22 de Junio de 2026
Los gobiernos locales y regionales: de la autonomía municipal a la subordinación
El artículo analiza el desmantelamiento de la autonomía municipal y regional en Nicaragua bajo el régimen Ortega-Murillo, y plantea la recuperación de la participación ciudadana y la autonomía local como desafíos de una futura transición democrática.
En la actualidad, el régimen autocrático encabezado por Daniel Ortega y Rosario Murillo en Nicaragua mantiene un control centralizado de los gobiernos locales, municipales y regionales ¿Cómo ha logrado ese nivel de control? La autonomía de los gobiernos municipales y regionales en Nicaragua ha sido una de las banderas más importantes de las acciones ciudadanas desde mediados de los años 90 en el siglo pasado e inicios del presente siglo XXI.
En esa época, autoridades edilicias, acompañadas por organizaciones y actores locales insistieron sistemáticamente hasta que la autonomía se estableció como principio constitucional mediante la aprobación de varias leyes. Además se impulsaron numerosas experiencias locales de concertación entre las autoridades municipales, y regionales para el caso de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe, y organizaciones de sociedad civil en favor del desarrollo local y la participación ciudadana.
Sin embargo, desde 2007 hasta la actualidad, Ortega se empeñó en controlar y subordinar a los gobiernos locales; objetivo que alcanzó plenamente con la imposición de una nueva constitución política en 2025. En el contexto de la prolongada crisis sociopolítica que inició en 2018, la autonomía municipal requiere una reflexión y replanteamiento, sobre todo imaginando las posibilidades de una eventual transición democrática.
Las primeras elecciones municipales separadas de las presidenciales, se efectuaron en el año 2000, reconociendo a los municipios como la unidad básica de la división política-administrativa del país. Al menos entre 1997 y 2006, se avanzó significativamente en la formulación de leyes como la de Régimen Presupuestario Municipal (2000), la Ley de Carrera Administrativa Municipal (2004) y la Ley de Participación Ciudadana (2005).
Los municipios eran laboratorios donde se desarrollaban variadas experiencias de concertación entre las autoridades edilicias y los ciudadanos. Al menos durante una década, ambos actores demandaban de manera conjunta que el gobierno central entregara fondos suficientes a las alcaldías para atender las necesidades más importantes de la población; se desarrollaban procesos de fortalecimiento de la gestión pública local y aprobación de políticas locales; además de sistemáticos ejercicios de auditoría social.
La autonomía de los municipios era el centro de interés tanto de las autoridades municipales como de los numerosos actores y organizaciones de la sociedad civil de la época porque permitían una gestión de gobierno más cercana a las demandas y necesidades de la población, así como la definición de política o intervenciones públicas acordes con la realidad de los municipios y con los planes de desarrollo local formulados.
El escenario comenzó a cambiar en 2007 con el regreso de Daniel Ortega a la presidencia. La base es un proyecto político autoritario que concentra el poder en la presidencia y desde allí se deciden aspectos trascendentales hasta el nivel local. Los primeros pasos consistieron en sustituir a los actores sociales en los espacios de participación ciudadana local para incorporar a organizaciones progubernamentales como los Consejos del Poder Ciudadano (CPC). Las elecciones municipales del 2008 mostraron claramente el intento de control de Ortega, cuando cometió graves irregularidades y utilizó la violencia política para imponer autoridades edilicias afines. Ese mismo ejercicio lo repitió en los comicios electorales municipales y regionales siguientes hasta que en 2022 logró tomar el control de todas las alcaldías del país.
Desde antes que iniciara la crisis sociopolítica del 2018, prevalecía una política de instrumentalización de las alcaldías y la toma de decisiones centralizadas desde la presidencia para favorecer al proyecto político autoritario de Daniel Ortega y Rosario Murillo, su esposa y vicepresidenta. Pero a raíz de las multitudinarias y extendidas protestas ciudadanas, de acuerdo con los hallazgos del informe más reciente presentado por Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua (GHREN) de Naciones Unidas, las municipalidades se convirtieron en puntos clave para las operaciones de represión en contra de la población como centros de reunión y logística para las fuerzas policiales y paramilitares, además de proveer financiamiento.
La demolición de la autonomía se ha consumado en los años más recientes por una serie de prácticas sistemáticas de los Ortega-Murillo. Desde que lograron el control total de las alcaldías, acostumbran a destituir alcaldes, vice alcaldes y concejales municipales para sustituirlos por personas leales a la pareja presidencial. Entre 2023 y 2025, unos 39 alcaldes y vice alcaldes han sido destituidos. También es frecuente que figuras partidarias pro gubernamentales conocidas como secretarios políticos, tengan poder de decisión en las alcaldías incluso por encima de las autoridades municipales.
La corrupción es una mala práctica arraigada en la gestión municipal. Tolerada por el régimen para asegurar lealtades, es rechazada ampliamente por la ciudadanía, según lo muestran algunos estudios sobre las percepciones de la población. En las alcaldías campean el nepotismo, el tráfico de influencias, el enriquecimiento ilícito, la malversación de fondos, entre otras. Los niveles de corrupción han llegado a tal punto que los propios promotores han tenido que destituir alcaldes en función de frenar la desmedida corrupción.
El golpe final a la maltrecha autonomía municipal fue la imposición de una nueva constitución política en 2025, donde se establece legalmente la subordinación de los gobiernos municipales y regionales a la autoridad de la presidencia. Por otra parte, en 2026, derogó la Ley de Carrera Administrativa Municipal y, con esto, centralizó en la Procuraduría General de Justicia (PGJ), un súper ministerio creado bajo la supervisión de la presidencia, decisiones relacionada con las contrataciones, ascensos y despidos.
Las pesadas losas que Ortega y Murillo han impuesto sobre la autonomía municipal, así como la eliminación del amplio tejido social que sostenía la participación ciudadana en el ámbito local, pretendían enterrarla. Sin embargo, una de las formas de resistencia más fuertes se encuentra en la pervivencia de las prácticas de auditoría social que mantienen ciudadanos individuales y algunas organizaciones fuera del país. Estas son fundamentales para documentar y denunciar la corrupción que se ha instalado en los gobiernos municipales.
En una eventual transición democrática, esas redes ciudadanas y los ejercicios de auditoría social jugarán un papel clave re instalando la autonomía municipal y formulando propuestas para restablecer los marcos jurídicos, procedimientos institucionales y una gestión pública local más democrática.
Palabras claves: Autonomía municipal; gobiernos locales; Nicaragua; participación ciudadana; transición democrática
Citación académica sugerida: Cuadra Lira, Elvira, Los gobiernos locales y regionales: de la autonomía municipal a la subordinación, Agenda Estado de Derecho. 2026/06/22. Disponible en: https://agendaestadodederecho.com/los-gobiernos-locales-y-regionales/
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Abogada colombiana, LLM en International Legal Studies por la Universidad de Georgetown y Máster en Argumentación Jurídica por la Universidad de Alicante. Es candidata a Doctora en Derecho por la Universidad de Georgetown. Actualmente se desempeña como Directora Asociada en el O'Neill Institute for National and Global Health Law y es docente en la Universidad de Georgetown y en programas de especialización y maestría en diversas universidades de América Latina. Anteriormente trabajó en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos donde tuvo varios cargos, principalmente como Coordinadora de la Sección de Casos a cargo de la etapa de fondo y del litigio ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Es profesora ayudante e investigadora predoctoral en el Departamento de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM). Tiene un Máster en Democracia y Gobierno, y un Máster en Gobernanza y Derechos Humanos, ambos de la UAM. Es licenciada en Comunicación Social por la Universidad Central de Venezuela. Es integrante del Lab Grupo de Investigación en Innovación, Tecnología y Gestión Pública de la UAM. Su tesis doctoral aborda la relación entre género, tecnologías y sector público, con un especial énfasis en la Inteligencia Artificial. También ha publicado sobre innovación pública y colaboración entre administraciones públicas y ciudadanía. Formó parte del equipo editorial de Agenda Estado de Derecho desde 2020 hasta febrero de 2022.
Abogada de la Universidad de Chile y Magíster en Derecho Internacional de la Universidad de Cambridge. En el ámbito profesional, se ha desempeñado en el extranjero como asistente legal en la Corte Internacional de Justicia y consultora para la International Nuremberg Principles Academy. En Chile, ha trabajado como abogada para el Comité para la Prevención de la Tortura, y actualmente se desempeña en la División de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile. Asimismo, es académica de Derecho Internacional Público en la Universidad de Chile. Sus áreas de investigación incluyen el derecho internacional de los derechos humanos, la regulación de la actividad policial y su conformidad con estándares internacionales, el derecho internacional humanitario y el derecho penal internacional.
Ex Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) hasta el 5 de octubre de 2020. Abogado y docente uruguayo egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República de Uruguay (Udelar). Actualmente es senior fellow en El Diálogo Interamericano (The Interamerican Dialogue) y consultor en libertades informativas de UNESCO y organizaciones de la sociedad civil. Se desempeña como Secretario de Relaciones Internacionales y Gobierno Abierto del Gobierno de Canelones (Uruguay).
Docente y conferenciasta en el campo de la libertad de expresión y el derecho a la información en prestigiosas universidades, entre ellas American University (Washington), Unam (México), Universidad Carlos III (España), Stanford (California), Universidad del Pacífico (Perú), UBA (Argentina) Universidad Diego Portales (Chile), Udelar (Uruguay) y Universidad de los Andes (Colombia). Periodista, columnista y colaborador asiduo en distintos medios de comunicación.
José Luis Caballero Ochoa es Licenciado en Derecho por el Tecnológico de Monterrey, Campus Chihuahua; Maestro en Derecho, por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, y Doctor en Derecho por la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) de España. Diplomado en derechos humanos y procesos de democratización por la Universidad de Chile. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores. Es académico – investigador en el Departamento de Derecho en la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México, del que fue su Director por seis años. Actualmente es Comisionado de la Comisión Internacional de Juristas. Ha participado o participa en diversas comisiones o consejos públicos, ciudadanos y académicos en México, entre los que destacan: el Consejo de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal; la Junta Directiva del Instituto Federal de la Defensoría Pública; el Comité Consultivo del Centro de Estudios Constitucionales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; el Comité Académico y Editorial del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación la Comisión de Selección del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, entre otros. Docente en diversos programas académicos en materia de derecho constitucional y derechos humanos en centros de educación superior nacionales, y ponente en congresos y foros académicos especializados en México, Argentina, Brasil, Chile, Guatemala, Colombia, España, Estados Unidos y Perú. Su papel como consultor y especialista ha implicado la elaboración de proyectos de ley, dictámenes técnicos bajo la figura de amicus curiae y peritajes internacionales. Su obra publicada consiste en más de 80 capítulos de libros y artículos en revistas especializadas sobre derecho constitucional, derechos humanos y derecho internacional de los derechos humanos, así como algunos libros en estas materias.
Doctorando en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (Argentina); Master en Derecho Penal y Procesal Penal por Osgoode Hall Law School, Universidad de York (Canadá); Diplomado Latinoamericano sobre Reforma Procesal Penal por la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales (Chile); Abogado con orientación en Derecho Penal por la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (Argentina). Actualmente es el Director de Relaciones Internacionales del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP). Durante 8 años fue el Director del Área de Capacitación del Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA), organismo internacional de la Organización de Estados Americanos (OEA), creado en 1999 por resolución de la Asamblea General de la OEA, con sede en Santiago de Chile.
Fiscal de la Procuración General de la Nación Argentina. Es abogada por la Universidad de Buenos Aires, donde se recibió con diploma de honor, Especialista en derecho penal y procesal penal por la Universidad Torcuato Di Tella y Máster en Derecho por la Universidad de Georgetown. Fue becaria de la Fundación Fulbright y perita de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es profesora de Garantías Constitucionales del Derecho Penal Sustantivo y Procesal Penal de la Universidad de Buenos Aires, de Género y Derecho Penal en la Maestría en Derecho Penal de la Universidad de San Andrés y profesora invitada en distintas universidades, de grado y posgrado. Es autora de varios artículos en publicaciones académicas sobre temáticas de género y derecho penal y de garantías constitucionales en el proceso penal.
Abogado, Magíster en Derecho y Posgrado en Derecho Constitucional y Derechos Humanos por la Universidad de Palermo. Profesor en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Responsable del Programa para la Aplicación de Instrumentos de Derechos Humanos del Ministerio Público de la Defensa de la Nación. Integrante de la Red Latinoamericana de Académicas/os del Derecho - ALAS. Fue docente en diferentes universidades de Argentina, e investigador y docente en el Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Chile. Sus temas de especialización son Derecho Internacional de los Derechos Humanos, Acceso a la Justicia y No Discriminación.
Director Ejecutivo de Fundación Ciudadanía y Desarrollo, contacto nacional de Transparencia Internacional en Ecuador. Abogado y máster en Dirección y Gestión Pública, así como en Acción Política, Fortalecimiento Institucional y Participación Ciudadana en el Estado de Derecho. Fue miembro suplente de la Asamblea Nacional Constituyente de Ecuador y asesor constitucional en el Consejo de Participación Ciudadana. Fellow del Centro para la Democracia, el Desarrollo y el Estado de Derecho de la Universidad de Stanford. Consultor para organizaciones nacionales e internacionales en temas de derechos humanos, libertad de expresión, acceso a la información, participación ciudadana, transparencia y lucha contra la corrupción.
Doctor en Ciencias Políticas de la Universidad de la República de Uruguay, magíster en Estudios Políticos por la Universidad Metropolitana de Venezuela y licenciado en Comunicación Social por la Universidad Santa María con especialización en Gobernabilidad y Gerencia Política por la Universidad Católica Andrés Bello y The George Washington University. Autor del libro «Venezolanos en el Uruguay» (2019). Trabaja como editor de la plataforma Diálogo Político y coordinador de proyectos del Programa Regional Partidos Políticos y Democracia en América Latina de la Fundación Konrad Adenauer.
Abogado egresado de la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala y con un Máster en Economía de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. En la actualidad, desempeña el cargo de Editor Asistente en el blog de la International Association of Constitutional Law (IACL) y es Director del área de Estudios Jurídicos en la Fundación Libertad y Desarrollo, un think tank basado en Ciudad de Guatemala. A nivel docente, ejerce como profesor tanto en la Universidad del Istmo como en la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala. Adicionalmente, es columnista para el periódico guatemalteco La Hora. Sus principales áreas de investigación son el derecho constitucional y el derecho electoral.
Vicepresidenta de incidencia y litigio internacional del Robert F. Kennedy Human Rights. Baeyens lidera la estrategia de incidencia legal en derechos humanos de la organización, incluyendo el litigio de casos de alto impacto ante mecanismos de la ONU y sistemas regionales de protección, en temáticas relacionadas con la protección del espacio cívico y la lucha contra la discriminación, violencia e impunidad. Previamente se desempeñó como oficial de asuntos políticos en la ONU y como oficial de derechos humanos en la CIDH, donde también coordinó la Relatoría sobre personas defensoras. Es profesora adjunta de la Facultad de Derecho de la Universidad de Georgetown. Recibió su título de abogada de la Universidad de Ibagué, Colombia, y su LL.M en derecho internacional de los derechos humanos de la Universidad de Notre Dame, Estados Unidos.
Juez electo de la Corte Internacional de Justicia, además de profesor y director del Departamento de Derecho Público de la Universidad Federal de Minas Gerais (UFMG) y fundador del Centro de Derecho Internacional (CEDIN) y del Anuario Brasileño de Derecho Internacional. Tiene un máster de la UFMG y un doctorado de la Universidad París X Nanterre, y ha trabajado como jurista adjunto en el CIJ. Ha sido profesor visitante en el Institut des Hautes Études Internationales de la Université Panthéon-Assas Paris II, la Université Caen Basse-Normandie, la Université Paris-Ouest Nanterre la Défence y el Centro Lauterpacht de Derecho Internacional (Universidad de Cambridge, Reino Unido).
Abogado venezolano, egresado de la Universidad Católica Andrés Bello. LL.M. en derecho internacional de la Universidad de Cambridge, en Reino Unido, y Magíster en políticas públicas de la Universidad de los Andes, en Colombia. Actualmente se desempeña como asesor legal senior del Centro de Derechos Reproductivos y docente de la Universidad de los Andes. Fue abogado de la Secretaría de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Directora Ejecutiva de la Fundación para el Debido Proceso (DPLF por sus siglas en inglés) organización regional dedicada a promover el Estado de derecho y los derechos humanos en América Latina. Antes de unirse a DPLF, fue Coordinadora Adjunta de la Unidad de Investigaciones Especiales de la Comisión de la Verdad de Perú, a cargo de la investigación de graves violaciones de derechos humanos ocurridas durante el conflicto armado interno en ese país. Previamente trabajó en la Adjuntía para los Derechos Humanos de la Defensoria del Pueblo de Perú y formó parte del equipo legal de la Coalición Contra la Impunidad (Alemania) que promovió el procesamiento penal en ese país de militares argentinos responsables de la desaparición de ciudadanos alemanes durante la dictadura argentina. Katya realizó sus estudios de derecho en la Pontifica Universidad Católica del Perú y de maestría en derecho internacional público en la Universidad de Heidelberg, Alemania.
Experto afiliado al Constitution Transformation Network de la Universidad de Melbourne e investigador asociado de la Universidad Rafael Landívar de Guatemala. Doctor en Derecho por la Escuela de Derecho de la Universidad de Melbourne y una Maestria en Derecho Público e Internacional en esa misma casa de estudios, y una Licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Rafael Landívar. Tiene experiencia en gobierno, especificamente en negociacion de tratados y convenciones, litigio en instancias internacionales e implementacion de instrumentos en materia de derechos humanos, y como consultor para organismos financieros internacionales.
Candidato a doctor por la Facultad de Derecho de la Universidad de Ottawa (Canadá). Director de la Clínica de Derechos Humanos del Centro de Investigación y Enseñanza en Derechos Humanos (HRREC) y profesor de la Sección de Derecho Civil de la Universidad de Ottawa. Anteriormente trabajó en la Comisión Andina de Juristas, el Tribunal Constitucional y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos del Perú. Sus áreas de investigación son el Sistema Interamericano, Empresas y Derechos Humanos, Derecho Penal Internacional, TWAIL y libertad académica. Integrante del Grupo de Estudios Latinoamericano sobre Derecho Penal Internacional de la Fundación Konrad Adenauer.
Es abogada por la Universidad San Francisco de Quito, y tiene un LL.M. por el Washington College of Law de American University, con enfoque en Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Es candidata para el título de Doctora en Derecho por la Universidad Externado de Colombia. Ha trabajado como especialista en la Relatoría Especial para la Libre Expresión de la CIDH, Fundamedios y la Dirección Nacional de DDHH en Ecuador. Actualmente, es Directora del Observatorio de Derechos y Justicia de Ecuador, docente en la Universidad Internacional del Ecuador, y socia fundadora de Gentium Law Consultores.
Abogada costarricense, Máster en Derecho Internacional y Resolución de Conflictos por la Universidad para la Paz de las Naciones Unidas. Actualmente se desempeña como Directora Legal para América Latina en Women’s Link Worldwide, desde donde ejerce como estratega legal, líder de iniciativa y abogada litigante, con una gran responsabilidad para diseñar y liderar complejos proyectos legales, asimismo, es docente en la Universidad para la Paz, y en diversas universidades de Costa Rica. Anteriormente trabajó en el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) como Directora del Programa para Centroamérica y México, en la Secretaría General de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) y como consultora internacional. Marcia se especializa en el litigio estratégico con enfoque de género e interseccional.
Doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Especialista en Derecho Constitucional por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), y en Derecho Constitucional y Ciencia Política por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales (Madrid). Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Guerrero (México). Es Investigador Nacional nivel I del Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT, México). En representación de México es miembro del Grupo de Justicia Constitucional y Derechos Fundamentales del Programa Estado de Derecho para Latinoamérica de la Fundación Konrad Adenauer.
