6 de Marzo de 2025
Reforma Judicial en México: Un precedente preocupante para América Latina
La reforma judicial en México, que establece la elección popular de jueces, amenaza la independencia judicial y favorece la injerencia política, creando un precedente preocupante para la estabilidad democrática en América Latina.
La reforma judicial en México fue una propuesta presentada en febrero de 2024 por el expresidente Andrés Manuel López Obrador para que, entre otros temas, todos los jueces a nivel federal y estatal sean elegidos por voto popular. Esto incluye desde los ministros de la Suprema Corte de Justicia, la más alta jerarquía, hasta los jueces locales de menor jerarquía.
Además, la reforma crea un Tribunal de Disciplina Judicial y un órgano de administración judicial, para sustituir a los consejos de la judicatura, antes encargados de la administración, disciplina y vigilancia del poder judicial.se agregó es
El expresidente López Obrador justificó la reforma en que era necesario democratizar la judicatura para combatir la corrupción y tener un poder judicial más cercano a la gente. Argumentó que la judicatura responde a los intereses de unos cuántos y no al interés de la mayoría.
Esta propuesta fue presentada en el último año de sus seis como presidente, en una administración caracterizada por constantes ataques a la judicatura federal, incluyendo ministros, magistrados y jueces en específico, la mayoría de las veces por resoluciones contrarias a la agenda del presidente o de su partido.
Después de las elecciones en las cuales el partido del presidente obtuvo las mayorías necesarias en el poder legislativo, y tras un procedimiento legislativo problemático por las distintas protestas en contra a lo largo y ancho del país, la reforma fue aprobada. El texto de la reforma ha tenido grandes críticas, no solo por el fondo, sino por la falta de técnica legislativa, en donde hay decenas de interrogantes respecto a su implementación.
Si bien no hay ningún estándar normativo internacional que establezca que los jueces no pueden ser electos popularmente, sí hay todo un desarrollo jurisprudencial en el sistema interamericano de derechos humanos y estándares internacionales del sistema de Naciones Unidas, que establecen la necesidad de contar con un sistema de selección para nombrar a personas íntegras e idóneas con la formación y calificaciones jurídicas necesarias. Establecen estos estándares internacionales que este debe hacerse en un proceso objetivo, transparente, que garantice la participación de la sociedad civil y que permita participar a las personas en una situación de igualdad.
Dentro de los aspectos que más preocupan sobre esta reforma está el riesgo de politización del poder judicial. Tomando en cuenta que los candidatos para ser votados en elección popular salieron de un proceso complejo que involucró al poder ejecutivo, legislativo y judicial, pasando un primer filtro de simpatía con estos poderes para ser considerado, además de la consecuencia de sentirse presionados a tomar decisiones que agraden o atiendan los intereses de quienes los propusieron.
Las preocupaciones, no terminan con el nombramiento de los juzgadores, sino que continúan durante el ejercicio del cargo. Si después de esto, un perfil alcanza los más altos niveles de la judicatura con la intención de decidir de forma independiente, el nuevo tribunal de disciplina judicial estará atento a quienes resuelvan en contra de los intereses específicos en el caso. Este Tribunal al contar con amplias facultades de disciplina sobre incluso, los ministros de la Suprema Corte y pocos medios de defensa.
La judicatura en su esencia es un poder contramayoritario (lo cual no quiere decir que sea anti-democrático) y de contrapeso al poder político. Por eso es por lo que controlar la judicatura es una gran tentación para el poder público, y los esfuerzos a lo largo de los años han sido hacia procesos que buscan minimizar la influencia política directa, fortaleciendo así la independencia judicial.
En los últimos años, América Latina ha visto un aumento en regímenes autocráticos o con rasgos autocráticos que buscan consolidar el poder y limitar la independencia de las instituciones. A raíz de la pandemia se dictaron medidas extraordinarias (algunas todavía vigentes) que buscaron poner un límite a los contrapesos. En otros países, hemos visto evidentes interferencias y ataques en la judicatura para controlar las judicaturas.
La erosión democrática que se está viendo en la región se caracteriza por un proceso gradual y sutil, donde los líderes, muchas veces democráticamente electos, debilitan las instituciones democráticas y los valores esenciales como la independencia judicial, la competencia electoral, los derechos de expresión y asociación, la profesionalización institucional y el estado de derecho sin consolidar lo que conocemos como una dictadura en términos clásicos. Además, los efectos de lo que se le ha denominado “constitucionalismo abusivo”, mediante la manipulación de mecanismos constitucionales de manera legal pero engañosa, permite consolidar el poder y debilitar la democracia, por ejemplo, a través de reformas constitucionales que reducen los frenos y contrapesos bajo una apariencia de legalidad y legitimidad democrática.
Hoy, México pone el mal ejemplo a regímenes que no han logrado controlar completamente la judicatura, creando un sistema sin precedentes en Latinoamérica para que jueces de todos los niveles sean electos popularmente en países en los que la narrativa oficial obtiene las mayorías, sumado a un desinterés social amplio por los temas de independencia judicial. La reforma constitucional aprobada, desde el discurso de difamación que se gestó durante los primeros años del sexenio y puso las semillas para que se consolidara una narrativa difamatoria en contra de la judicatura, hasta el proceso de reforma apresurado y lleno de irregularidades pasan a formar parte del manual perfecto para la captura y erosión de la independencia judicial en las Américas. s
En octubre de 2024, por ejemplo el Presidente de Colombia Gustavo Petro ya mencionó que dadas las relaciones traumáticas entre ejecutivo y judicatura habría que voltear a ver experiencias como las de México. Si bien Colombia ha sido una de las democracias consolidadas en la región, el voltear a ver a México como una opción para la judicatura ya lanza un mensaje de intimidación a la judicatura colombiana.
Si otros países de la región siguen el ejemplo de México, podría haber un efecto dominó que comprometa la estabilidad democrática en América Latina.
Si bien no hemos visto una reforma de la magnitud de la reforma en México, hemos visto en Bolivia un vistazo de lo que la elección popular puede implicar para un país, que terminó en la completa politización de la justicia.
Las reformas a la judicatura deben ir en sentido de fortalecer la carrera judicial para garantizar jueces y magistrados profesionalizados, con garantías de inamovilidad, seguridad jurídica y física, así como medidas de integridad y anticorrupción para que la judicatura tampoco se convierta en un órgano impune y autocomplaciente.
La reforma judicial en México establece un precedente preocupante para el Estado de derecho en América Latina, ya que representa un claro intento de control político sobre un poder tradicionalmente independiente. Aunque algunos justifican estas reformas bajo la premisa de democratizar la judicatura, el verdadero impacto es la erosión de la independencia judicial, lo que a la larga provoca un debilitamiento de los contrapesos esenciales para una democracia funcional.
Si bien, no todos los países de la región han adoptado reformas de esta magnitud, los ejemplos en Bolivia y las declaraciones recientes del presidente de Colombia, Gustavo Petro, sugieren que este tipo de iniciativas podrían expandirse poniendo en riesgo la estabilidad democrática en toda la región.
Es importante que la región pueda reflexionar sobre las implicaciones a largo plazo de tales reformas y abogar por sistemas judiciales que verdaderamente sirvan a la justicia y no a intereses políticos. La judicatura federal en México fue un buen ejemplo en la región de contrapeso contra mayoritario, por ejemplo, en casos emblemáticos de derechos humanos. Derechos de la comunidad LGBTQ+ han tenido grandes avances en México gracias al papel contra mayoritario de los jueces. Si bien no es la preocupación en este momento, esta misma reforma puede en un futuro dar el control de la judicatura a un grupo de ultraderecha para revertir avances en materia de derechos humanos.
Citación académica sugerida: Chávez Alor, Jaime y Castillo, Cuitlahuac. Reforma Judicial en México: Un Precedente Preocupante para América Latina. Agenda Estado de Derecho. 2025/03/05. Disponible en: https://agendaestadodederecho.com/reforma-judicial-en-mexico/
Palabras claves: independencia judicial, México, poder judicial.
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Director Ejecutivo Adjunto del Cyrus R. Vance Center for International Justice del Colegio de Abogados de la Ciudad de Nueva York. Es Abogado por la Escuela Libre de Derecho y Maestro en Derecho por la Universidad de Columbia, donde se graduó como Harlan Fiske Stone Scholar y recibió el Parker School of Foreign and Comparative Law Recognition of Achievement. Ha trabajado en los tres poderes del gobierno federal en México, desempeñándose como titular de la Unidad de Ética, Integridad Pública y Prevención de Conflictos de Interés de la Secretaría de la Función Pública, así como de la Coordinación de Asuntos Internacionales y Agregadurías de la Fiscalía General de la República. Anteriormente, fue asesor en el Senado de la República y del Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Asesor de Integridad Institucional del Cyrus R. Vance Center for International Justice del Colegio de Abogados de la Ciudad de Nueva York. Abogado por la Universidad de Guanajuato y Maestro en Derecho por la Universidad de Georgetown, donde se graduó como Global Health Scholar. Ha trabajado en el Consejo de la Judicatura Federal, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y la Suprema Corte de Justicia de la Nación. También ha colaborado en el O’Neill Institute for National and Global Health en temas de derecho y salud global.
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Abogada colombiana, LLM en International Legal Studies por la Universidad de Georgetown y Máster en Argumentación Jurídica por la Universidad de Alicante. Es candidata a Doctora en Derecho por la Universidad de Georgetown. Actualmente se desempeña como Directora Asociada en el O'Neill Institute for National and Global Health Law y es docente en la Universidad de Georgetown y en programas de especialización y maestría en diversas universidades de América Latina. Anteriormente trabajó en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos donde tuvo varios cargos, principalmente como Coordinadora de la Sección de Casos a cargo de la etapa de fondo y del litigio ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Es profesora ayudante e investigadora predoctoral en el Departamento de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM). Tiene un Máster en Democracia y Gobierno, y un Máster en Gobernanza y Derechos Humanos, ambos de la UAM. Es licenciada en Comunicación Social por la Universidad Central de Venezuela. Es integrante del Lab Grupo de Investigación en Innovación, Tecnología y Gestión Pública de la UAM. Su tesis doctoral aborda la relación entre género, tecnologías y sector público, con un especial énfasis en la Inteligencia Artificial. También ha publicado sobre innovación pública y colaboración entre administraciones públicas y ciudadanía. Formó parte del equipo editorial de Agenda Estado de Derecho desde 2020 hasta febrero de 2022.
Abogada de la Universidad de Chile y Magíster en Derecho Internacional de la Universidad de Cambridge. En el ámbito profesional, se ha desempeñado en el extranjero como asistente legal en la Corte Internacional de Justicia y consultora para la International Nuremberg Principles Academy. En Chile, ha trabajado como abogada para el Comité para la Prevención de la Tortura, y actualmente se desempeña en la División de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile. Asimismo, es académica de Derecho Internacional Público en la Universidad de Chile. Sus áreas de investigación incluyen el derecho internacional de los derechos humanos, la regulación de la actividad policial y su conformidad con estándares internacionales, el derecho internacional humanitario y el derecho penal internacional.
Ex Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) hasta el 5 de octubre de 2020. Abogado y docente uruguayo egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República de Uruguay (Udelar). Actualmente es senior fellow en El Diálogo Interamericano (The Interamerican Dialogue) y consultor en libertades informativas de UNESCO y organizaciones de la sociedad civil. Se desempeña como Secretario de Relaciones Internacionales y Gobierno Abierto del Gobierno de Canelones (Uruguay).
Docente y conferenciasta en el campo de la libertad de expresión y el derecho a la información en prestigiosas universidades, entre ellas American University (Washington), Unam (México), Universidad Carlos III (España), Stanford (California), Universidad del Pacífico (Perú), UBA (Argentina) Universidad Diego Portales (Chile), Udelar (Uruguay) y Universidad de los Andes (Colombia). Periodista, columnista y colaborador asiduo en distintos medios de comunicación.
José Luis Caballero Ochoa es Licenciado en Derecho por el Tecnológico de Monterrey, Campus Chihuahua; Maestro en Derecho, por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, y Doctor en Derecho por la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) de España. Diplomado en derechos humanos y procesos de democratización por la Universidad de Chile. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores. Es académico – investigador en el Departamento de Derecho en la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México, del que fue su Director por seis años. Actualmente es Comisionado de la Comisión Internacional de Juristas. Ha participado o participa en diversas comisiones o consejos públicos, ciudadanos y académicos en México, entre los que destacan: el Consejo de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal; la Junta Directiva del Instituto Federal de la Defensoría Pública; el Comité Consultivo del Centro de Estudios Constitucionales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; el Comité Académico y Editorial del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación la Comisión de Selección del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, entre otros. Docente en diversos programas académicos en materia de derecho constitucional y derechos humanos en centros de educación superior nacionales, y ponente en congresos y foros académicos especializados en México, Argentina, Brasil, Chile, Guatemala, Colombia, España, Estados Unidos y Perú. Su papel como consultor y especialista ha implicado la elaboración de proyectos de ley, dictámenes técnicos bajo la figura de amicus curiae y peritajes internacionales. Su obra publicada consiste en más de 80 capítulos de libros y artículos en revistas especializadas sobre derecho constitucional, derechos humanos y derecho internacional de los derechos humanos, así como algunos libros en estas materias.
Doctorando en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (Argentina); Master en Derecho Penal y Procesal Penal por Osgoode Hall Law School, Universidad de York (Canadá); Diplomado Latinoamericano sobre Reforma Procesal Penal por la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales (Chile); Abogado con orientación en Derecho Penal por la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (Argentina). Actualmente es el Director de Relaciones Internacionales del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP). Durante 8 años fue el Director del Área de Capacitación del Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA), organismo internacional de la Organización de Estados Americanos (OEA), creado en 1999 por resolución de la Asamblea General de la OEA, con sede en Santiago de Chile.
Fiscal de la Procuración General de la Nación Argentina. Es abogada por la Universidad de Buenos Aires, donde se recibió con diploma de honor, Especialista en derecho penal y procesal penal por la Universidad Torcuato Di Tella y Máster en Derecho por la Universidad de Georgetown. Fue becaria de la Fundación Fulbright y perita de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es profesora de Garantías Constitucionales del Derecho Penal Sustantivo y Procesal Penal de la Universidad de Buenos Aires, de Género y Derecho Penal en la Maestría en Derecho Penal de la Universidad de San Andrés y profesora invitada en distintas universidades, de grado y posgrado. Es autora de varios artículos en publicaciones académicas sobre temáticas de género y derecho penal y de garantías constitucionales en el proceso penal.
Abogado, Magíster en Derecho y Posgrado en Derecho Constitucional y Derechos Humanos por la Universidad de Palermo. Profesor en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Responsable del Programa para la Aplicación de Instrumentos de Derechos Humanos del Ministerio Público de la Defensa de la Nación. Integrante de la Red Latinoamericana de Académicas/os del Derecho - ALAS. Fue docente en diferentes universidades de Argentina, e investigador y docente en el Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Chile. Sus temas de especialización son Derecho Internacional de los Derechos Humanos, Acceso a la Justicia y No Discriminación.
Director Ejecutivo de Fundación Ciudadanía y Desarrollo, contacto nacional de Transparencia Internacional en Ecuador. Abogado y máster en Dirección y Gestión Pública, así como en Acción Política, Fortalecimiento Institucional y Participación Ciudadana en el Estado de Derecho. Fue miembro suplente de la Asamblea Nacional Constituyente de Ecuador y asesor constitucional en el Consejo de Participación Ciudadana. Fellow del Centro para la Democracia, el Desarrollo y el Estado de Derecho de la Universidad de Stanford. Consultor para organizaciones nacionales e internacionales en temas de derechos humanos, libertad de expresión, acceso a la información, participación ciudadana, transparencia y lucha contra la corrupción.
Doctor en Ciencias Políticas de la Universidad de la República de Uruguay, magíster en Estudios Políticos por la Universidad Metropolitana de Venezuela y licenciado en Comunicación Social por la Universidad Santa María con especialización en Gobernabilidad y Gerencia Política por la Universidad Católica Andrés Bello y The George Washington University. Autor del libro «Venezolanos en el Uruguay» (2019). Trabaja como editor de la plataforma Diálogo Político y coordinador de proyectos del Programa Regional Partidos Políticos y Democracia en América Latina de la Fundación Konrad Adenauer.
Abogado egresado de la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala y con un Máster en Economía de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. En la actualidad, desempeña el cargo de Editor Asistente en el blog de la International Association of Constitutional Law (IACL) y es Director del área de Estudios Jurídicos en la Fundación Libertad y Desarrollo, un think tank basado en Ciudad de Guatemala. A nivel docente, ejerce como profesor tanto en la Universidad del Istmo como en la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala. Adicionalmente, es columnista para el periódico guatemalteco La Hora. Sus principales áreas de investigación son el derecho constitucional y el derecho electoral.
Vicepresidenta de incidencia y litigio internacional del Robert F. Kennedy Human Rights. Baeyens lidera la estrategia de incidencia legal en derechos humanos de la organización, incluyendo el litigio de casos de alto impacto ante mecanismos de la ONU y sistemas regionales de protección, en temáticas relacionadas con la protección del espacio cívico y la lucha contra la discriminación, violencia e impunidad. Previamente se desempeñó como oficial de asuntos políticos en la ONU y como oficial de derechos humanos en la CIDH, donde también coordinó la Relatoría sobre personas defensoras. Es profesora adjunta de la Facultad de Derecho de la Universidad de Georgetown. Recibió su título de abogada de la Universidad de Ibagué, Colombia, y su LL.M en derecho internacional de los derechos humanos de la Universidad de Notre Dame, Estados Unidos.
Juez electo de la Corte Internacional de Justicia, además de profesor y director del Departamento de Derecho Público de la Universidad Federal de Minas Gerais (UFMG) y fundador del Centro de Derecho Internacional (CEDIN) y del Anuario Brasileño de Derecho Internacional. Tiene un máster de la UFMG y un doctorado de la Universidad París X Nanterre, y ha trabajado como jurista adjunto en el CIJ. Ha sido profesor visitante en el Institut des Hautes Études Internationales de la Université Panthéon-Assas Paris II, la Université Caen Basse-Normandie, la Université Paris-Ouest Nanterre la Défence y el Centro Lauterpacht de Derecho Internacional (Universidad de Cambridge, Reino Unido).
Abogado venezolano, egresado de la Universidad Católica Andrés Bello. LL.M. en derecho internacional de la Universidad de Cambridge, en Reino Unido, y Magíster en políticas públicas de la Universidad de los Andes, en Colombia. Actualmente se desempeña como asesor legal senior del Centro de Derechos Reproductivos y docente de la Universidad de los Andes. Fue abogado de la Secretaría de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Directora Ejecutiva de la Fundación para el Debido Proceso (DPLF por sus siglas en inglés) organización regional dedicada a promover el Estado de derecho y los derechos humanos en América Latina. Antes de unirse a DPLF, fue Coordinadora Adjunta de la Unidad de Investigaciones Especiales de la Comisión de la Verdad de Perú, a cargo de la investigación de graves violaciones de derechos humanos ocurridas durante el conflicto armado interno en ese país. Previamente trabajó en la Adjuntía para los Derechos Humanos de la Defensoria del Pueblo de Perú y formó parte del equipo legal de la Coalición Contra la Impunidad (Alemania) que promovió el procesamiento penal en ese país de militares argentinos responsables de la desaparición de ciudadanos alemanes durante la dictadura argentina. Katya realizó sus estudios de derecho en la Pontifica Universidad Católica del Perú y de maestría en derecho internacional público en la Universidad de Heidelberg, Alemania.
Experto afiliado al Constitution Transformation Network de la Universidad de Melbourne e investigador asociado de la Universidad Rafael Landívar de Guatemala. Doctor en Derecho por la Escuela de Derecho de la Universidad de Melbourne y una Maestria en Derecho Público e Internacional en esa misma casa de estudios, y una Licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Rafael Landívar. Tiene experiencia en gobierno, especificamente en negociacion de tratados y convenciones, litigio en instancias internacionales e implementacion de instrumentos en materia de derechos humanos, y como consultor para organismos financieros internacionales.
Candidato a doctor por la Facultad de Derecho de la Universidad de Ottawa (Canadá). Director de la Clínica de Derechos Humanos del Centro de Investigación y Enseñanza en Derechos Humanos (HRREC) y profesor de la Sección de Derecho Civil de la Universidad de Ottawa. Anteriormente trabajó en la Comisión Andina de Juristas, el Tribunal Constitucional y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos del Perú. Sus áreas de investigación son el Sistema Interamericano, Empresas y Derechos Humanos, Derecho Penal Internacional, TWAIL y libertad académica. Integrante del Grupo de Estudios Latinoamericano sobre Derecho Penal Internacional de la Fundación Konrad Adenauer.
Es abogada por la Universidad San Francisco de Quito, y tiene un LL.M. por el Washington College of Law de American University, con enfoque en Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Es candidata para el título de Doctora en Derecho por la Universidad Externado de Colombia. Ha trabajado como especialista en la Relatoría Especial para la Libre Expresión de la CIDH, Fundamedios y la Dirección Nacional de DDHH en Ecuador. Actualmente, es Directora del Observatorio de Derechos y Justicia de Ecuador, docente en la Universidad Internacional del Ecuador, y socia fundadora de Gentium Law Consultores.
Abogada costarricense, Máster en Derecho Internacional y Resolución de Conflictos por la Universidad para la Paz de las Naciones Unidas. Actualmente se desempeña como Directora Legal para América Latina en Women’s Link Worldwide, desde donde ejerce como estratega legal, líder de iniciativa y abogada litigante, con una gran responsabilidad para diseñar y liderar complejos proyectos legales, asimismo, es docente en la Universidad para la Paz, y en diversas universidades de Costa Rica. Anteriormente trabajó en el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) como Directora del Programa para Centroamérica y México, en la Secretaría General de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) y como consultora internacional. Marcia se especializa en el litigio estratégico con enfoque de género e interseccional.
Doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Especialista en Derecho Constitucional por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), y en Derecho Constitucional y Ciencia Política por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales (Madrid). Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Guerrero (México). Es Investigador Nacional nivel I del Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT, México). En representación de México es miembro del Grupo de Justicia Constitucional y Derechos Fundamentales del Programa Estado de Derecho para Latinoamérica de la Fundación Konrad Adenauer.
