Es válido, sin embargo, preguntarse sobre la plusvalía de este concepto. Algunos pueden argumentar que, aunque desde el punto de vista antropológico, se puede hablar de ciertas cosmovisiones que dan mucha importancia a la Naturaleza, sobre todo las de algunos pueblos indígenas y tribales, eso no añade nada al ámbito jurídico y a los derechos ambientales.

No obstante, eso es incorrecto. Es verdad que en la OC-23/17, la Corte ya estableció que el derecho a un medio ambiente sano “constituye un interés universal” (párr. 59), pero hoy es la primera vez que la Corte superó la consagración del derecho a gozar de un medio ambiente sano para establecer derechos al mismo medio ambiente afirmando que “se requiere adoptar una perspectiva sistemática e integradora significativamente fortalecida cuando se reconoce a la Naturaleza como sujeto de derechos.” (párr. 316) En consecuencia, cuando el medio ambiente deja de ser únicamente un objeto de protección para convertirse en un sujeto de derechos, se requieren nuevas obligaciones estatales de respeto, garantía y reparación directa frente a daños ambientales, incluso sin necesidad de demostrar afectación humana concreta.

Ahora bien, se sabe que en términos jurídicos no se crea una categoría por fines descriptivos, sino porque supone un régimen jurídico en el que se aplicará una calificación. La calificación de la Naturaleza como sujeto jurídico supone que tiene derechos. La Corte destacó algunos de esos; sustanciales y procesales.

En general, la Naturaleza goza de un derecho sustancial a la protección. La Corte detalló que el derecho a un clima sano no puede ser entendido como un derecho reconocido exclusivamente al ser humano, tanto de la generación actual como de las generaciones futuras, sino también como un derecho de la misma Naturaleza “en tanto sustento físico y biológico de la vida” (párr. 315).

Esto supone que la Naturaleza goza de un derecho a ser protegida como sujeto no solo en el sistema interamericano sino también en los sistemas jurídicos de los Estados miembros de la OEA. Lo anterior, en un marco normativo integral de los derechos humanos y los derechos de la Naturaleza, donde los dos se consagran de manera coherente “con la interpretación armónica de los principios pro persona y pro natura” (párr. 281). En otros términos, como la vida, humana o no, no se puede albergar sin equilibrio ecológico, se debe proteger el ecosistema en sus dimensiones vivas y no vivas.

Por eso el Tribunal detalló de manera concreta cómo se debe proteger la Naturaleza. Esas medidas implican el desarrollo de estrategias, políticas y planes de evaluación sobre el alcance de la crisis climática, la mitigación de sus efectos, la priorización de las zonas más dañadas por la emergencia climática y la cooperación internacional en ecosistemas transfronterizos. Por otro lado, esa protección no se puede lograr sin garantizar el respeto de los derechos procesales y “el principio de democracia ambiental” (párr. 463).

A mi consideración, la Corte desarrolló este concepto para insistir sobre el respeto de los derechos procesales de categorías tradicionalmente vulnerables. El Tribunal insistió especialmente sobre el respeto de los derechos procesales de los más afectados por la emergencia climática y que tienen conocimientos ancestrales profundos de la Naturaleza, como los pueblos indígenas y tribales. Esto fue una elaboración de lo que ya se estableció en la OC-23/17; “la necesidad de garantizar los derechos de acceso a la información, la participación y la justicia en todo proceso que conduzca a la adopción de decisiones ambientales” (párr. 463).

La OC-32/25 es parte de un contexto global en el que tribunales internacionales han desarrollado nuevas interpretaciones de las normas del derecho internacional ambiental. El hecho de que la Corte IDH, un tribunal especializado en derechos humanos, consagra una personalidad jurídica y una “protección jurídica autónoma” (párr. 316) a la Naturaleza, es una innovación que borra los límites entre el ser humano y su ecosistema y crea una interdependencia entre los derechos de ambos.