Este artículo se enfoca en la importancia de los procesos de nominación nacional para puestos internacionales en decisiones sobre la responsabilidad de los Estados en materia de obligaciones de derechos humanos, particularmente en el SIDH, que promueve y protege los derechos humanos.

Sobre este tema existen aún desafíos importantes. Sin embargo, es posible reconocer y celebrar que han existido avances, y que los criterios para integrar los órganos del SIDH hoy son tema de intercambio y de preocupación de la OEA, de los Estados, de la academia, de la sociedad civil y de las personas usuarias, entre otros actores clave.

Un primer aspecto para tener en cuenta es que los criterios de paridad de género, de representatividad geográfica y de los diferentes sistemas jurídicos se deben considerar y sopesar con una visión de conjunto, no compartimentada. Considerando los requisitos exigidos para ocupar los puestos en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), de alta autoridad moral, independencia e imparcialidad, reconocida competencia o versación en materia de derechos humanos, todos estos criterios deben conjugarse con trayectorias, habilidades, conocimientos y perspectivas diversas. Esa conjugación posibilitará que las personas que integran los órganos contribuyan de manera integrada a la credibilidad y confianza en el sistema y sus decisiones.

En “Diálogos para la Transparencia. Los sistemas de Nominación y Elección de Comisionadas/os y Juezas/ces a la Corte y Comisión Interamericanas de Derechos Humanos y la experiencia de los Paneles de Expertas/os Independientes” se menciona que:

El modelo interamericano de nominación y selección de juezas y comisionadas para la Corte IDH y la CIDH presenta características únicas. Los instrumentos legales interamericanos guardan silencio acerca del modo en que deben desarrollarse las nominaciones a nivel nacional y, a diferencia de los otros modelos estudiados, no se han oficializado cuerpos de evaluación para la instancia de nominación nacional o para el proceso de elección al interior de la OEA.

Este escenario genera que estos procesos estén mayoritariamente controlados por los Estados y exentos de la posibilidad de ser auditados oficialmente por otros actores. [E]l control exclusivo por parte de los Estados ha generado que los procesos se definan principalmente por criterios de peso político y conexiones, más que por valoraciones de idoneidad y competencia de las personas candidatas.

A pesar de ello, como lo señala la publicación y lo mencioné inicialmente, existen avances. Así, hoy contamos con sendas resoluciones de la OEA sobre transparencia, representatividad y participación.

Un segundo aspecto es que existen modelos comparados que ofrecen experiencias que han contribuido a desarrollar criterios para lograr mayor representatividad en órganos de supervisión y mayores criterios de transparencia. Por ello, contamos con resoluciones y decisiones manifiestas de los Estados, informes y experiencias comparadas para poder avanzar en pos de los objetivos planteados.

Algunos Estados de la región han comenzado a establecer mecanismos, aun mejorables, para el proceso de selección de candidaturas a nivel nacional.

Un tercer aspecto importante, al que cada vez afortunadamente se presta más atención, y que está directamente relacionado con el tema de este artículo, es la afirmación de que la centralidad de los procesos de integración de los órganos comienza con la nominación de personas candidatas en el ámbito nacional.

Por ello, el debate se centra en que los Estados establezcan, mecanismos públicos, transparentes, competentes a la hora de nominar personas. De esta manera podremos desterrar la práctica de que esta decisión quede en manos del Ejecutivo sin mayor conocimiento de personas y grupos interesados y de todos quienes pueden contribuir a balancear la composición de los órganos.

Para ello también es indispensable que exista información disponible y mecanismos de supervisión de estas decisiones establecidos y publicitados a nivel nacional, con reglas y criterios determinados y conocidos.

¿Cómo pueden los Estados argumentar que cumplen con los criterios convencionales y estatutarios de las personas candidatas si las mismas no han pasado por ningún nivel de competencia y escrutinio?

Ciertamente los Estados tienen la potestad de nombrar personas candidatas para integrar la CIDH y la Corte IDH. Sin embargo, es deseable y razonable que esas personas pasen por un proceso competitivo y transparente con opinión de la academia, las organizaciones de la sociedad civil y otras personas e instituciones interesadas.

De no cumplirse los criterios de publicidad, transparencia y competitividad, las personas altamente capacitadas con saberes diversos, perspectivas y experiencias variadas, pertenecientes a comunidades, orígenes, razas, creencias y sexo diferentes, verán cerradas las posibilidades de ser justamente valoradas y poder llegar a posiciones de decisión.

El Informe con Recomendaciones sobre Buenas Prácticas para Consolidar la Paridad de Género y una Distribución Geográfica Equitativa, así como de los Diferentes Sistemas Jurídicos en la Corte y Comisión Interamericana de Derechos Humanos- CIM junio 2023, establece que:

Las características de los procesos de nominación y selección de personas para estos cargos influyen necesariamente en la conformación del pleno de estos órganos y, por ende, en la calidad de las decisiones y en la percepción sobre la legitimidad de los mismos. Por todo ello, los procesos de nominación y selección a nivel nacional deben ser transparentes, participativos y basarse en los méritos de las personas participantes.

Un cuarto aspecto de relevancia es que la credibilidad y la confianza de los órganos se basa en el sustento de sus decisiones. Los criterios requeridos por los instrumentos interamericanos deben cumplirse, pero además es importante que las personas que integran los órganos sean independientes e imparciales a los ojos de un observador razonable.  Por ello es tan necesario fortalecer los procesos de nominación y selección para evitar una apariencia de sesgos en dichos procesos. 

Adicionalmente, se fortalecen las decisiones de los órganos, apegadas a derecho, con una representación diversa en sus integraciones que incluya contextos históricos, aprendizajes jurídicos, perspectivas, experiencias y vivencias diversas.

Finalmente, he tenido el honor de integrar el Panel de expertas y expertos para evaluar candidaturas a los órganos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, y por eso me remitiré a las recomendaciones emitidas para los Estados sobre las nominaciones nacionales en varios de sus informes, así:

Cada Estado debería contar con un órgano formal e independiente para seleccionar a las personas nominadas.

· Los Estados deberían nominar por lo menos a dos personas, teniendo en cuenta la representación de diversos grupos.

· La convocatoria para cubrir el cargo debería realizarse a través de un llamado público con detalle del cargo a cubrir, requisitos y desarrollo del proceso de nominación. El llamado debería publicarse en las páginas web de la CIDH y de la Corte IDH.

· La selección de las personas candidatas debería desarrollarse con la participación de todos los grupos de interés claves (organizaciones de la sociedad civil, instituciones académicas y asociaciones profesionales).

· Las personas candidatas deberían presentar evidencia del cumplimiento con los requisitos establecidos en la CADH y en los respectivos Estatutos, ejemplos de sus publicaciones, opiniones o activismo.

· Las personas candidatas deberían proveer información acerca de las actividades que planean llevar a cabo en simultáneo con sus actividades como comisionadas o juezas.

· Debería solicitarse bilingüismo en relación con los idiomas oficiales de la OEA, nivel avanzado en un idioma y al menos conocimiento pasivo de otro.

· Las entrevistas deberían ser una parte esencial del proceso.

Finalmente, este artículo se nutre mayormente de lo que las personas que trabajamos para fortalecer el SIDH hemos ya pensado e intercambiado sobre contribuir a asegurar que las mejores personas lleguen a integrar los órganos que lo componen

El intercambio, los desafíos y propuestas siguen abiertos, las contribuciones y aportes de todas y todos deberían recalar en la decisión política de los Estados de establecer mecanismos nacionales inclusivos, participativos, transparentes, en definitiva, justos, para posibilitar a elegir las personas más calificadas a nivel nacional.