Cambio climático y derechos humanos: la opinión consultiva de la CorteIDH desde la perspectiva de Javier Palummo, Relator de la REDESCA
En exclusiva, el Relator de la REDESCA, Javier Palummo, analiza el impacto de la Opinión Consultiva de la Corte IDH sobre emergencia climática y derechos humanos. Un llamado urgente a repensar la acción estatal y la justicia climática en la región.
Relator de Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales de la CIDH. Es abogado con doctorado en Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de la República (Uruguay) y doctorado en Derechos Humanos de la Universidad Nacional de Lanús (Argentina). También tiene una maestría en Políticas Públicas y Derechos de la Infancia, y ha realizado estudios en reconocidas instituciones y universidades de Chile, Italia, Perú, Suecia, y Finlandia. Su trayectoria incluye la pertenencia en calidad de experto independiente en órganos de Naciones Unidas como el Comité Asesor del Consejo de Derechos Humanos y el Grupo de Trabajo sobre Comunicaciones del Procedimiento de Denuncia ante el Consejo, y ha sido Director de Investigación y Gestión de Información y Coordinador Académico de la Escuela Internacional del Instituto de Políticas Públicas sobre Derechos Humanos del MERCOSUR del 2015 al 2023.
Cuenta con más de 20 años de experiencia profesional en el campo de los derechos humanos y especialmente los DESCA, en el ámbito académico, de la sociedad civil, el gobierno y las organizaciones internacionales, donde ha trabajado como experto, investigador, director y coordinador de proyectos, y tiene experiencia en gestión pública en el área de políticas públicas para el desarrollo social, derechos de la infancia y de las mujeres.
AED: Agenda Estado de Derecho
JP: Javier Palummo
JP: Uno de los avances más significativos de la Opinión Consultiva OC-32/25 es que la Corte Interamericana reconoce que el cambio climático no solo afecta el derecho a un medio ambiente sano, sino que constituye una amenaza directa, actual y estructural para el goce efectivo de un amplio conjunto de derechos humanos. Entre ellos, se encuentran los derechos a la vida, la salud, la alimentación, el agua, la vivienda, la integridad personal, la cultura y el trabajo, entre otros. Además, por primera vez, la Corte establece un derecho autónomo a un clima sano, bajo un enfoque de derechos humanos que trasciende el paradigma estrictamente antropocéntrico, al reconocer también los derechos de la Naturaleza y las obligaciones diferenciadas de las empresas como actores relevantes.
Otro aspecto innovador es el avance hacia la consolidación de un enfoque interseccional e inclusivo. La Corte identifica nuevos grupos especialmente afectados por la crisis climática —como las personas en situación de pobreza multidimensional, los trabajadores de sectores vulnerables o los habitantes de zonas costeras amenazadas— y exige a los Estados la adopción de políticas públicas diferenciadas y sostenidas que aseguren una transición justa.
Asimismo, representa un avance trascendental el reconocimiento del derecho a la ciencia como fundamento de las decisiones públicas frente a la emergencia climática. Este derecho abarca no solo el acceso y uso de la mejor ciencia disponible, sino también la incorporación de los saberes tradicionales, indígenas y locales, los cuales deben ser considerados como fuentes válidas de conocimiento jurídico y orientaciones legítimas para la acción estatal.
JP: El principio de equidad intergeneracional exige que los Estados formulen políticas públicas que consideren no solo las necesidades presentes, sino también los derechos y bienestar de las generaciones futuras. Desde REDESCA, hemos insistido en que este principio debe orientar marcos normativos y presupuestarios, políticas de transición energética, uso de recursos naturales y estrategias de mitigación y adaptación.
Requiere también mecanismos institucionales que permitan evaluar el impacto a largo plazo de las políticas públicas, incluyendo instancias de participación de niños, niñas, adolescentes y juventudes. La idea es interpretar, diseñar, implementar, evaluar, entre otras cosas, no solo a la luz del presente, sino buscando preservar condiciones de vida dignas para quienes vendrán. La aplicación de este enfoque tiene la potencialidad de afectar todo el ciclo de las políticas públicas.
JP: La calificación como jus cogens implica que esta norma es inderogable, se impone erga omnes y obliga a todos los Estados; lo que fortalece su exigibilidad internacional. El reconocimiento de normas ambientales imperativas marca un punto de inflexión en el derecho internacional, sobre todo al estar ligadas a la protección de los derechos humanos y del planeta como base de la vida. Esta calificación puede respaldar acciones legales ante tribunales nacionales e internacionales y posiciona a lo climático como un eje fundamental del orden público internacional.
JP: La Opinión Consultiva busca, sin duda, un giro paradigmático al reconocer expresamente a la Naturaleza como sujeto de derechos. Este reconocimiento, que hasta ahora se había desarrollado de forma más explícita en algunos ordenamientos constitucionales y en jurisprudencia nacional, marca una apertura del Sistema Interamericano hacia una concepción jurídica que trasciende el antropocentrismo tradicional. La Corte adopta una visión ecocéntrica que reconoce a la Naturaleza no solo como objeto de protección instrumental para los seres humanos, sino también como entidad con valor intrínseco y titular de derechos propios. Tiene consecuencias prácticas significativas: impone a los Estados el deber de prevenir daños a la Naturaleza por sí misma —más allá de su afectación a personas humanas—, y puede habilitar a nuevas formas de exigibilidad jurídica y representación.
JP: El llamado de la Corte Interamericana a ampliar la legitimación activa en litigios climáticos es coherente con una concepción robusta del acceso a la justicia ambiental y con la necesidad de garantizar derechos en el contexto de la emergencia climática. Para que este estándar se concrete en los Estados de la región, se requieren transformaciones tanto normativas como jurisprudenciales. Desde el punto de vista normativo, sería necesario reformar leyes procesales —civiles, administrativas, constitucionales o ambientales— para incluir expresamente la acción climática como causa autónoma de acción y para habilitar la legitimación amplia de personas, comunidades, pueblos indígenas, colectivos y organizaciones de la sociedad civil, incluso sin necesidad de acreditar afectación directa. Esto incluye la posibilidad de que se reconozca la legitimación por interés difuso. Varios países deberían incluir en su agenda legislativa reformas en este sentido.
Esto también tiene importantes implicaciones desde la perspectiva del acceso a la justicia, al abrir paso a una legitimación activa amplia y a la remoción de obstáculos procesales —como normas restrictivas sobre costas, garantías o cargas probatorias— que puedan desincentivar o dificultar la acción climática. En mi opinión, va a depender de esas modificaciones legislativas, y de los cambios en las prácticas de la administración de justicia -especialmente en términos de racionalidades- que se pueda avanzar en interpretaciones del principio de equidad intergeneracional, la precaución y la justicia climática como marcos de habilitación para el litigio estratégico.
JP: Desde la Relatoría, recibimos esta Opinión Consultiva con gran entusiasmo y responsabilidad. Representa una consolidación de una línea de trabajo que hemos venido promoviendo hace años: la necesidad de abordar la crisis climática como una amenaza estructural a los derechos humanos. La Corte no solo valida este enfoque, sino que lo profundiza, al afirmar que los Estados tienen deberes concretos, diferenciados y exigibles en materia de mitigación, adaptación, justicia climática y protección de personas defensoras del ambiente. Esto refuerza el sustento normativo de nuestros informes, recomendaciones y pronunciamientos públicos, y nos proporciona una base aún más sólida para el trabajo de monitoreo, cooperación técnica y promoción de estándares que desarrollamos en los países de la región. Asimismo, fortalece significativamente nuestra labor en el sistema de peticiones y casos, especialmente al momento de elaborar la fundamentación de los informes de fondo y la adopción de medidas cautelares.
JP: Como Relator Especial de la REDESCA, he tenido el privilegio de escuchar directamente a comunidades que enfrentan las consecuencias más duras de la crisis climática. Desde las inundaciones en Brasil hasta los incendios en Bolivia, pasando por las luchas por el agua y el extractivismo desregulado en Guatemala y en Colombia, hemos visto cómo el cambio climático amenaza diversos derechos humanos, tales como el derecho a la salud, a la vida, al agua, al territorio. Por eso, la Opinión Consultiva de la Corte Interamericana representa un hito profundamente significativo. Nos ofrece una nueva herramienta jurídica para orientar políticas públicas, proteger a las comunidades más vulnerables y exigir mayor ambición climática con enfoque de derechos humanos. La emergencia climática es también un llamado ético a transformar la manera en que habitamos el mundo, y esta Opinión Consultiva abre un camino potente para hacerlo desde la dignidad humana.
Citación académica sugerida: Agenda Estado de Derecho. Cambio climático y derechos humanos: la hoja de ruta de la REDESCA tras un fallo histórico. Agenda Estado de Derecho. 2025/07/07. Disponible en: https://agendaestadodederecho.com/cambio-climatico-y-derechos-humanos/
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Abogada colombiana, LLM en International Legal Studies por la Universidad de Georgetown y Máster en Argumentación Jurídica por la Universidad de Alicante. Es candidata a Doctora en Derecho por la Universidad de Georgetown. Actualmente se desempeña como Directora Asociada en el O'Neill Institute for National and Global Health Law y es docente en la Universidad de Georgetown y en programas de especialización y maestría en diversas universidades de América Latina. Anteriormente trabajó en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos donde tuvo varios cargos, principalmente como Coordinadora de la Sección de Casos a cargo de la etapa de fondo y del litigio ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Es profesora ayudante e investigadora predoctoral en el Departamento de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM). Tiene un Máster en Democracia y Gobierno, y un Máster en Gobernanza y Derechos Humanos, ambos de la UAM. Es licenciada en Comunicación Social por la Universidad Central de Venezuela. Es integrante del Lab Grupo de Investigación en Innovación, Tecnología y Gestión Pública de la UAM. Su tesis doctoral aborda la relación entre género, tecnologías y sector público, con un especial énfasis en la Inteligencia Artificial. También ha publicado sobre innovación pública y colaboración entre administraciones públicas y ciudadanía. Formó parte del equipo editorial de Agenda Estado de Derecho desde 2020 hasta febrero de 2022.
Abogada de la Universidad de Chile y Magíster en Derecho Internacional de la Universidad de Cambridge. En el ámbito profesional, se ha desempeñado en el extranjero como asistente legal en la Corte Internacional de Justicia y consultora para la International Nuremberg Principles Academy. En Chile, ha trabajado como abogada para el Comité para la Prevención de la Tortura, y actualmente se desempeña en la División de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile. Asimismo, es académica de Derecho Internacional Público en la Universidad de Chile. Sus áreas de investigación incluyen el derecho internacional de los derechos humanos, la regulación de la actividad policial y su conformidad con estándares internacionales, el derecho internacional humanitario y el derecho penal internacional.
Ex Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) hasta el 5 de octubre de 2020. Abogado y docente uruguayo egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República de Uruguay (Udelar). Actualmente es senior fellow en El Diálogo Interamericano (The Interamerican Dialogue) y consultor en libertades informativas de UNESCO y organizaciones de la sociedad civil. Se desempeña como Secretario de Relaciones Internacionales y Gobierno Abierto del Gobierno de Canelones (Uruguay).
Docente y conferenciasta en el campo de la libertad de expresión y el derecho a la información en prestigiosas universidades, entre ellas American University (Washington), Unam (México), Universidad Carlos III (España), Stanford (California), Universidad del Pacífico (Perú), UBA (Argentina) Universidad Diego Portales (Chile), Udelar (Uruguay) y Universidad de los Andes (Colombia). Periodista, columnista y colaborador asiduo en distintos medios de comunicación.
José Luis Caballero Ochoa es Licenciado en Derecho por el Tecnológico de Monterrey, Campus Chihuahua; Maestro en Derecho, por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, y Doctor en Derecho por la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) de España. Diplomado en derechos humanos y procesos de democratización por la Universidad de Chile. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores. Es académico – investigador en el Departamento de Derecho en la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México, del que fue su Director por seis años. Actualmente es Comisionado de la Comisión Internacional de Juristas. Ha participado o participa en diversas comisiones o consejos públicos, ciudadanos y académicos en México, entre los que destacan: el Consejo de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal; la Junta Directiva del Instituto Federal de la Defensoría Pública; el Comité Consultivo del Centro de Estudios Constitucionales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; el Comité Académico y Editorial del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación la Comisión de Selección del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, entre otros. Docente en diversos programas académicos en materia de derecho constitucional y derechos humanos en centros de educación superior nacionales, y ponente en congresos y foros académicos especializados en México, Argentina, Brasil, Chile, Guatemala, Colombia, España, Estados Unidos y Perú. Su papel como consultor y especialista ha implicado la elaboración de proyectos de ley, dictámenes técnicos bajo la figura de amicus curiae y peritajes internacionales. Su obra publicada consiste en más de 80 capítulos de libros y artículos en revistas especializadas sobre derecho constitucional, derechos humanos y derecho internacional de los derechos humanos, así como algunos libros en estas materias.
Doctorando en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (Argentina); Master en Derecho Penal y Procesal Penal por Osgoode Hall Law School, Universidad de York (Canadá); Diplomado Latinoamericano sobre Reforma Procesal Penal por la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales (Chile); Abogado con orientación en Derecho Penal por la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (Argentina). Actualmente es el Director de Relaciones Internacionales del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP). Durante 8 años fue el Director del Área de Capacitación del Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA), organismo internacional de la Organización de Estados Americanos (OEA), creado en 1999 por resolución de la Asamblea General de la OEA, con sede en Santiago de Chile.
Fiscal de la Procuración General de la Nación Argentina. Es abogada por la Universidad de Buenos Aires, donde se recibió con diploma de honor, Especialista en derecho penal y procesal penal por la Universidad Torcuato Di Tella y Máster en Derecho por la Universidad de Georgetown. Fue becaria de la Fundación Fulbright y perita de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es profesora de Garantías Constitucionales del Derecho Penal Sustantivo y Procesal Penal de la Universidad de Buenos Aires, de Género y Derecho Penal en la Maestría en Derecho Penal de la Universidad de San Andrés y profesora invitada en distintas universidades, de grado y posgrado. Es autora de varios artículos en publicaciones académicas sobre temáticas de género y derecho penal y de garantías constitucionales en el proceso penal.
Abogado, Magíster en Derecho y Posgrado en Derecho Constitucional y Derechos Humanos por la Universidad de Palermo. Profesor en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Responsable del Programa para la Aplicación de Instrumentos de Derechos Humanos del Ministerio Público de la Defensa de la Nación. Integrante de la Red Latinoamericana de Académicas/os del Derecho - ALAS. Fue docente en diferentes universidades de Argentina, e investigador y docente en el Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Chile. Sus temas de especialización son Derecho Internacional de los Derechos Humanos, Acceso a la Justicia y No Discriminación.
Director Ejecutivo de Fundación Ciudadanía y Desarrollo, contacto nacional de Transparencia Internacional en Ecuador. Abogado y máster en Dirección y Gestión Pública, así como en Acción Política, Fortalecimiento Institucional y Participación Ciudadana en el Estado de Derecho. Fue miembro suplente de la Asamblea Nacional Constituyente de Ecuador y asesor constitucional en el Consejo de Participación Ciudadana. Fellow del Centro para la Democracia, el Desarrollo y el Estado de Derecho de la Universidad de Stanford. Consultor para organizaciones nacionales e internacionales en temas de derechos humanos, libertad de expresión, acceso a la información, participación ciudadana, transparencia y lucha contra la corrupción.
Doctor en Ciencias Políticas de la Universidad de la República de Uruguay, magíster en Estudios Políticos por la Universidad Metropolitana de Venezuela y licenciado en Comunicación Social por la Universidad Santa María con especialización en Gobernabilidad y Gerencia Política por la Universidad Católica Andrés Bello y The George Washington University. Autor del libro «Venezolanos en el Uruguay» (2019). Trabaja como editor de la plataforma Diálogo Político y coordinador de proyectos del Programa Regional Partidos Políticos y Democracia en América Latina de la Fundación Konrad Adenauer.
Abogado egresado de la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala y con un Máster en Economía de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. En la actualidad, desempeña el cargo de Editor Asistente en el blog de la International Association of Constitutional Law (IACL) y es Director del área de Estudios Jurídicos en la Fundación Libertad y Desarrollo, un think tank basado en Ciudad de Guatemala. A nivel docente, ejerce como profesor tanto en la Universidad del Istmo como en la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala. Adicionalmente, es columnista para el periódico guatemalteco La Hora. Sus principales áreas de investigación son el derecho constitucional y el derecho electoral.
Vicepresidenta de incidencia y litigio internacional del Robert F. Kennedy Human Rights. Baeyens lidera la estrategia de incidencia legal en derechos humanos de la organización, incluyendo el litigio de casos de alto impacto ante mecanismos de la ONU y sistemas regionales de protección, en temáticas relacionadas con la protección del espacio cívico y la lucha contra la discriminación, violencia e impunidad. Previamente se desempeñó como oficial de asuntos políticos en la ONU y como oficial de derechos humanos en la CIDH, donde también coordinó la Relatoría sobre personas defensoras. Es profesora adjunta de la Facultad de Derecho de la Universidad de Georgetown. Recibió su título de abogada de la Universidad de Ibagué, Colombia, y su LL.M en derecho internacional de los derechos humanos de la Universidad de Notre Dame, Estados Unidos.
Juez electo de la Corte Internacional de Justicia, además de profesor y director del Departamento de Derecho Público de la Universidad Federal de Minas Gerais (UFMG) y fundador del Centro de Derecho Internacional (CEDIN) y del Anuario Brasileño de Derecho Internacional. Tiene un máster de la UFMG y un doctorado de la Universidad París X Nanterre, y ha trabajado como jurista adjunto en el CIJ. Ha sido profesor visitante en el Institut des Hautes Études Internationales de la Université Panthéon-Assas Paris II, la Université Caen Basse-Normandie, la Université Paris-Ouest Nanterre la Défence y el Centro Lauterpacht de Derecho Internacional (Universidad de Cambridge, Reino Unido).
Abogado venezolano, egresado de la Universidad Católica Andrés Bello. LL.M. en derecho internacional de la Universidad de Cambridge, en Reino Unido, y Magíster en políticas públicas de la Universidad de los Andes, en Colombia. Actualmente se desempeña como asesor legal senior del Centro de Derechos Reproductivos y docente de la Universidad de los Andes. Fue abogado de la Secretaría de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Directora Ejecutiva de la Fundación para el Debido Proceso (DPLF por sus siglas en inglés) organización regional dedicada a promover el Estado de derecho y los derechos humanos en América Latina. Antes de unirse a DPLF, fue Coordinadora Adjunta de la Unidad de Investigaciones Especiales de la Comisión de la Verdad de Perú, a cargo de la investigación de graves violaciones de derechos humanos ocurridas durante el conflicto armado interno en ese país. Previamente trabajó en la Adjuntía para los Derechos Humanos de la Defensoria del Pueblo de Perú y formó parte del equipo legal de la Coalición Contra la Impunidad (Alemania) que promovió el procesamiento penal en ese país de militares argentinos responsables de la desaparición de ciudadanos alemanes durante la dictadura argentina. Katya realizó sus estudios de derecho en la Pontifica Universidad Católica del Perú y de maestría en derecho internacional público en la Universidad de Heidelberg, Alemania.
Experto afiliado al Constitution Transformation Network de la Universidad de Melbourne e investigador asociado de la Universidad Rafael Landívar de Guatemala. Doctor en Derecho por la Escuela de Derecho de la Universidad de Melbourne y una Maestria en Derecho Público e Internacional en esa misma casa de estudios, y una Licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Rafael Landívar. Tiene experiencia en gobierno, especificamente en negociacion de tratados y convenciones, litigio en instancias internacionales e implementacion de instrumentos en materia de derechos humanos, y como consultor para organismos financieros internacionales.
Candidato a doctor por la Facultad de Derecho de la Universidad de Ottawa (Canadá). Director de la Clínica de Derechos Humanos del Centro de Investigación y Enseñanza en Derechos Humanos (HRREC) y profesor de la Sección de Derecho Civil de la Universidad de Ottawa. Anteriormente trabajó en la Comisión Andina de Juristas, el Tribunal Constitucional y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos del Perú. Sus áreas de investigación son el Sistema Interamericano, Empresas y Derechos Humanos, Derecho Penal Internacional, TWAIL y libertad académica. Integrante del Grupo de Estudios Latinoamericano sobre Derecho Penal Internacional de la Fundación Konrad Adenauer.
Es abogada por la Universidad San Francisco de Quito, y tiene un LL.M. por el Washington College of Law de American University, con enfoque en Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Es candidata para el título de Doctora en Derecho por la Universidad Externado de Colombia. Ha trabajado como especialista en la Relatoría Especial para la Libre Expresión de la CIDH, Fundamedios y la Dirección Nacional de DDHH en Ecuador. Actualmente, es Directora del Observatorio de Derechos y Justicia de Ecuador, docente en la Universidad Internacional del Ecuador, y socia fundadora de Gentium Law Consultores.
Abogada costarricense, Máster en Derecho Internacional y Resolución de Conflictos por la Universidad para la Paz de las Naciones Unidas. Actualmente se desempeña como Directora Legal para América Latina en Women’s Link Worldwide, desde donde ejerce como estratega legal, líder de iniciativa y abogada litigante, con una gran responsabilidad para diseñar y liderar complejos proyectos legales, asimismo, es docente en la Universidad para la Paz, y en diversas universidades de Costa Rica. Anteriormente trabajó en el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) como Directora del Programa para Centroamérica y México, en la Secretaría General de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) y como consultora internacional. Marcia se especializa en el litigio estratégico con enfoque de género e interseccional.
Doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Especialista en Derecho Constitucional por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), y en Derecho Constitucional y Ciencia Política por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales (Madrid). Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Guerrero (México). Es Investigador Nacional nivel I del Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT, México). En representación de México es miembro del Grupo de Justicia Constitucional y Derechos Fundamentales del Programa Estado de Derecho para Latinoamérica de la Fundación Konrad Adenauer.
