23 de Junio de 2026
La niñez ante el riesgo de retrocesos: claves para la elección del Comité de los Derechos del Niño
¿Qué está en juego para niñas, niños y adolescentes en la próxima elección del Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas?
El Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas es el órgano de tratado encargado de supervisar la implementación de la Convención sobre los Derechos del Niño y sus Protocolos Facultativos. Está integrado por 18 personas expertas independientes, elegidas por los Estados parte por un período de cuatro años, quienes ejercen sus funciones a título personal y no como representantes de sus gobiernos.
La próxima elección de integrantes del Comité se realizará el 23 de junio de 2026, en Nueva York, y permitirá renovar nueve de sus dieciocho miembros para el período 2027-2031. Este proceso se desarrolla en un contexto especialmente sensible para la protección internacional de niñas, niños y adolescentes. En un escenario regional marcado por el avance de discursos regresivos en materia de género, autonomía progresiva, justicia juvenil y protección frente a la violencia, la composición del Comité adquiere una relevancia decisiva.
Más allá de un proceso electoral internacional, esta elección plantea interrogantes sobre la independencia de los órganos de tratado, la solidez técnica de sus integrantes y el futuro de los estándares que orientan la implementación de la Convención sobre los Derechos del Niño. En este especial, conversamos sobre los riesgos, desafíos y disputas que abre este nuevo escenario para América Latina.
Para analizar las implicaciones jurídicas de esta elección, entrevistamos a especialistas y voces vinculadas a la defensa de los derechos de niñas, niños y adolescentes, al trabajo de los órganos internacionales de protección y al seguimiento de los estándares del Comité de los Derechos del Niño. Aquí sus perfiles:
Abogado uruguayo experto en derechos humanos y derechos de la infancia. Fue integrante del Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas entre 2017 y 2025, órgano que presidió entre 2019 y 2021 y del que posteriormente fue vicepresidente entre 2023 y 2025. Su trayectoria se ha centrado en justicia juvenil, monitoreo de centros de detención de adolescentes, prevención de la tortura y protección internacional de los derechos de niñas, niños y adolescentes. También ha desarrollado labores académicas y de incidencia internacional vinculadas a los derechos de la infancia y al sistema universal de derechos humanos.
Socióloga y doctora en Sociología y Ciencias Políticas. Fue vicepresidenta (2013-2015) e integrante (2013-2017) del Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas y cuenta con una amplia trayectoria en derechos humanos, derechos de los pueblos indígenas, derechos de las mujeres y protección integral de la niñez y la adolescencia. Se desempeñó como Secretaria Ejecutiva del Consejo Nacional de la Niñez y la Adolescencia de Ecuador, desde donde tuvo un rol relevante en la construcción del Sistema Nacional Descentralizado de Protección Integral a la Niñez y Adolescencia. También fue representante titular de Ecuador ante el Consejo Directivo del Instituto Interamericano del Niño, la Niña y Adolescentes, organismo que presidió entre 2006 y 2008.
AED: Agenda Estado de Derecho
LP: Luis Pedernera
SO: Sara Oviedo
LP: El Comité ya lo viene planteando reiteradamente en sus informes: los niños en nuestra región siguen siendo los más pobres entre los pobres. Y la segunda condición es que esa vida está atravesada por la violencia.
Vivimos en la región más violenta del mundo. Este contexto marca la vida de la niñez y ha sido permanentemente objeto de preocupación del Comité. A este escenario se agregan otras perspectivas: cómo la pobreza y la violencia atraviesan la agenda, y cómo los niños ven agravada su situación de acuerdo con su condición particular.
No tenemos que perder de vista la diversidad que existe en nuestra región en términos de población. No es lo mismo ser pobre y vivir la violencia en una ciudad, que vivir la violencia siendo niña, siendo indígena, siendo afrodescendiente o teniendo una discapacidad en una zona rural o alejada.
A partir de aquello, el Comité ha incorporado progresivamente nuevas preocupaciones en sus recomendaciones. Al revisar sus observaciones, se advierte que los abusos y las distintas formas de violencia, incluida la violencia sexual, empezaron a ocupar un lugar cada vez más relevante. Asimismo, fueron adquiriendo mayor fuerza temas vinculados con los derechos sexuales y reproductivos, como el acceso a la educación sexual integral, la interrupción voluntaria del embarazo y la despenalización del aborto, el acceso a métodos anticonceptivos, así como la prevención del matrimonio infantil y de las uniones tempranas o forzadas, especialmente cuando afectan a niñas y adolescentes.
¿Y por qué ocurre eso? Porque los países empiezan a experimentar retrocesos en algunas áreas donde ya habían ganado terreno ciertos discursos y políticas públicas. Por ejemplo, aquellas que sostenían que la educación sexual integral desde los primeros años era necesaria como parte del proceso de crecimiento de niños y niñas, o que la despenalización del aborto debía producirse sin excepciones respecto de las niñas.
Entonces, toda esa agenda comienza a ser retirada de las políticas públicas con el avance conservador y, al mismo tiempo, empieza a estar más presente en la agenda del Comité. A ello se suman serios problemas de datos, coordinación y articulación de las políticas públicas.
Luego aparece también la cuestión de la justicia penal juvenil, donde el retroceso conservador es bastante marcado. Se trata de un área que, desde los años noventa hasta la fecha, ha sido muy debatida, donde han corrido ríos de tinta y la investigación ha sido muy potente.
SO: En efecto, en la región y en el mundo avanza una tendencia que busca retroceder en materia de derechos sociales, políticos y económicos. Se trata de una tendencia político-ideológica que se complementa con el neoliberalismo salvaje y que ha sumido a muchos países en el autoritarismo, la inseguridad y una mayor pobreza. Esta tendencia de derecha tiene entre sus propósitos —y ya los está poniendo en práctica— debilitar el sistema de las Naciones Unidas, impulsando otros mecanismos o espacios que ellos controlan, retirando el financiamiento del sistema y desacreditándolo.
En las condiciones descritas, el gran desafío, en todos los ámbitos, es defender los derechos conquistados a través de grandes procesos sociales, mediante la activación de todas las vías que sean posibles y que se planteen en cada uno de los países. En relación con niñas, niños y adolescentes, progresivamente se están restringiendo los derechos a la salud y a la educación, que son derechos sociales básicos y que, en algunos países, estaban en vías de universalizarse. En muchos países, todavía no se ha logrado institucionalizar la educación sexual integral en la educación pública ni privada, y ahora estamos más lejos que nunca de lograrlo. Existen políticas públicas sobre violencia que nunca reciben el financiamiento necesario para ser implementadas; seguramente, los impedimentos que han hecho que no se operativicen crecerán aún más.
Frente a la presión de los sectores que están contra los derechos y que han erosionado décadas de avances en materia de derechos de niñas, niños y adolescentes, los grandes desafíos son vigilar y exigir el cumplimiento de las políticas de salud y educación, así como continuar exigiendo que se pongan en práctica las políticas destinadas a prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia en todos los ámbitos en los que se desenvuelven niñas, niños y adolescentes (NNA), y que se incluya la educación sexual integral en los contenidos escolares. Otro gran desafío es brindar información y análisis sobre los verdaderos intereses de estos sectores, así como crear conciencia en la mayor parte posible de la población de toda la región.
LP: Esto se explica, en parte, por lo que veníamos diciendo anteriormente. Existe un escenario en el que la Convención empieza a ser cuestionada. El avance de grupos conservadores y antiderechos es fuerte dentro de la región y, necesariamente, esos sectores comienzan a presentar candidaturas que acompañan y fortalecen esa agenda.
¿Y por qué esto se vuelve especialmente relevante en este momento? Porque Naciones Unidas atraviesa una crisis estructural de financiamiento, que se agravó particularmente con la llegada de Trump a su segundo gobierno, y que ha significado el retiro del apoyo de Estados Unidos a las tareas de la ONU y a los mandatos creados en el marco de Naciones Unidas. Esa crisis estructural, que se expresa claramente en el financiamiento, también tiene un correlato en la integración de sus órganos.
Mi posición personal es que el Comité, en este momento, por la coyuntura y por su integración actual, se encuentra en una etapa más conservadora. No lo digo porque crea que, durante el tiempo en que yo estuve, fuimos lo más avanzado o revolucionario. Lo digo porque, al observar las decisiones que toma el Comité, uno empieza a advertir una baja en la calidad y en la potencia de sus resoluciones y decisiones.
Ahí se produce una combinación de factores. Por una parte, existe un factor externo: los Estados no están cumpliendo con sus obligaciones en materia de contribuciones a Naciones Unidas, y eso debilita la actuación de los órganos de tratado. En los hechos, esto ha significado la eliminación del tercer período de sesiones y, prácticamente, la desaparición de las pre-sesiones. En el caso del Comité de Derechos del Niño, se ha dejado en suspenso, a la voluntad de sus miembros, si se realizan o no determinadas presentaciones. Eso implica un deterioro en las posibilidades de acción del Comité con las partes interesadas.
En ese sentido, las elecciones siempre son importantes, pero en este momento cobran especial atención, porque se advierte que el Comité necesita miembros que conozcan la temática, que sean realmente independientes de cualquier gobierno y de cualquier organización, y que además estén comprometidos con la tarea que van a cumplir dentro del Comité.
Desde mi perspectiva, ese compromiso debería traducirse en claridad hacia afuera. Cuando se enfrenta un escenario de fuerte reducción de recursos, es necesario presentar alternativas posibles y viables para abordar el déficit con los recursos disponibles. Por eso, cuestiono que el Comité haya tomado la decisión de no realizar pre-sesiones, salvo cuando sus miembros así lo consideren. Creo que debería formar parte de su compromiso buscar alternativas, conversarlas con las partes interesadas y no bajar los brazos de la manera en que lo ha hecho.
SO: La elección de los integrantes del Comité de Derechos del Niño siempre ha sido muy importante para los movimientos nacionales y regionales que defendemos los derechos de niñas, niños y adolescentes y que posicionamos sus recomendaciones en cada país, aunque no reciba la atención pública que debería tener debido a la ceguera de la sociedad patriarcal imperante.
Las Observaciones Finales del Comité deberían tener un impacto directo en las decisiones de los Estados nacionales. Sin embargo, esto generalmente no ocurre, por lo que ha sido la sociedad civil organizada la que ha debido presionar a los Estados para que asuman dichas recomendaciones.
Lo importante para el trabajo que realiza la sociedad civil en los distintos países es que el Comité conozca la realidad objetiva de cada uno de ellos y se haga eco de las principales demandas de niñas, niños y adolescentes; cuestión que puede peligrar en un momento de avance conservador.
La tendencia mundial de derecha puede buscar también, si logra ocupar espacios como el Comité y otros órganos de tratado, retroceder en los estándares internacionales existentes que garantizan los derechos de niñas, niños y adolescentes en América Latina y en el mundo.
LP: No crean derechos de la niñez. Por eso, que una persona responda a intereses de gobiernos o de otros actores mina todo el sentido de la estructura que los tratados de derechos humanos han creado.
El Comité de Derechos del Niño, de acuerdo con la Convención, fue creado para monitorear los avances en su cumplimiento. Desde esa perspectiva, cumple el rol de ayudar a los Estados mediante una mirada externa, capaz de visualizar aquellas áreas que necesitan o requieren mayor atención para avanzar en la implementación de la Convención.
Creo que la Convención es sabia incluso en ese punto, porque habla de medir los avances y los progresos. Cuando alguien responde a una agenda que no es la agenda planteada por la Convención, y que no está alineada con este tipo de asuntos, se mina toda posibilidad de que el Comité actúe como el órgano llamado a atender esas situaciones. Eso debilita aún más su tarea, porque hace que el Comité pierda credibilidad.
Los comités pierden credibilidad cuando ya no orientan su actuación con la atención puesta en la Convención y en sus dos Protocolos Facultativos, sino en otros intereses que no son aquellos que mandata la Convención al crear esta estructura.
Por eso, creo que cobra aún más fuerza la necesidad de detenernos, pensar y discutir con los Estados y los gobiernos los nombres de las candidaturas que deben contribuir al cumplimiento del mandato establecido por la Convención.
SO: Cuando la afinidad ideológica y el cumplimiento de consignas de grupos que buscan retroceder en materia de derechos humanos prevalecen sobre la competencia técnica, el Comité pierde independencia y credibilidad. Incluso, puede ponerse en riesgo su mandato de protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes.
En ese escenario, sus recomendaciones dejan de fundamentarse en estándares internacionales y comienzan a responder a agendas políticas coyunturales. El resultado es un órgano capturado, que falla precisamente a quienes debe proteger: niñas, niños y adolescentes.
LP: Cuando se eligen los miembros se exige idoneidad técnica e integridad moral. A esos dos elementos, creo que hay que agregarles un componente de compromiso y de sensibilidad social, de sensibilidad con la temática.
El órgano creado por la Convención está integrado por expertos independientes. Es, por tanto, un órgano colegiado que reúne perfiles de trabajo, formación y experticia diferentes, y eso es precisamente lo que enriquece la perspectiva del Comité. Son miembros de distintas regiones del mundo, con saberes diversos, que discuten y deliberan en un órgano que reúne esa complejidad, tratando de llegar a acuerdos y consensos sobre mínimos comunes respecto de lo que es necesario para avanzar en la implementación de la Convención.
Entonces, esa condición de sensibilidad también es fundamental. Uno no sabe sobre todos los temas, y por eso también se requiere humildad para pararse frente a ellos. Uno no conoce todos los asuntos que reúne la Convención, ni todo el vasto universo de materias que plantea. La Convención es el tratado de derechos humanos que sintetiza, por primera vez, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Inauguró una forma de redactar los tratados que combina esos dos pactos, que antes aparecían de manera separada.
Por eso, los asuntos que debe tratar el Comité son amplios y cambiantes. Frente a ello, uno también debe tener la humildad de reconocer que no sabe de todos los temas, que tiene que aprender y formarse para que, cuando tome una decisión, esa decisión sea la mejor posible para la situación concreta.
Creo que eso también requiere de los expertos ciertas condiciones humanas para enfrentar esa tarea. En particular, la humildad de reconocer que uno no lo sabe todo y que, por más que tenga el título de experto, es experto en determinada área, pero seguramente no en todas. Para eso necesita aprender, instruirse y procurar errar lo menos posible cuando deba tomar una decisión. También debe saber que su postura va a estar en tensión y discusión en un debate respetuoso con otras diecisiete posiciones, y que de ahí debe surgir un acuerdo.
Creo que esas condiciones son fundamentales: idoneidad, independencia, humildad para reconocer que uno no domina todos los temas del vasto universo de derechos planteados en la Convención y en sus dos Protocolos Facultativos, y compromiso para enfrentar situaciones como la actual, que es un escenario adverso.
SO: Se requiere una persona con trayectoria sólida y verificable en la defensa de los derechos de la niñez y la adolescencia, independencia comprobada frente a gobiernos y grupos de presión, conocimiento profundo de la doctrina de la protección integral y capacidad para sostener los estándares internacionales ante debates políticamente sensibles.
Debe tratarse de alguien que anteponga la Convención y la evidencia técnica a cualquier presión ideológica o agenda política coyuntural, especialmente cuando estas respondan a intereses de grupos que buscan retroceder en materia de derechos humanos.
LP: El rol de estos actores es central, porque todavía el proceso de elección de candidaturas a los comités no es suficientemente transparente y necesita avanzar hacia formas que, en el sistema interamericano, ya operan con mucha más claridad. No quiero decir que eso resuelva por completo el problema. Si un Estado quiere proponer a una persona que no es idónea o que responde a los designios de un gobierno, seguramente eso puede ocurrir igual.
Pero, en el sistema de Naciones Unidas, todavía se necesita un escrutinio mucho más fuerte por parte de las organizaciones de la sociedad civil. Es decir, que dentro de este proceso existan instancias establecidas en las que pueda operar un control más intenso desde actores externos. Hoy eso no existe. Lo que existen son iniciativas impulsadas por la propia sociedad civil. Por ejemplo, Child Rights Connect envía un cuestionario que cada candidatura puede responder si quiere; si no quiere, simplemente no lo responde. Pero, aun así, Child Rights Connect opera como una suerte de filtro.
Ese trabajo se realiza por impulso de las organizaciones que integran esa red, pero debería institucionalizarse una instancia que convierta ese esfuerzo de la sociedad civil en una etapa formal dentro del proceso de selección de candidaturas. En ese sentido, creo que las organizaciones juegan un rol fundamental.
Son ellas quienes pueden hacer llamados de atención a los Estados respecto de una determinada candidatura. Durante mi período, conocí interacciones de ese tipo.
Estas instancias deben incorporarse formalmente al proceso de elección para hacerlo más transparente y evitar que todo se dirima únicamente en reuniones bilaterales entre Estados. Porque, salvo esas instancias bilaterales, no existe otro espacio en el que una candidatura pueda presentar sus ideas o someterse al escrutinio frente a otras candidaturas. Eso otorgaría mayor transparencia, y el sistema universal debería avanzar en esa dirección.
SO: El rol de la sociedad civil es decisivo: escrutar trayectorias, dar a conocer qué perfiles se requieren en estos espacios de Naciones Unidas, informar sobre las responsabilidades que implican estos cargos, visibilizar señales de politización y construir una opinión pública informada al respecto.
Sin una vigilancia activa de la sociedad civil, estos procesos transcurren en silencio y aumenta la posibilidad de que personas, con posturas regresivas, sean elegidas para integrar el Comité, con las consecuencias que hemos analizado.
LP: Lo que está en juego es una agenda y la construcción de estándares que hoy enfrentan serios riesgos de retroceso. En ese sentido, esto debe ser un llamado de atención para los Estados, a fin de que en el Comité puedan restablecerse ciertos equilibrios perdidos y que la mirada siga orientada al avance de los derechos humanos.
Yo siempre pongo como ejemplo la construcción de la Observación General N.º 25, sobre los derechos del niño en el entorno digital. Fue con esa observación que realmente descubrí por qué Mandela decía que la Convención era un documento vivo. Me parecía una frase muy bonita, pero no lograba concretarla en una cuestión práctica. Con la Observación General N.º 25 pude hacer esa síntesis entre la frase de Mandela y lo que ocurre en la realidad.
La Convención fue elaborada en una época predigital. No teníamos idea de que lo digital iba a estar presente en nuestras vidas de la manera en que lo está actualmente. Entre 1979 y 1989, período en que se discutió el borrador de la Convención, no existía una conciencia clara sobre el impacto que lo digital tendría en nuestra vida cotidiana.
Sin embargo, fue posible elaborar un documento basado en la Convención que trajera ese texto de 1989 a una sociedad en la que lo digital domina gran parte de nuestra vida. Y, desde ahí, plantear cómo debería ser una actuación responsable, desde un enfoque de derechos del niño, enmarcada en la Convención, aun cuando ese texto originalmente no podía prever que lo digital llegaría a ocupar el lugar que hoy tiene en nuestras vidas.
Entonces, esa lectura progresiva de los tratados de derechos humanos, capaz de observar los procesos sociales y traer el texto a esos procesos, es precisamente lo que corre serio riesgo de perderse. De lo contrario, quedaríamos congelados en un documento que fue pensado en un contexto y en un momento concreto de nuestras sociedades, pero que necesita ser actualizado en su interpretación.
Y eso no significa crear nuevos derechos. Significa leer el momento social a partir de un texto que, para Mandela, era un documento vivo. Esa es la comprensión que no puede perderse en la actuación de este órgano de tratado ni de los demás órganos de tratado.
SO: Está en juego la orientación de los estándares que definirán si los derechos de niñas, niños y adolescentes avanzan o retroceden en la región. Un Comité independiente y técnicamente sólido es una garantía; un Comité capturado, una amenaza.
No se trata solo de elegir a una persona para ocupar un cargo: se trata de decidir si los estándares ya establecidos se mantienen, se fortalecen y siguen garantizando los derechos de niñas, niños y adolescentes de toda una generación.
Citación académica sugerida: Agenda Estado de Derecho. La niñez ante el riesgo de retrocesos: claves para la elección del Comité de los Derechos del Niño. Agenda Estado de Derecho. 2026/06/23. Disponible en: https://agendaestadodederecho.com/la-ninez-ante-el-riesgo-de-retrocesos/
Comparte tu trabajo o perspectiva con nosotros, sigue las opciones dando clic en el siguiente botón.
Para saber a profundidad lo que pasa con los derechos humanos en América Latina y el Estado de Derecho suscríbete a nuestro boletín digital.
Abogada colombiana, LLM en International Legal Studies por la Universidad de Georgetown y Máster en Argumentación Jurídica por la Universidad de Alicante. Es candidata a Doctora en Derecho por la Universidad de Georgetown. Actualmente se desempeña como Directora Asociada en el O'Neill Institute for National and Global Health Law y es docente en la Universidad de Georgetown y en programas de especialización y maestría en diversas universidades de América Latina. Anteriormente trabajó en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos donde tuvo varios cargos, principalmente como Coordinadora de la Sección de Casos a cargo de la etapa de fondo y del litigio ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Es profesora ayudante e investigadora predoctoral en el Departamento de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM). Tiene un Máster en Democracia y Gobierno, y un Máster en Gobernanza y Derechos Humanos, ambos de la UAM. Es licenciada en Comunicación Social por la Universidad Central de Venezuela. Es integrante del Lab Grupo de Investigación en Innovación, Tecnología y Gestión Pública de la UAM. Su tesis doctoral aborda la relación entre género, tecnologías y sector público, con un especial énfasis en la Inteligencia Artificial. También ha publicado sobre innovación pública y colaboración entre administraciones públicas y ciudadanía. Formó parte del equipo editorial de Agenda Estado de Derecho desde 2020 hasta febrero de 2022.
Abogada de la Universidad de Chile y Magíster en Derecho Internacional de la Universidad de Cambridge. En el ámbito profesional, se ha desempeñado en el extranjero como asistente legal en la Corte Internacional de Justicia y consultora para la International Nuremberg Principles Academy. En Chile, ha trabajado como abogada para el Comité para la Prevención de la Tortura, y actualmente se desempeña en la División de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile. Asimismo, es académica de Derecho Internacional Público en la Universidad de Chile. Sus áreas de investigación incluyen el derecho internacional de los derechos humanos, la regulación de la actividad policial y su conformidad con estándares internacionales, el derecho internacional humanitario y el derecho penal internacional.
Ex Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) hasta el 5 de octubre de 2020. Abogado y docente uruguayo egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República de Uruguay (Udelar). Actualmente es senior fellow en El Diálogo Interamericano (The Interamerican Dialogue) y consultor en libertades informativas de UNESCO y organizaciones de la sociedad civil. Se desempeña como Secretario de Relaciones Internacionales y Gobierno Abierto del Gobierno de Canelones (Uruguay).
Docente y conferenciasta en el campo de la libertad de expresión y el derecho a la información en prestigiosas universidades, entre ellas American University (Washington), Unam (México), Universidad Carlos III (España), Stanford (California), Universidad del Pacífico (Perú), UBA (Argentina) Universidad Diego Portales (Chile), Udelar (Uruguay) y Universidad de los Andes (Colombia). Periodista, columnista y colaborador asiduo en distintos medios de comunicación.
José Luis Caballero Ochoa es Licenciado en Derecho por el Tecnológico de Monterrey, Campus Chihuahua; Maestro en Derecho, por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, y Doctor en Derecho por la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) de España. Diplomado en derechos humanos y procesos de democratización por la Universidad de Chile. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores. Es académico – investigador en el Departamento de Derecho en la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México, del que fue su Director por seis años. Actualmente es Comisionado de la Comisión Internacional de Juristas. Ha participado o participa en diversas comisiones o consejos públicos, ciudadanos y académicos en México, entre los que destacan: el Consejo de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal; la Junta Directiva del Instituto Federal de la Defensoría Pública; el Comité Consultivo del Centro de Estudios Constitucionales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; el Comité Académico y Editorial del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación la Comisión de Selección del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, entre otros. Docente en diversos programas académicos en materia de derecho constitucional y derechos humanos en centros de educación superior nacionales, y ponente en congresos y foros académicos especializados en México, Argentina, Brasil, Chile, Guatemala, Colombia, España, Estados Unidos y Perú. Su papel como consultor y especialista ha implicado la elaboración de proyectos de ley, dictámenes técnicos bajo la figura de amicus curiae y peritajes internacionales. Su obra publicada consiste en más de 80 capítulos de libros y artículos en revistas especializadas sobre derecho constitucional, derechos humanos y derecho internacional de los derechos humanos, así como algunos libros en estas materias.
Doctorando en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (Argentina); Master en Derecho Penal y Procesal Penal por Osgoode Hall Law School, Universidad de York (Canadá); Diplomado Latinoamericano sobre Reforma Procesal Penal por la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales (Chile); Abogado con orientación en Derecho Penal por la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (Argentina). Actualmente es el Director de Relaciones Internacionales del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP). Durante 8 años fue el Director del Área de Capacitación del Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA), organismo internacional de la Organización de Estados Americanos (OEA), creado en 1999 por resolución de la Asamblea General de la OEA, con sede en Santiago de Chile.
Fiscal de la Procuración General de la Nación Argentina. Es abogada por la Universidad de Buenos Aires, donde se recibió con diploma de honor, Especialista en derecho penal y procesal penal por la Universidad Torcuato Di Tella y Máster en Derecho por la Universidad de Georgetown. Fue becaria de la Fundación Fulbright y perita de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es profesora de Garantías Constitucionales del Derecho Penal Sustantivo y Procesal Penal de la Universidad de Buenos Aires, de Género y Derecho Penal en la Maestría en Derecho Penal de la Universidad de San Andrés y profesora invitada en distintas universidades, de grado y posgrado. Es autora de varios artículos en publicaciones académicas sobre temáticas de género y derecho penal y de garantías constitucionales en el proceso penal.
Abogado, Magíster en Derecho y Posgrado en Derecho Constitucional y Derechos Humanos por la Universidad de Palermo. Profesor en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Responsable del Programa para la Aplicación de Instrumentos de Derechos Humanos del Ministerio Público de la Defensa de la Nación. Integrante de la Red Latinoamericana de Académicas/os del Derecho - ALAS. Fue docente en diferentes universidades de Argentina, e investigador y docente en el Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Chile. Sus temas de especialización son Derecho Internacional de los Derechos Humanos, Acceso a la Justicia y No Discriminación.
Director Ejecutivo de Fundación Ciudadanía y Desarrollo, contacto nacional de Transparencia Internacional en Ecuador. Abogado y máster en Dirección y Gestión Pública, así como en Acción Política, Fortalecimiento Institucional y Participación Ciudadana en el Estado de Derecho. Fue miembro suplente de la Asamblea Nacional Constituyente de Ecuador y asesor constitucional en el Consejo de Participación Ciudadana. Fellow del Centro para la Democracia, el Desarrollo y el Estado de Derecho de la Universidad de Stanford. Consultor para organizaciones nacionales e internacionales en temas de derechos humanos, libertad de expresión, acceso a la información, participación ciudadana, transparencia y lucha contra la corrupción.
Doctor en Ciencias Políticas de la Universidad de la República de Uruguay, magíster en Estudios Políticos por la Universidad Metropolitana de Venezuela y licenciado en Comunicación Social por la Universidad Santa María con especialización en Gobernabilidad y Gerencia Política por la Universidad Católica Andrés Bello y The George Washington University. Autor del libro «Venezolanos en el Uruguay» (2019). Trabaja como editor de la plataforma Diálogo Político y coordinador de proyectos del Programa Regional Partidos Políticos y Democracia en América Latina de la Fundación Konrad Adenauer.
Abogado egresado de la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala y con un Máster en Economía de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. En la actualidad, desempeña el cargo de Editor Asistente en el blog de la International Association of Constitutional Law (IACL) y es Director del área de Estudios Jurídicos en la Fundación Libertad y Desarrollo, un think tank basado en Ciudad de Guatemala. A nivel docente, ejerce como profesor tanto en la Universidad del Istmo como en la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala. Adicionalmente, es columnista para el periódico guatemalteco La Hora. Sus principales áreas de investigación son el derecho constitucional y el derecho electoral.
Vicepresidenta de incidencia y litigio internacional del Robert F. Kennedy Human Rights. Baeyens lidera la estrategia de incidencia legal en derechos humanos de la organización, incluyendo el litigio de casos de alto impacto ante mecanismos de la ONU y sistemas regionales de protección, en temáticas relacionadas con la protección del espacio cívico y la lucha contra la discriminación, violencia e impunidad. Previamente se desempeñó como oficial de asuntos políticos en la ONU y como oficial de derechos humanos en la CIDH, donde también coordinó la Relatoría sobre personas defensoras. Es profesora adjunta de la Facultad de Derecho de la Universidad de Georgetown. Recibió su título de abogada de la Universidad de Ibagué, Colombia, y su LL.M en derecho internacional de los derechos humanos de la Universidad de Notre Dame, Estados Unidos.
Juez electo de la Corte Internacional de Justicia, además de profesor y director del Departamento de Derecho Público de la Universidad Federal de Minas Gerais (UFMG) y fundador del Centro de Derecho Internacional (CEDIN) y del Anuario Brasileño de Derecho Internacional. Tiene un máster de la UFMG y un doctorado de la Universidad París X Nanterre, y ha trabajado como jurista adjunto en el CIJ. Ha sido profesor visitante en el Institut des Hautes Études Internationales de la Université Panthéon-Assas Paris II, la Université Caen Basse-Normandie, la Université Paris-Ouest Nanterre la Défence y el Centro Lauterpacht de Derecho Internacional (Universidad de Cambridge, Reino Unido).
Abogado venezolano, egresado de la Universidad Católica Andrés Bello. LL.M. en derecho internacional de la Universidad de Cambridge, en Reino Unido, y Magíster en políticas públicas de la Universidad de los Andes, en Colombia. Actualmente se desempeña como asesor legal senior del Centro de Derechos Reproductivos y docente de la Universidad de los Andes. Fue abogado de la Secretaría de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Directora Ejecutiva de la Fundación para el Debido Proceso (DPLF por sus siglas en inglés) organización regional dedicada a promover el Estado de derecho y los derechos humanos en América Latina. Antes de unirse a DPLF, fue Coordinadora Adjunta de la Unidad de Investigaciones Especiales de la Comisión de la Verdad de Perú, a cargo de la investigación de graves violaciones de derechos humanos ocurridas durante el conflicto armado interno en ese país. Previamente trabajó en la Adjuntía para los Derechos Humanos de la Defensoria del Pueblo de Perú y formó parte del equipo legal de la Coalición Contra la Impunidad (Alemania) que promovió el procesamiento penal en ese país de militares argentinos responsables de la desaparición de ciudadanos alemanes durante la dictadura argentina. Katya realizó sus estudios de derecho en la Pontifica Universidad Católica del Perú y de maestría en derecho internacional público en la Universidad de Heidelberg, Alemania.
Experto afiliado al Constitution Transformation Network de la Universidad de Melbourne e investigador asociado de la Universidad Rafael Landívar de Guatemala. Doctor en Derecho por la Escuela de Derecho de la Universidad de Melbourne y una Maestria en Derecho Público e Internacional en esa misma casa de estudios, y una Licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Rafael Landívar. Tiene experiencia en gobierno, especificamente en negociacion de tratados y convenciones, litigio en instancias internacionales e implementacion de instrumentos en materia de derechos humanos, y como consultor para organismos financieros internacionales.
Candidato a doctor por la Facultad de Derecho de la Universidad de Ottawa (Canadá). Director de la Clínica de Derechos Humanos del Centro de Investigación y Enseñanza en Derechos Humanos (HRREC) y profesor de la Sección de Derecho Civil de la Universidad de Ottawa. Anteriormente trabajó en la Comisión Andina de Juristas, el Tribunal Constitucional y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos del Perú. Sus áreas de investigación son el Sistema Interamericano, Empresas y Derechos Humanos, Derecho Penal Internacional, TWAIL y libertad académica. Integrante del Grupo de Estudios Latinoamericano sobre Derecho Penal Internacional de la Fundación Konrad Adenauer.
Es abogada por la Universidad San Francisco de Quito, y tiene un LL.M. por el Washington College of Law de American University, con enfoque en Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Es candidata para el título de Doctora en Derecho por la Universidad Externado de Colombia. Ha trabajado como especialista en la Relatoría Especial para la Libre Expresión de la CIDH, Fundamedios y la Dirección Nacional de DDHH en Ecuador. Actualmente, es Directora del Observatorio de Derechos y Justicia de Ecuador, docente en la Universidad Internacional del Ecuador, y socia fundadora de Gentium Law Consultores.
Abogada costarricense, Máster en Derecho Internacional y Resolución de Conflictos por la Universidad para la Paz de las Naciones Unidas. Actualmente se desempeña como Directora Legal para América Latina en Women’s Link Worldwide, desde donde ejerce como estratega legal, líder de iniciativa y abogada litigante, con una gran responsabilidad para diseñar y liderar complejos proyectos legales, asimismo, es docente en la Universidad para la Paz, y en diversas universidades de Costa Rica. Anteriormente trabajó en el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) como Directora del Programa para Centroamérica y México, en la Secretaría General de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) y como consultora internacional. Marcia se especializa en el litigio estratégico con enfoque de género e interseccional.
Doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Especialista en Derecho Constitucional por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), y en Derecho Constitucional y Ciencia Política por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales (Madrid). Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Guerrero (México). Es Investigador Nacional nivel I del Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT, México). En representación de México es miembro del Grupo de Justicia Constitucional y Derechos Fundamentales del Programa Estado de Derecho para Latinoamérica de la Fundación Konrad Adenauer.
