El 29 de mayo de 2025 la Corte Interamericana publicó su Opinión Consultiva OC-32/25, sobre emergencia climática y derechos humanos. La Opinión Consultiva había sido solicitada por los gobiernos de Chile y Colombia, y suscitó un notable activismo de la comunidad ambientalista, reflejada en el envío de un número importante de contribuciones, y una alta participación en las audiencias públicas celebradas en Bridgetown, Barbados, en Brasilia y en Manaos, Brasil, en abril y mayo de 2024.

Entre las varias cuestiones innovadoras recogidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la Opinión Consultiva se encuentra la articulación de un “derecho a un clima sano” (párrs. 298-304). Dedicaremos estas breves reflexiones a comentar el alcance y sentido de lo dicho por la Corte sobre la materia.

Ciertamente, el tribunal interamericano ha sido sensible en la redacción de la Opinión Consultiva a una corriente de pensamiento importante en el movimiento ambientalista y en el desarrollo comparado del derecho ambiental (ver nota 1), que subraya la necesidad de distinguir la acción para mitigar, adaptarse y –en la medida de lo posible– revertir el cambio climático, del campo más tradicional de la protección del ambiente. Sobre la cuestión se han esgrimido razones considerables.

Por una parte, se señala el peligro de invisibilizar las responsabilidades estatales en materia de cambio climático si se las engloba sin más en el catálogo ya extenso de obligaciones derivadas del derecho a un ambiente sano. Desde otro ángulo, se subraya la necesidad de distinguir las responsabilidades estatales dada la diferencia de orientación y contenido de la agenda ambiental general y la de cambio climático. Mientras la primera está básicamente orientada a la protección de bienes ambientales como el agua, el aire, la flora o la fauna, la agenda de cambio climático tiene como eje la modificación de modos de producción y consumo, poniendo énfasis en la transición ecológica, que comprende la transición hacia el empleo de combustibles no fósiles, entre otras facetas.

También se resalta la necesidad de una formulación independiente de las responsabilidades en materia de cambio climático, dada la complejidad del tema y la mayor dificultad de comprensión del bien inmaterial climático, frente a los más tangibles bienes ambientales como los ya mencionados. Razones de mejor comunicación de la agenda de cambio climático inclinarían a preferir tal formulación independiente, y no el hecho de conglobarla dentro de la ya sobrecargada agenda ambiental.

En este sentido, se han propuesto en el derecho comparado varias fórmulas para identificar esas responsabilidades en clave de derecho –entre ellas, el “derecho a un clima estable” o el “derecho a un clima seguro”– (ver nota 2). La Corte, tal vez porque el término se inscribe mejor en la tradición del constitucionalismo ambiental de América Latina, ha preferido usar la de “derecho a un clima sano”. Esta opción, sin embargo, era la menos adecuada, ya que parece poner énfasis en el paralelo con el ambiente sano, perdiendo entonces parte del sentido de la innovación e incluso generando el eventual riesgo de dilución de la cuestión climática como problema jurídico específico en otro más general y con una agenda que, aunque en parte convergente, es diferente.

El abordaje general de la Corte en la opinión consultiva es correcto, haciéndose eco del argumento sobre la necesidad de distinguir el clima, o la estabilidad climática, del ambiente en general.

Uno podría discutir la propuesta de un derecho nuevo, derivado de un conjunto de otros derechos de base convencional. Tal vez convendría señalar que la formulación tiene un carácter pedagógico o heurístico, con la virtud de llamar la atención de modo conciso sobre un tema de crucial importancia y sobre las responsabilidades estatales que este genera. Parece, entonces, que la denominación “derecho” no tiene carácter estricto: es más bien una manera sucinta de reunir bajo un mismo concepto obligaciones estatales y posiciones jurídicas heterogéneas.

En este sentido, la Corte tal vez haya pecado de apresurada al repetir sin mayor matiz que el “derecho al clima sano” tiene tanto un contenido colectivo como un contenido individual (párrs. 302-304). Pocas dudas caben sobre los aspectos colectivos, en la medida en que el clima es un bien indivisible e inapropiable, y las acciones requeridas para mitigar y adaptarse al cambio climático son necesariamente de alcance colectivo.

Más difícil es visibilizar un contenido individual propio de este derecho. Ciertamente, la acción climática colectiva –o su ausencia– reporta indirectamente beneficios o perjuicios, por “rebote”, sobre otros derechos o intereses individuales homogéneos que podrían verse afectados. Las acciones u omisiones que generen perjuicio al clima como bien, pueden derivar en consecuencias negativas directas para los sistemas naturales e indirectas para otros bienes individuales. Pero, más allá de esas conexiones, cuesta ver en qué consistiría el aspecto individualizable del derecho.

Los párrafos que la Corte dedica a la cuestión confunden más de lo que aclaran. Así, la Corte afirma (párr. 303) que la violación del aspecto individual del derecho al clima sano se daría cuando se afecten otros derechos individuales (como – presumimos – la vida, la salud, la integridad personal, la propiedad, entre otros). Esto, sin embargo, es contradictorio con la idea inicial –que el “derecho al clima sano” es un derecho independiente–, ya que su violación solo se produciría cuando se afecta otro derecho.

La exigencia de afectación de otros derechos individuales para tener por acreditada una violación está también en tensión con la afirmación de la Corte de que las obligaciones en materia de cambio climático son obligaciones de medio y no de resultado (párr. 231) –aquí se exige un resultado para dar por existente una violación–.

Existen otros riesgos cuando se pone énfasis en aspectos individuales o subjetivos del derecho, como parece hacerlo al definirlo como “la posibilidad de cada persona de desarrollarse en un sistema climático libre de interferencias antropogénicas peligrosas” (párr. 303). Las constataciones científicas sobre el cambio climático están basadas sobre parámetros promedio. Más allá de los tradicionales problemas de co-causalidad o causalidad compleja o difusa –que hace difícil demostrar concretamente cuál es el impacto del cambio climático sobre bienes individuales como la vida, la integridad física o la salud– la individualización supone considerar impactos subjetivos que pueden constituir excepciones a los promedios. Aunque la Opinión Consultiva incluye también alguna referencia a reparaciones individuales a violaciones al derecho al clima sano (párrs. 302 y 557-560), se trata en realidad de reparaciones vinculadas con la afectación a otros derechos –como el derecho a la salud–.

Lo dicho no obsta a que, de acuerdo con la tradición procesal de cada país, existan posibilidades de otorgar legitimación activa a individuos o grupos de individuos afectados, o a organizaciones de la sociedad civil, para reclamar por el incumplimiento de obligaciones estatales en materia de cambio climático. Pero esto no implica sostener la existencia de un derecho subjetivo al clima, sino de la posibilidad y la conveniencia de la participación de los individuos en los mecanismos de rendición de cuentas en materia de cambio climático, incluido el judicial. Para ello no es necesaria la carga de demostrar afectaciones individuales distintas del impacto negativo sobre el bien colectivo.