Décadas más tarde, en una sentencia histórica, coherente y necesaria, el Tribunal Regional del Trabajo de la 8ª Región responsabilizó a la empresa de someter a sus trabajadores a condiciones análogas a la esclavitud, beneficiándose de los servicios prestados por hombres que talaban árboles para crear pastos. Los empleados sufrían restricciones de movimiento (guardia/armas), endeudamiento forzoso (alimentación proporcionada por el empleador), trabajo forzoso, jornadas laborales agotadoras y condiciones de vida degradantes.

No es la primera vez que Volkswagen se ve involucrada en graves violaciones de derechos humanos en el país. En 2020, Volkswagen ya había firmado un Acuerdo de Ajuste de Conducta (TAC) con el ministerio público, reconociendo su colaboración con la dictadura militar en la persecución de empleados en São Bernardo do Campo (SP). En ese momento, se comprometió a pagar 36 millones de reales (alrededor de 6,5 millones de dólares) en concepto de indemnización y presentó una disculpa pública.

La sentencia de la semana pasada, que aún está sujeta a apelación, ordenó a Volkswagen pagar 165 millones de reales (alrededor de 900 millones de dólares) en concepto de indemnización al Fondo Estatal para la Promoción del Trabajo Digno y la Erradicación del Trabajo Esclavo en Pará (Funtrad/PA), además de ordenar medidas de no repetición.

El principal argumento de Volkswagen se centró en la prescripción: dado que los hechos habían ocurrido en los años setenta y ochenta, la empresa alegó que ya habían prescrito según la legislación brasileña. El Tribunal rechazó este argumento, basándose en una decisión del tribunal superior (2.ª Sala del Tribunal Superior del Trabajo, en RRAg -1000612-76.2020.5.02.0053 – 20/10/2023), que reconoció expresamente la imprescriptibilidad del derecho absoluto a no ser esclavizado: el Estado no puede permitir que el tiempo se convierta en un salvoconducto para los explotadores y debe garantizar la plena reparación de la víctima y la responsabilidad patrimonial del agresor.

El juez dispuso de una amplia gama de pruebas para formar su convicción, como un expediente elaborado por la Comisión Pastoral de la Tierra; un informe de inspección elaborado por parlamentarios y periodistas de la época; testimonios de extrabajadores y representantes de la empresa. El director de la hacienda, en una declaración extrajudicial (ID. 61ab325), llegó incluso a reconocer que el sistema de reclutamiento utilizado en la hacienda conducía a la explotación y al endeudamiento. Con base en esto, señaló que la autonomía financiera de una persona jurídica no puede confundirse con irresponsabilidad por sus propios actos, y que la regla de transferencia de responsabilidad por sucesión patrimonial no puede aplicarse a las graves violaciones que se produjeron. Concluyó que Volkswagen tenía control accionario y el control administrativo de la hacienda; que la gestión de la hacienda estaba integrada en la estructura administrativa de la empresa; y que VW se beneficiaba de la empresa. Los fundamentos de la sentencia también señalan que VW fue culpable de culpa in eligendo, al contratar a inspectores que trataban a los empleados de manera humillante y violenta; y también de culpa in vigilando, al no supervisar adecuadamente a los administradores de la hacienda para garantizar un comportamiento adecuado

El Ministerio Público del Trabajo basó sus solicitudes, entre otras cosas, en los Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos de las Naciones Unidas (PRNU) y la Convención Americana (63.1), para solicitar diferentes medidas de reparación, como disculpas, restitución, compensación financiera o no financiera, sanciones punitivas y medidas para prevenir nuevos daños, incluidas garantías de no repetición. Entre las medidas reparadoras determinadas se encuentra la divulgación de una disculpa y para las garantías de no repetición se estableció la adopción de un compromiso público para supervisar y combatir el trabajo esclavo, la trata de personas y otras violaciones de los derechos humanos en su cadena de producción. Para los PRNU, la adopción de un compromiso público es el primer paso que se debe dar en el camino hacia una conducta empresarial que demuestre preocupación por los derechos humanos. Además, la sentencia ordena a la empresa incluir, en todos los contratos con terceros, cláusulas que prohíban el uso de trabajo análogo a la esclavitud, proporcionen acceso a auditorías, contemplen la rescisión por violaciones y establezcan planes de reparación para las víctimas, en un plazo de 120 días. Otro punto relevante es la condena que ordena implementar procesos de debida diligencia en derechos humanos de manera cíclica y continua, como prevén los Principios Rectores para la prevención de violaciones.

La sentencia condena a la empresa por daños morales colectivos, reconociendo que la responsabilidad civil exige un acto ilícito, un daño y un nexo causal. En este caso, sin embargo, se afirma expresamente que, en situaciones de violaciones masivas de derechos humanos, la causalidad no se limita al contacto directo con la víctima, sino también al beneficio económico obtenido, la posición de control y la dirección económica de la empresa, señalando que los tribunales superiores del país reconocen que una empresa que se beneficia del trabajo ilegal forma parte de la cadena de responsabilidad, incluso si actúa a través de empresas intermediarias o contratistas (p. 264). El ministerio público solicitó una condena por un monto que, en opinión de VW, constituirá una indemnización punitiva, ya que no guardaba relación con la magnitud del daño. La legislación brasileña adopta el principio de la reparación integral y no la indemnización con una función puramente punitiva (Código Civil, art. 944). Sin embargo, el juez señaló que, en el caso de los daños morales colectivos, el supremo tribunal laboral del país ya ha reconocido que la indemnización tiene una doble función: compensatoria y punitiva (o educativa) (p. 266). Además, se ha señalado que la adopción de un carácter punitivo (educativo) de la sanción no está prohibida en el país, ya que existe una disposición que prevé sanciones reforzadas para los reincidentes (Código Civil, art. 404) y la adopción del concepto de dumping social, que también ha permitido sanciones más severas en los tribunales laborales.

Además de la indemnización, se exigió a la empresa que estableciera un canal para denunciar las infracciones laborales; incluyera cláusulas de prohibición de trabajo esclavo en contratos con terceros; promoviera la formación en derechos humanos para los directivos y los equipos de campo; y adoptará procesos de debida diligencia en materia de derechos humanos con planes de identificación y mitigación de riesgos (págs. 294-296).