimiento Institucional y Participación Ciudadana en el Estado de Derecho. Fue miembro suplente de la Asamblea Nacional Constituyente de Ecuador y asesor constitucional en el Consejo de Participación Ciudadana. Fellow del Centro para la Democracia, el Desarrollo y el Estado de Derecho de la Universidad de Stanford. Consultor para organizaciones nacionales e internacionales en temas de derechos humanos, libertad de expresión, acceso a la información, participación ciudadana, transparencia y lucha contra la corrupción.
Doctor en Ciencias Políticas de la Universidad de la República de Uruguay, magíster en Estudios Políticos por la Universidad Metropolitana de Venezuela y licenciado en Comunicación Social por la Universidad Santa María con especialización en Gobernabilidad y Gerencia Política por la Universidad Católica Andrés Bello y The George Washington University. Autor del libro «Venezolanos en el Uruguay» (2019). Trabaja como editor de la plataforma Diálogo Político y coordinador de proyectos del Programa Regional Partidos Políticos y Democracia en América Latina de la Fundación Konrad Adenauer.
Abogado egresado de la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala y con un Máster en Economía de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. En la actualidad, desempeña el cargo de Editor Asistente en el blog de la International Association of Constitutional Law (IACL) y es Director del área de Estudios Jurídicos en la Fundación Libertad y Desarrollo, un think tank basado en Ciudad de Guatemala. A nivel docente, ejerce como profesor tanto en la Universidad del Istmo como en la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala. Adicionalmente, es columnista para el periódico guatemalteco La Hora. Sus principales áreas de investigación son el derecho constitucional y el derecho electoral.
Vicepresidenta de incidencia y litigio internacional del Robert F. Kennedy Human Rights. Baeyens lidera la estrategia de incidencia legal en derechos humanos de la organización, incluyendo el litigio de casos de alto impacto ante mecanismos de la ONU y sistemas regionales de protección, en temáticas relacionadas con la protección del espacio cívico y la lucha contra la discriminación, violencia e impunidad. Previamente se desempeñó como oficial de asuntos políticos en la ONU y como oficial de derechos humanos en la CIDH, donde también coordinó la Relatoría sobre personas defensoras. Es profesora adjunta de la Facultad de Derecho de la Universidad de Georgetown. Recibió su título de abogada de la Universidad de Ibagué, Colombia, y su LL.M en derecho internacional de los derechos humanos de la Universidad de Notre Dame, Estados Unidos.
Juez electo de la Corte Internacional de Justicia, además de profesor y director del Departamento de Derecho Público de la Universidad Federal de Minas Gerais (UFMG) y fundador del Centro de Derecho Internacional (CEDIN) y del Anuario Brasileño de Derecho Internacional. Tiene un máster de la UFMG y un doctorado de la Universidad París X Nanterre, y ha trabajado como jurista adjunto en el CIJ. Ha sido profesor visitante en el Institut des Hautes Études Internationales de la Université Panthéon-Assas Paris II, la Université Caen Basse-Normandie, la Université Paris-Ouest Nanterre la Défence y el Centro Lauterpacht de Derecho Internacional (Universidad de Cambridge, Reino Unido).
Abogado venezolano, egresado de la Universidad Católica Andrés Bello. LL.M. en derecho internacional de la Universidad de Cambridge, en Reino Unido, y Magíster en políticas públicas de la Universidad de los Andes, en Colombia. Actualmente se desempeña como asesor legal senior del Centro de Derechos Reproductivos y docente de la Universidad de los Andes. Fue abogado de la Secretaría de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Directora Ejecutiva de la Fundación para el Debido Proceso (DPLF por sus siglas en inglés) organización regional dedicada a promover el Estado de derecho y los derechos humanos en América Latina. Antes de unirse a DPLF, fue Coordinadora Adjunta de la Unidad de Investigaciones Especiales de la Comisión de la Verdad de Perú, a cargo de la investigación de graves violaciones de derechos humanos ocurridas durante el conflicto armado interno en ese país. Previamente trabajó en la Adjuntía para los Derechos Humanos de la Defensoria del Pueblo de Perú y formó parte del equipo legal de la Coalición Contra la Impunidad (Alemania) que promovió el procesamiento penal en ese país de militares argentinos responsables de la desaparición de ciudadanos alemanes durante la dictadura argentina. Katya realizó sus estudios de derecho en la Pontifica Universidad Católica del Perú y de maestría en derecho internacional público en la Universidad de Heidelberg, Alemania.
Experto afiliado al Constitution Transformation Network de la Universidad de Melbourne e investigador asociado de la Universidad Rafael Landívar de Guatemala. Doctor en Derecho por la Escuela de Derecho de la Universidad de Melbourne y una Maestria en Derecho Público e Internacional en esa misma casa de estudios, y una Licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Rafael Landívar. Tiene experiencia en gobierno, especificamente en negociacion de tratados y convenciones, litigio en instancias internacionales e implementacion de instrumentos en materia de derechos humanos, y como consultor para organismos financieros internacionales.
Candidato a doctor por la Facultad de Derecho de la Universidad de Ottawa (Canadá). Director de la Clínica de Derechos Humanos del Centro de Investigación y Enseñanza en Derechos Humanos (HRREC) y profesor de la Sección de Derecho Civil de la Universidad de Ottawa. Anteriormente trabajó en la Comisión Andina de Juristas, el Tribunal Constitucional y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos del Perú. Sus áreas de investigación son el Sistema Interamericano, Empresas y Derechos Humanos, Derecho Penal Internacional, TWAIL y libertad académica. Integrante del Grupo de Estudios Latinoamericano sobre Derecho Penal Internacional de la Fundación Konrad Adenauer.
Es abogada por la Universidad San Francisco de Quito, y tiene un LL.M. por el Washington College of Law de American University, con enfoque en Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Es candidata para el título de Doctora en Derecho por la Universidad Externado de Colombia. Ha trabajado como especialista en la Relatoría Especial para la Libre Expresión de la CIDH, Fundamedios y la Dirección Nacional de DDHH en Ecuador. Actualmente, es Directora del Observatorio de Derechos y Justicia de Ecuador, docente en la Universidad Internacional del Ecuador, y socia fundadora de Gentium Law Consultores.
Abogada costarricense, Máster en Derecho Internacional y Resolución de Conflictos por la Universidad para la Paz de las Naciones Unidas. Actualmente se desempeña como Directora Legal para América Latina en Women’s Link Worldwide, desde donde ejerce como estratega legal, líder de iniciativa y abogada litigante, con una gran responsabilidad para diseñar y liderar complejos proyectos legales, asimismo, es docente en la Universidad para la Paz, y en diversas universidades de Costa Rica. Anteriormente trabajó en el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) como Directora del Programa para Centroamérica y México, en la Secretaría General de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) y como consultora internacional. Marcia se especializa en el litigio estratégico con enfoque de género e interseccional.
Doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Especialista en Derecho Constitucional por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), y en Derecho Constitucional y Ciencia Política por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales (Madrid). Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Guerrero (México). Es Investigador Nacional nivel I del Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT, México). En representación de México es miembro del Grupo de Justicia Constitucional y Derechos Fundamentales del Programa Estado de Derecho para Latinoamérica de la Fundación Konrad Adenauer.
