¿Crisis del Estado de derecho en América Latina? Parte 1
¿Está en crisis el Estado de derecho en América Latina? Constitucionalistas de Chile y Bolivia analizan los desafíos institucionales, la independencia judicial y los riesgos para la democracia.
Con motivo del lanzamiento del libro “¿Crisis del Estado de derecho en América Latina?”, volumen 12 de la serie Justicia Constitucional y Derechos Fundamentales, reúne en este especial una serie de conversaciones regionales sobre los desafíos que hoy enfrenta el constitucionalismo latinoamericano. En diálogo con la publicación, este especial presenta cuatro entrevistas con autores del libro provenientes de Chile, Brasil, Bolivia y Guatemala. En estas conversaciones, los autores reflexionan, desde sus contextos nacionales, sobre las formas en que se manifiesta la crisis del Estado de derecho en sus países, los principales riesgos para la democracia constitucional y el papel que pueden desempeñar los tribunales constitucionales y los sistemas de protección de derechos.
Claudio Nash (Chile), abogado y doctor en Derecho, especialista en Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Es profesor de la Universidad de Chile, consultor de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y coordinador del Grupo de Estudios sobre Derechos Fundamentales y Justicia Constitucional del Programa Estado de Derecho para Latinoamérica de la Fundación Konrad Adenauer.
José Antonio Rivera (Bolivia), abogado y doctor en Derecho Constitucional, profesor universitario y especialista en justicia constitucional. Ha sido magistrado del Tribunal Constitucional de Bolivia y es miembro del Grupo de Estudios sobre Derechos Fundamentales y Justicia Constitucional del Programa Estado de Derecho para Latinoamérica de la Fundación Konrad Adenauer.
AED: Agenda Estado de Derecho
El Estado de derecho en Chile se construyó sobre una temprana tradición institucional que, desde el siglo XIX, privilegió la estabilidad normativa, la centralidad del poder presidencial y una cultura jurídica fuertemente formalizada. Esa tradición generó instituciones relativamente estables dentro del contexto latinoamericano, pero que no excluyó la violencia institucional como una constante frente a las demandas populares.
Sin embargo, la trayectoria democrática no ha sido lineal. La ruptura democrática de 1973 y la posterior Constitución de 1980 introdujeron un profundo quiebre en la historia constitucional del país. La transición democrática iniciada en 1990 permitió restablecer la competencia electoral y fortalecer progresivamente las instituciones, aunque dentro de un marco institucional heredado del período autoritario. Como resultado, el Estado de derecho chileno combina una alta estabilidad institucional con debates persistentes sobre la necesidad de profundizar su democracia.
No. Las elecciones libres y periódicas son una condición necesaria para la democracia, pero no bastan por sí solas para asegurar la vigencia plena del Estado de derecho. Este requiere, además, instituciones capaces de limitar el ejercicio del poder y un sistema efectivo de protección de los derechos humanos.
Cuando estos componentes se debilitan –tal como ha sucedido en Chile- es posible mantener una democracia electoral mientras se erosionan otras dimensiones esenciales del Estado de derecho. Por ello, la evaluación de la calidad democrática no puede limitarse a la regularidad de las elecciones, sino que debe considerar también la fortaleza institucional y el respeto sustantivo de los derechos fundamentales.
La solidez del Estado de derecho puede evaluarse a partir de diversos indicadores, entre ellos, la independencia de las instituciones de control, el funcionamiento del sistema judicial y la protección efectiva de los derechos humanos.
En el caso chileno, uno de los principales focos de tensión se relaciona con la creciente centralidad de la agenda de seguridad pública. Frente a demandas sociales legítimas por mayor seguridad, existe el riesgo de adoptar medidas que amplíen las facultades coercitivas del Estado sin fortalecer al mismo tiempo los mecanismos de control y protección de derechos. Ese equilibrio es uno de los desafíos centrales para la institucionalidad democrática.
El principal desafío es evitar que la respuesta institucional frente a problemas como la inmigración descontrolada, la inseguridad o la criminalidad organizada se traduzca en una erosión de las garantías propias del Estado de derecho. Para ello se necesitan instituciones con legitimidad social, lo que constituye un profundo desafío para el poder judicial en un contexto de crisis por diversos escándalos en materia de corrupción que la han afectado.
Las políticas de seguridad son necesarias, pero deben implementarse dentro de marcos institucionales sólidos y plenamente compatibles con los estándares de derechos humanos. En ese sentido, el reto para los próximos años consiste en fortalecer simultáneamente la capacidad del Estado para enfrentar estos fenómenos y los mecanismos de control democrático que aseguran que el ejercicio del poder se mantenga dentro de los límites del derecho.
Considero que, si bien la habilitación de la reelección indefinida a través de una sentencia constitucional, configurada y argumentada sobre la base de un fraude convencional y un falseamiento constitucional, generó una ruptura del principio democrático de la alternancia, creo que ese momento no marcó un punto de no retorno institucional.
Tengo la firme convicción de que aún existen mecanismos constitucionales para recomponer la legitimidad democrática, pero ello pasa, por un lado, por reformar parcialmente la Constitución y, por otro, por trabajar en el restablecimiento de la independencia de los órganos del poder constituido, fundamentalmente del legislativo, del electoral y del órgano judicial. En este sentido, se está trabajando y estoy seguro de que, en un corto plazo, se lograrán avances considerables para restablecer la institucionalidad democrática que fue seriamente afectada.
Con relación a la crisis de la jurisdicción constitucional, considero importante e indispensable reformar parcialmente la Constitución para modificar sustancialmente el sistema de selección y designación de los magistrados del Tribunal Constitucional, así como de los vocales de las salas constitucionales que desempeñan la labor de control de constitucionalidad tutelar, es decir, la protección de los derechos fundamentales y de los derechos humanos.
La adopción del sistema de elección directa por voto popular, mediante sufragio universal, de las magistradas y los magistrados del Tribunal Constitucional ha generado una erosión de la independencia judicial y ha propiciado una suerte de secuestro de la jurisdicción constitucional por parte del poder político.
Desde mi punto de vista, es posible diferenciar jurídicamente la persecución penal legítima en relación con aquellos servidores o exservidores públicos que incurren en delitos de corrupción o en delitos que atenten contra la seguridad interna o externa del Estado, siempre que existan jueces y magistrados que desempeñen sus funciones con independencia e imparcialidad de manera efectiva, oportuna y transparente. De lo contrario, nos encontramos en la situación en la que actualmente se encuentra el sistema judicial boliviano: una crisis estructural que ha dado lugar a la instrumentalización de ese sistema judicial para desplegar una persecución judicial con fines políticos.
¿Cuándo encontramos que la persecución judicial está motivada por fines políticos? Cuando quienes ejercen coyunturalmente el poder político utilizan a los jueces y al Ministerio Público para instaurar acciones penales en contra de líderes políticos o líderes cívicos de oposición, con la finalidad de eliminarlos políticamente, e incluso económica y moralmente, mediante acciones penales que no tienen una base probatoria idónea ni legalmente obtenida. A su vez, en procesos judiciales que se tramitan con graves irregularidades y con graves violaciones al derecho al debido proceso y a sus garantías mínimas, como juzgar en rebeldía o en ausencia, impedir la producción de la prueba o atentar contra el derecho a la defensa, entre otras. En estos casos, estamos ante una instrumentalización del sistema judicial con fines políticos.
Yo creo que, para poder enfrentar la crisis económica, la fragmentación política, el debilitamiento institucional y la alta polarización social, es de prioridad estratégica, para restablecer el Estado de derecho, la reforma estructural del sistema judicial. Ello se debe a que, en un Estado constitucional de derecho, el sistema judicial desempeña funciones importantísimas de racionalizar el ejercicio del poder político, ejerciendo control de legalidad sobre los actos administrativos, control de constitucionalidad sobre los actos legislativos y control de convencionalidad sobre decisiones y acciones que violen los derechos humanos.
Cumple el papel de resguardar la democracia, protegiendo principios democráticos como el respeto de los derechos de la minoría por parte de la mayoría, la alternancia en el ejercicio del poder político y el respeto a la capacidad de disentir o pensar diferente. Asimismo, desempeña el papel de pacificación de la sociedad, porque en la medida en que el sistema judicial otorgue una protección efectiva, inmediata, oportuna y eficaz a los derechos humanos, los ciudadanos y las ciudadanas no salen a las calles, sino que acuden a la autoridad judicial para pedir la protección de sus derechos frente al abuso del poder político o del poder económico.
Entonces, es vital iniciar una transformación estructural del sistema judicial. Pero, paralelamente, también es importante trabajar en dotar de plena independencia al órgano electoral, que en Bolivia tiene el rango de órgano de poder y se encuentra en el marco del principio de separación de funciones e independencia de poderes. Finalmente, también es importante modificar el sistema presidencialista de gobierno, porque al haberse concentrado peligrosamente funciones y poder en el presidente hemos transitado de un presidencialismo original norteamericano hacia un hiperpresidencialismo, que constituye una de las principales amenazas para la democracia en Bolivia.
Es importante y necesario abrir un diálogo nacional y construir consensos para introducir modificaciones en la Constitución Política, con la finalidad de lograr esta transformación estructural del sistema judicial con acciones inmediatas, mediatas y de largo alcance, a partir de las causas que generan esa crisis, que son económicas, institucionales, legislativas, académicas y políticas. Asimismo, se busca devolver y garantizar la independencia del órgano electoral a partir del sistema de selección y designación de los miembros de los tribunales electorales, y abrir ese diálogo para configurar y adoptar un sistema político de gobierno que no sea ni parlamentario ni presidencialista, sino, quizá, un sistema semipresidencialista, pero en el marco de la realidad política, social y cultural del Estado boliviano.
Citación académica sugerida: ¿Crisis del Estado de derecho en América Latina? Parte 1. Agenda Estado de Derecho. 2026/03/17. Disponible en: https://agendaestadodederecho.com/crisis-del-estado-de-derecho-en-america-latina/
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Abogada colombiana, LLM en International Legal Studies por la Universidad de Georgetown y Máster en Argumentación Jurídica por la Universidad de Alicante. Es candidata a Doctora en Derecho por la Universidad de Georgetown. Actualmente se desempeña como Directora Asociada en el O'Neill Institute for National and Global Health Law y es docente en la Universidad de Georgetown y en programas de especialización y maestría en diversas universidades de América Latina. Anteriormente trabajó en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos donde tuvo varios cargos, principalmente como Coordinadora de la Sección de Casos a cargo de la etapa de fondo y del litigio ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Es profesora ayudante e investigadora predoctoral en el Departamento de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM). Tiene un Máster en Democracia y Gobierno, y un Máster en Gobernanza y Derechos Humanos, ambos de la UAM. Es licenciada en Comunicación Social por la Universidad Central de Venezuela. Es integrante del Lab Grupo de Investigación en Innovación, Tecnología y Gestión Pública de la UAM. Su tesis doctoral aborda la relación entre género, tecnologías y sector público, con un especial énfasis en la Inteligencia Artificial. También ha publicado sobre innovación pública y colaboración entre administraciones públicas y ciudadanía. Formó parte del equipo editorial de Agenda Estado de Derecho desde 2020 hasta febrero de 2022.
Abogada de la Universidad de Chile y Magíster en Derecho Internacional de la Universidad de Cambridge. En el ámbito profesional, se ha desempeñado en el extranjero como asistente legal en la Corte Internacional de Justicia y consultora para la International Nuremberg Principles Academy. En Chile, ha trabajado como abogada para el Comité para la Prevención de la Tortura, y actualmente se desempeña en la División de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile. Asimismo, es académica de Derecho Internacional Público en la Universidad de Chile. Sus áreas de investigación incluyen el derecho internacional de los derechos humanos, la regulación de la actividad policial y su conformidad con estándares internacionales, el derecho internacional humanitario y el derecho penal internacional.
Ex Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) hasta el 5 de octubre de 2020. Abogado y docente uruguayo egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República de Uruguay (Udelar). Actualmente es senior fellow en El Diálogo Interamericano (The Interamerican Dialogue) y consultor en libertades informativas de UNESCO y organizaciones de la sociedad civil. Se desempeña como Secretario de Relaciones Internacionales y Gobierno Abierto del Gobierno de Canelones (Uruguay).
Docente y conferenciasta en el campo de la libertad de expresión y el derecho a la información en prestigiosas universidades, entre ellas American University (Washington), Unam (México), Universidad Carlos III (España), Stanford (California), Universidad del Pacífico (Perú), UBA (Argentina) Universidad Diego Portales (Chile), Udelar (Uruguay) y Universidad de los Andes (Colombia). Periodista, columnista y colaborador asiduo en distintos medios de comunicación.
José Luis Caballero Ochoa es Licenciado en Derecho por el Tecnológico de Monterrey, Campus Chihuahua; Maestro en Derecho, por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, y Doctor en Derecho por la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) de España. Diplomado en derechos humanos y procesos de democratización por la Universidad de Chile. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores. Es académico – investigador en el Departamento de Derecho en la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México, del que fue su Director por seis años. Actualmente es Comisionado de la Comisión Internacional de Juristas. Ha participado o participa en diversas comisiones o consejos públicos, ciudadanos y académicos en México, entre los que destacan: el Consejo de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal; la Junta Directiva del Instituto Federal de la Defensoría Pública; el Comité Consultivo del Centro de Estudios Constitucionales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; el Comité Académico y Editorial del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación la Comisión de Selección del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, entre otros. Docente en diversos programas académicos en materia de derecho constitucional y derechos humanos en centros de educación superior nacionales, y ponente en congresos y foros académicos especializados en México, Argentina, Brasil, Chile, Guatemala, Colombia, España, Estados Unidos y Perú. Su papel como consultor y especialista ha implicado la elaboración de proyectos de ley, dictámenes técnicos bajo la figura de amicus curiae y peritajes internacionales. Su obra publicada consiste en más de 80 capítulos de libros y artículos en revistas especializadas sobre derecho constitucional, derechos humanos y derecho internacional de los derechos humanos, así como algunos libros en estas materias.
Doctorando en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (Argentina); Master en Derecho Penal y Procesal Penal por Osgoode Hall Law School, Universidad de York (Canadá); Diplomado Latinoamericano sobre Reforma Procesal Penal por la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales (Chile); Abogado con orientación en Derecho Penal por la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (Argentina). Actualmente es el Director de Relaciones Internacionales del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP). Durante 8 años fue el Director del Área de Capacitación del Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA), organismo internacional de la Organización de Estados Americanos (OEA), creado en 1999 por resolución de la Asamblea General de la OEA, con sede en Santiago de Chile.
Fiscal de la Procuración General de la Nación Argentina. Es abogada por la Universidad de Buenos Aires, donde se recibió con diploma de honor, Especialista en derecho penal y procesal penal por la Universidad Torcuato Di Tella y Máster en Derecho por la Universidad de Georgetown. Fue becaria de la Fundación Fulbright y perita de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es profesora de Garantías Constitucionales del Derecho Penal Sustantivo y Procesal Penal de la Universidad de Buenos Aires, de Género y Derecho Penal en la Maestría en Derecho Penal de la Universidad de San Andrés y profesora invitada en distintas universidades, de grado y posgrado. Es autora de varios artículos en publicaciones académicas sobre temáticas de género y derecho penal y de garantías constitucionales en el proceso penal.
Abogado, Magíster en Derecho y Posgrado en Derecho Constitucional y Derechos Humanos por la Universidad de Palermo. Profesor en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Responsable del Programa para la Aplicación de Instrumentos de Derechos Humanos del Ministerio Público de la Defensa de la Nación. Integrante de la Red Latinoamericana de Académicas/os del Derecho - ALAS. Fue docente en diferentes universidades de Argentina, e investigador y docente en el Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Chile. Sus temas de especialización son Derecho Internacional de los Derechos Humanos, Acceso a la Justicia y No Discriminación.
Director Ejecutivo de Fundación Ciudadanía y Desarrollo, contacto nacional de Transparencia Internacional en Ecuador. Abogado y máster en Dirección y Gestión Pública, así como en Acción Política, Fortalecimiento Institucional y Participación Ciudadana en el Estado de Derecho. Fue miembro suplente de la Asamblea Nacional Constituyente de Ecuador y asesor constitucional en el Consejo de Participación Ciudadana. Fellow del Centro para la Democracia, el Desarrollo y el Estado de Derecho de la Universidad de Stanford. Consultor para organizaciones nacionales e internacionales en temas de derechos humanos, libertad de expresión, acceso a la información, participación ciudadana, transparencia y lucha contra la corrupción.
Doctor en Ciencias Políticas de la Universidad de la República de Uruguay, magíster en Estudios Políticos por la Universidad Metropolitana de Venezuela y licenciado en Comunicación Social por la Universidad Santa María con especialización en Gobernabilidad y Gerencia Política por la Universidad Católica Andrés Bello y The George Washington University. Autor del libro «Venezolanos en el Uruguay» (2019). Trabaja como editor de la plataforma Diálogo Político y coordinador de proyectos del Programa Regional Partidos Políticos y Democracia en América Latina de la Fundación Konrad Adenauer.
Abogado egresado de la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala y con un Máster en Economía de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. En la actualidad, desempeña el cargo de Editor Asistente en el blog de la International Association of Constitutional Law (IACL) y es Director del área de Estudios Jurídicos en la Fundación Libertad y Desarrollo, un think tank basado en Ciudad de Guatemala. A nivel docente, ejerce como profesor tanto en la Universidad del Istmo como en la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala. Adicionalmente, es columnista para el periódico guatemalteco La Hora. Sus principales áreas de investigación son el derecho constitucional y el derecho electoral.
Vicepresidenta de incidencia y litigio internacional del Robert F. Kennedy Human Rights. Baeyens lidera la estrategia de incidencia legal en derechos humanos de la organización, incluyendo el litigio de casos de alto impacto ante mecanismos de la ONU y sistemas regionales de protección, en temáticas relacionadas con la protección del espacio cívico y la lucha contra la discriminación, violencia e impunidad. Previamente se desempeñó como oficial de asuntos políticos en la ONU y como oficial de derechos humanos en la CIDH, donde también coordinó la Relatoría sobre personas defensoras. Es profesora adjunta de la Facultad de Derecho de la Universidad de Georgetown. Recibió su título de abogada de la Universidad de Ibagué, Colombia, y su LL.M en derecho internacional de los derechos humanos de la Universidad de Notre Dame, Estados Unidos.
Juez electo de la Corte Internacional de Justicia, además de profesor y director del Departamento de Derecho Público de la Universidad Federal de Minas Gerais (UFMG) y fundador del Centro de Derecho Internacional (CEDIN) y del Anuario Brasileño de Derecho Internacional. Tiene un máster de la UFMG y un doctorado de la Universidad París X Nanterre, y ha trabajado como jurista adjunto en el CIJ. Ha sido profesor visitante en el Institut des Hautes Études Internationales de la Université Panthéon-Assas Paris II, la Université Caen Basse-Normandie, la Université Paris-Ouest Nanterre la Défence y el Centro Lauterpacht de Derecho Internacional (Universidad de Cambridge, Reino Unido).
Abogado venezolano, egresado de la Universidad Católica Andrés Bello. LL.M. en derecho internacional de la Universidad de Cambridge, en Reino Unido, y Magíster en políticas públicas de la Universidad de los Andes, en Colombia. Actualmente se desempeña como asesor legal senior del Centro de Derechos Reproductivos y docente de la Universidad de los Andes. Fue abogado de la Secretaría de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Directora Ejecutiva de la Fundación para el Debido Proceso (DPLF por sus siglas en inglés) organización regional dedicada a promover el Estado de derecho y los derechos humanos en América Latina. Antes de unirse a DPLF, fue Coordinadora Adjunta de la Unidad de Investigaciones Especiales de la Comisión de la Verdad de Perú, a cargo de la investigación de graves violaciones de derechos humanos ocurridas durante el conflicto armado interno en ese país. Previamente trabajó en la Adjuntía para los Derechos Humanos de la Defensoria del Pueblo de Perú y formó parte del equipo legal de la Coalición Contra la Impunidad (Alemania) que promovió el procesamiento penal en ese país de militares argentinos responsables de la desaparición de ciudadanos alemanes durante la dictadura argentina. Katya realizó sus estudios de derecho en la Pontifica Universidad Católica del Perú y de maestría en derecho internacional público en la Universidad de Heidelberg, Alemania.
Experto afiliado al Constitution Transformation Network de la Universidad de Melbourne e investigador asociado de la Universidad Rafael Landívar de Guatemala. Doctor en Derecho por la Escuela de Derecho de la Universidad de Melbourne y una Maestria en Derecho Público e Internacional en esa misma casa de estudios, y una Licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Rafael Landívar. Tiene experiencia en gobierno, especificamente en negociacion de tratados y convenciones, litigio en instancias internacionales e implementacion de instrumentos en materia de derechos humanos, y como consultor para organismos financieros internacionales.
Candidato a doctor por la Facultad de Derecho de la Universidad de Ottawa (Canadá). Director de la Clínica de Derechos Humanos del Centro de Investigación y Enseñanza en Derechos Humanos (HRREC) y profesor de la Sección de Derecho Civil de la Universidad de Ottawa. Anteriormente trabajó en la Comisión Andina de Juristas, el Tribunal Constitucional y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos del Perú. Sus áreas de investigación son el Sistema Interamericano, Empresas y Derechos Humanos, Derecho Penal Internacional, TWAIL y libertad académica. Integrante del Grupo de Estudios Latinoamericano sobre Derecho Penal Internacional de la Fundación Konrad Adenauer.
Es abogada por la Universidad San Francisco de Quito, y tiene un LL.M. por el Washington College of Law de American University, con enfoque en Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Es candidata para el título de Doctora en Derecho por la Universidad Externado de Colombia. Ha trabajado como especialista en la Relatoría Especial para la Libre Expresión de la CIDH, Fundamedios y la Dirección Nacional de DDHH en Ecuador. Actualmente, es Directora del Observatorio de Derechos y Justicia de Ecuador, docente en la Universidad Internacional del Ecuador, y socia fundadora de Gentium Law Consultores.
Abogada costarricense, Máster en Derecho Internacional y Resolución de Conflictos por la Universidad para la Paz de las Naciones Unidas. Actualmente se desempeña como Directora Legal para América Latina en Women’s Link Worldwide, desde donde ejerce como estratega legal, líder de iniciativa y abogada litigante, con una gran responsabilidad para diseñar y liderar complejos proyectos legales, asimismo, es docente en la Universidad para la Paz, y en diversas universidades de Costa Rica. Anteriormente trabajó en el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) como Directora del Programa para Centroamérica y México, en la Secretaría General de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) y como consultora internacional. Marcia se especializa en el litigio estratégico con enfoque de género e interseccional.
Doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Especialista en Derecho Constitucional por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), y en Derecho Constitucional y Ciencia Política por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales (Madrid). Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Guerrero (México). Es Investigador Nacional nivel I del Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT, México). En representación de México es miembro del Grupo de Justicia Constitucional y Derechos Fundamentales del Programa Estado de Derecho para Latinoamérica de la Fundación Konrad Adenauer.
