A lo largo de las diferentes ediciones del Panel se ha reiterado que la independencia e imparcialidad de quienes integran la CIDH y de la Corte IDH son cruciales para el desempeño de estos cargos. Por esta razón y para evaluar el cumplimiento de estos requisitos, el Panel ha utilizado los parámetros establecidos en la CADH, así como los que surgen de los Estatutos de los órganos y sus Reglamentos. En particular, el Panel toma en consideración las disposiciones que requieren que estos cargos se desempeñen a título personal (Artículos 36 y 52 de la CADH; Artículo 3 del Estatuto de la CIDH; Artículo 1 del Reglamento de la CIDH; Artículo 4 del Estatuto de la Corte IDH). También considera las normas que regulan el régimen de incompatibilidades para el ejercicio de los cargos en la CIDH y la Corte IDH.

Según el Artículo 71 de la CADH son incompatibles con estas funciones “otras actividades que pudieren afectar su independencia o imparcialidad conforme a lo que se determine en los respectivos Estatutos.” En igual sentido se establece en el Artículo 8 del Estatuto de la CIDH. Por otro lado, el Artículo 18 del Estatuto de la Corte IDH en forma más específica consagra la incompatibilidad de la posición de juez/za con: 1) ocupar un alto cargo en el Poder Ejecutivo o ser Jefe/a de Misión ante la OEA o ante cualquiera de sus Estados miembros; 2) ser funcionario en organismos internacionales; 3) tener cargos y actividades que impidan cumplir con las obligaciones del puesto o “que afecten su independencia, imparcialidad, la dignidad o prestigio de su cargo”.

A efectos de precisar y actualizar el alcance de las garantías de independencia e imparcialidad, el Panel ha recurrido a la utilización de otros estándares internacionales como los Principios Básicos de las Naciones Unidas relativos a la Independencia Judicial (1985); los Principios de Bangalore sobre la Conducta Judicial (2002) y las Directrices sobre la Independencia y la Imparcialidad de los Miembros de los Órganos creados en virtud de tratados de derechos humanos, Directrices de Addis Abeba (2012), entre otros. Uno de los aspectos que estos estándares internacionales más resaltan es que la independencia e imparcialidad de las personas candidatas para órganos internacionales –como la CIDH y la Corte IDH– se ven comprometidas por su participación en el Poder Ejecutivo y en el Poder Legislativo del Estado que las nomina, o del cual son nacionales, “dada la naturaleza política de ese vínculo”.

Por esta razón, recomiendan que estas personas deberán no solo estar exentas de vinculaciones con estos Poderes, sino que además deberán demostrar “la apariencia de ser libre de [dichas vinculaciones] a los ojos de un observador razonable”. En suma, los estándares internacionales valoran no solo la conexión directa sino también la apariencia o percepción de que esta exista.

Aunque el Panel ha señalado a lo largo de sus ediciones circunstancias que podían generar dudas sobre la independencia e imparcialidad o sobre la existencia de potenciales conflictos de interés de las personas candidatas debido a vinculaciones políticas o familiares, más recientemente ha considerado con mayor detenimiento los riesgos que presenta la asociación de estos o estas con el Poder Ejecutivo.

En el informe 2023, en el cual se evaluaron candidatas/os a la CIDH, el Panel consideró que era un mal precedente que dos de las personas nominadas ocuparan cargos en el Poder Ejecutivo de sus países, después de su nominación y durante la campaña de su candidatura, aun cuando ambas habían manifestado que renunciarían si fueran electas. Ello porque a consideración del panel “podría comprometer su independencia e imparcialidad y podría generar dudas razonables sobre posibles conflictos de interés”.

De igual manera el Panel evaluó en el 2024 que la candidatura de un Embajador representante de su país ante otro Estado miembro de la Organización de Estados Americanos quien continuaba con sus funciones después de ser nominado y durante su campaña era un precedente que podría comprometer su independencia e imparcialidad y podría generar dudas razonables sobre posibles conflictos de interés. También consideró que la vinculación familiar de otro candidato con altos funcionarios del Poder Ejecutivo podía igualmente comprometer esos principios. En ambos casos, el Panel concluyó que “la promesa de renunciar al ser elegido juez de la Corte IDH no es suficiente, porque es al momento de anunciar las candidaturas que los Estados parte deben conocer si cada candidato es elegible o no”.

En 2024, el Panel adoptó una recomendación específica sobre este aspecto señalando que los Estados deben abstenerse “de nominar a personas candidatas que ocupen cargos en el Poder Ejecutivo al momento de ser seleccionadas, para no comprometer su independencia e imparcialidad, así como eliminar cualquier percepción sobre la existencia de conflictos de interés al momento de asumir el cargo, si fuera electa. Si de todas formas ello sucediera, el Panel considera de fundamental importancia que la persona candidata por lo menos renuncie a su cargo al momento de la nominación”.

Según el Panel esta recomendación se funda en el espíritu del Artículo 71 de la CADH, y de los artículos 18 del Estatuto de la Corte IDH y 8 del Estatuto de la CIDH, los cuales como ya se ha mencionado requieren no solo que los Estados se abstengan de nominar personas que ocupen puestos de autoridad y responsabilidad en cualquiera de las áreas del gobierno o del cuerpo diplomático de su país simultáneamente a su desempeño en la Comisión IDH o en la Corte IDH, sino también al momento de ser nominadas. A criterio del Panel, la interpretación de buena fe de estas disposiciones requiere que la elegibilidad de un candidato o de una candidata se determine al momento de la nominación.