Vega González también marca un hito trascendental en la historia de la lucha por la justicia emprendida por víctimas de la dictadura, organizaciones de familiares y sus abogadas/os. Aunque aproximadamente desde 2014 los tribunales chilenos se inclinaban hacia la improcedencia de la prescripción gradual, no fueron una rareza las sentencias que se apartaron de esta tendencia. Por ende, Vega González debería contribuir a reafirmar de manera definitiva que la aplicación de la media prescripción a delitos constitutivos de graves violaciones a los derechos humanos contraviene el Derecho internacional de los derechos humanos.

Para contribuir a este anhelado resultado, la Corte IDH impuso dos interesantes medidas de reparación. Como garantía de no repetición, ordenó al Estado adecuar su ordenamiento jurídico interno para que la media prescripción no sea aplicable a delitos de lesa humanidad, añadiéndose que mientras no se implemente dicha modificación normativa, se debe aplicar el control de convencionalidad a fin de evitar que los tribunales chilenos apliquen la figura.

Es plausible avizorar que, en el clima político imperante a nivel nacional, con el evidente auge de la ultraderecha que mira con simpatía el régimen de Pinochet, la modificación exigida por la sentencia será muy compleja de implementar. Por lo mismo, la medida adicional de que los tribunales apliquen el control de convencionalidad es pertinente, aunque es cierto que genera cierta polémica acerca de los límites de este criterio, por cuanto no es usual que la Corte IDH ordene explícitamente su aplicación como modalidad de reparación (el caso en que parece haberlo hecho es Miembros de la Corporación Colectivo de Abogados “José Alvear Restrepo” Vs. Colombia, párr. 1060). 

La Corte IDH también ordenó, a modo de restitución, revisar y/o anular las reducciones de las penas que hubieran derivado de la aplicación inconvencional de la media prescripción en los casos objeto de examen en la sentencia. Esta medida, cuya procedencia en mi opinión es pertinente en este caso, también ha generado discusión al menos por dos razones.

En primer lugar, porque supone dejar sin efecto jurídico sentencias pronunciadas por los tribunales superiores de justicia, con la finalidad de aumentar las penas en perjuicio de los condenados. Lo anterior conlleva dificultades prácticas. Por un lado, en Chile no existe una regulación técnicamente adecuada sobre el cumplimiento de las sentencias y recomendaciones internacionales de derechos humanos. Por otro lado, no hay precedentes similares en las condenas anteriores de la Corte IDH contra el Estado chileno. El caso que más similitudes tiene es Norín Catrimán. Pero en esa sentencia la Corte IDH ordenó dejar sin efecto las condenas impuestas a las víctimas en procesos judiciales en que se produjeron afectaciones al debido proceso. Por ende, se trata de una medida que tiene por finalidad beneficiar a las personas condenadas y no aumentar sus penas como ocurre en Vega González.

Será la Sala Penal de la Corte Suprema la que, ante la laguna normativa descrita, deberá “imaginar” el mecanismo institucional más adecuado para cumplir esta medida impuesta por el fallo interamericano, respetando las garantías procesales de los condenados, aunque aventurando una predicción, es probable que ordene la realización de una audiencia ad hoc, tal como lo hizo a propósito de Norín Catrimán.