Con Brasil presidiendo el G20 por primera vez, el debate sobre la reforma de las instituciones multilaterales ha alcanzado el centro de la discusión. ¿Qué significa este movimiento para el futuro de la gobernanza global?
Brasil ocupa en 2024 la presidencia del G20, grupo que reúne a las 20 principales economías del mundo, y celebró su Cumbre el 18 y 19 de noviembre. Entre los temas prioritarios establecidos por la presidencia brasileña están la lucha contra el hambre, la pobreza y la desigualdad, el desarrollo sostenible y la reforma de la gobernanza mundial. Al poner en primer plano la reforma de la gobernanza de las instituciones multilaterales como su tercer gran objetivo, Brasil busca incentivar una mayor inclusión de los países emergentes en las decisiones de las instituciones financieras globales, como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional.
La revitalización de la Organización Mundial del Comercio también se considera crucial, especialmente en relación con su mecanismo de solución de controversias, actualmente paralizado. Además, la presidencia del G20 ha subrayado que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas necesita ser reestructurado para incorporar más países en desarrollo en su proceso de toma de decisiones. En este sentido, la presidencia brasileña se presenta como una oportunidad para que el país deje su huella en el G20, impulsando discusiones sobre la reforma de la arquitectura de la gobernanza global en busca de un consenso viable, y lo que es más importante, que pueda ser implementado en un futuro cercano.
A lo largo de los últimos meses, diversas reuniones y documentos del G20 liderados por Brasil han buscado discutir de manera concreta cómo reformar las instituciones multilaterales. En este contexto, el tema de la estructuración de los bancos de desarrollo multilaterales ha sido el más avanzado, con un creciente apoyo a la inclusión de más mujeres en la gestión de estas organizaciones, más espacio y voz para los países en desarrollo – los grandes beneficiarios de esos recursos – y la demanda por un aumento del capital de estas instituciones financieras. Además, diversas sugerencias para reformar las instituciones multilaterales han sido planteadas por el núcleo de Think Tanks organizado en el contexto del G20.
Cabe destacar que una de sus fuerzas de tarea se ha dedicado directamente a reflexionar y sugerir recomendaciones sobre el tema de la reforma de la gobernanza global, con enfoque en temas como: el papel del G20 en el fortalecimiento del multilateralismo y la reforma de la ONU; la reforma de la Organización Mundial del Comercio; cuestiones globales de salud; nuevas normas y métricas para la cooperación internacional para el desarrollo; el papel de actores no estatales, organizaciones no gubernamentales y unidades subnacionales en la gobernanza multilateral; la evaluación de las promesas y acciones del G20; y la inclusión de las voces del Sur Global en la gobernanza global y en el fortalecimiento del multilateralismo.
Entre estos temas, ha ganado relevancia el llamado a la reforma y expansión de instituciones internacionales clave, como el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que tenga en cuenta las regiones subrepresentadas y los países en desarrollo, contribuyendo al fortalecimiento de los principios de equidad, legitimidad y modernización de esta organización.
Las discusiones llevadas a cabo en el contexto del G20 han dialogado intensamente con los debates ocurridos dentro de las propias Naciones Unidas, especialmente en el ámbito de la Cumbre del Futuro organizada los días 20 y 21 de septiembre en Nueva York, cuya declaración final incluyó el llamado de los Estados miembros de la ONU para la transformación de la gobernanza global y la revitalización del sistema multilateral para enfrentar los desafíos y aprovechar las oportunidades de hoy y del futuro.
En este sentido, la reforma de las instituciones multilaterales debe orientarse hacia la construcción de instituciones más eficaces, más preparadas para el futuro, más justas y democráticas, más inclusivas, más interconectadas y más estables financieramente. Sin embargo, el propio desenlace de la Cumbre del Futuro reflejó los desafíos estructurales que enfrenta el sistema de las Naciones Unidas para materializar su reforma, dado los intereses y visiones disonantes de los Estados Miembros.
El hecho de que ningún líder de las grandes potencias y miembros permanentes del Consejo de Seguridad haya participado en el evento, junto con la postura de Estados Unidos y sus aliados de bloquear cualquier cambio concreto en el Fondo Monetario Internacional y en el Banco Mundial, sumado a la negativa de los miembros del Consejo de Seguridad a renunciar a su poder de veto, mostró la incapacidad de la Cumbre del Futuro de superar la dimensión retórica de las aspiraciones por la reforma de la gobernanza global.
Como se presentó en la posición brasileña en la Cumbre del Futuro, la crisis del multilateralismo y la falta de respuestas colectivas a la pandemia y a los conflictos en todo el mundo contribuyen al fracaso de la Cumbre para materializar los anhelos de reforma de las instituciones multilaterales. El debilitamiento de la Asamblea General de las Naciones Unidas, el vaciamiento de su Consejo Económico y Social, así como la omisión del Consejo de Seguridad frente a las atrocidades cometidas en regiones como el Medio Oriente y Ucrania, ha reforzado los límites de las instituciones internacionales, las cuales, por los mismos factores, se ven imposibilitadas de reformarse y revitalizarse.
Frente a la parálisis del sistema de las Naciones Unidas, nuevos foros globales como el G20 han demostrado ser relevantes para dar impulso y continuidad a la agenda de reforma de las instituciones multilaterales, además de abordar otros temas urgentes como la agenda de desarrollo sostenible.
Es en este sentido que la reunión de los ministros de Relaciones Exteriores del G20 el 25 de septiembre – justo después de los resultados de la Cumbre del Futuro – y la firma del ‘Llamado a la Acción sobre la Reforma de la Gobernanza Global’ mostraron señales prometedoras para el desarrollo de ‘un sistema multilateral renovado y fortalecido’, con énfasis no solo en la reforma de las Naciones Unidas, sino principalmente en la arquitectura financiera internacional y en el sistema multilateral de comercio, áreas en las que las principales economías del mundo tienen un papel fundamental.
Se espera que la Cumbre del G20 en Río de Janeiro en noviembre presente en su declaración final compromisos significativos respecto a la reforma de la gobernanza global. Sin embargo, los mismos actores y factores que impidieron avances concretos en el contexto de la Cumbre del Futuro probablemente impondrán límites a lo que se puede lograr en el plano del G20. Según los propios representantes de la diplomacia brasileña encargados de organizar la Cumbre: “Traer la discusión a la mesa no producirá efectos al día siguiente. Reunir a aquellos que están de acuerdo sobre la necesidad de debatir el sistema no es suficiente, pero representa pasos hacia la reforma”.
En resumen, el crecimiento del espacio internacional de instituciones o foros informales como el G20, pero también del BRICS, ahora ampliado (BRICS+), puede verse como una respuesta a la crisis del sistema multilateral, en la que los actores internacionales se mueven más allá del sistema de las Naciones Unidas, justamente porque estos nuevos arreglos permiten avances ad hoc, establecen mecanismos más rápidos para responder a las crisis internacionales y proporcionan más espacio para la reivindicación de los países del Sur Global por representatividad a nivel global. Ahora queda por ver si foros como el G20 – durante y después de la presidencia brasileña – pueden realmente generar soluciones más efectivas para la crisis del multilateralismo y reformas concretas de las instituciones multilaterales, materializando los deseos expresados en la Cumbre del Futuro, más allá de la retórica y hacia su concreción.
Citación académica sugerida: Luciano, Bruno Theodoro. Cumbre del G20 en Brasil: contribuciones a las reformas de las instituciones multilaterales. Agenda Estado de Derecho. 2024/11/20. Disponible en: https://agendaestadodederecho.com/cumbre-del-g20-en-brasil/
Palabras clave: Brasil; G20; Instituciones Multilaterales.
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Pesquisador na Universidade Livre de Bruxelas, Bélgica. Doutor em Ciência Política e Estudos Internacionais pela Universidade de Birmingham, Reino Unido.
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Abogada colombiana, LLM en International Legal Studies por la Universidad de Georgetown y Máster en Argumentación Jurídica por la Universidad de Alicante. Es candidata a Doctora en Derecho por la Universidad de Georgetown. Actualmente se desempeña como Directora Asociada en el O'Neill Institute for National and Global Health Law y es docente en la Universidad de Georgetown y en programas de especialización y maestría en diversas universidades de América Latina. Anteriormente trabajó en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos donde tuvo varios cargos, principalmente como Coordinadora de la Sección de Casos a cargo de la etapa de fondo y del litigio ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Es profesora ayudante e investigadora predoctoral en el Departamento de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM). Tiene un Máster en Democracia y Gobierno, y un Máster en Gobernanza y Derechos Humanos, ambos de la UAM. Es licenciada en Comunicación Social por la Universidad Central de Venezuela. Es integrante del Lab Grupo de Investigación en Innovación, Tecnología y Gestión Pública de la UAM. Su tesis doctoral aborda la relación entre género, tecnologías y sector público, con un especial énfasis en la Inteligencia Artificial. También ha publicado sobre innovación pública y colaboración entre administraciones públicas y ciudadanía. Formó parte del equipo editorial de Agenda Estado de Derecho desde 2020 hasta febrero de 2022.
Abogada de la Universidad de Chile y Magíster en Derecho Internacional de la Universidad de Cambridge. En el ámbito profesional, se ha desempeñado en el extranjero como asistente legal en la Corte Internacional de Justicia y consultora para la International Nuremberg Principles Academy. En Chile, ha trabajado como abogada para el Comité para la Prevención de la Tortura, y actualmente se desempeña en la División de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile. Asimismo, es académica de Derecho Internacional Público en la Universidad de Chile. Sus áreas de investigación incluyen el derecho internacional de los derechos humanos, la regulación de la actividad policial y su conformidad con estándares internacionales, el derecho internacional humanitario y el derecho penal internacional.
Ex Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) hasta el 5 de octubre de 2020. Abogado y docente uruguayo egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República de Uruguay (Udelar). Actualmente es senior fellow en El Diálogo Interamericano (The Interamerican Dialogue) y consultor en libertades informativas de UNESCO y organizaciones de la sociedad civil. Se desempeña como Secretario de Relaciones Internacionales y Gobierno Abierto del Gobierno de Canelones (Uruguay).
Docente y conferenciasta en el campo de la libertad de expresión y el derecho a la información en prestigiosas universidades, entre ellas American University (Washington), Unam (México), Universidad Carlos III (España), Stanford (California), Universidad del Pacífico (Perú), UBA (Argentina) Universidad Diego Portales (Chile), Udelar (Uruguay) y Universidad de los Andes (Colombia). Periodista, columnista y colaborador asiduo en distintos medios de comunicación.
José Luis Caballero Ochoa es Licenciado en Derecho por el Tecnológico de Monterrey, Campus Chihuahua; Maestro en Derecho, por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, y Doctor en Derecho por la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) de España. Diplomado en derechos humanos y procesos de democratización por la Universidad de Chile. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores. Es académico – investigador en el Departamento de Derecho en la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México, del que fue su Director por seis años. Actualmente es Comisionado de la Comisión Internacional de Juristas. Ha participado o participa en diversas comisiones o consejos públicos, ciudadanos y académicos en México, entre los que destacan: el Consejo de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal; la Junta Directiva del Instituto Federal de la Defensoría Pública; el Comité Consultivo del Centro de Estudios Constitucionales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; el Comité Académico y Editorial del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación la Comisión de Selección del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, entre otros. Docente en diversos programas académicos en materia de derecho constitucional y derechos humanos en centros de educación superior nacionales, y ponente en congresos y foros académicos especializados en México, Argentina, Brasil, Chile, Guatemala, Colombia, España, Estados Unidos y Perú. Su papel como consultor y especialista ha implicado la elaboración de proyectos de ley, dictámenes técnicos bajo la figura de amicus curiae y peritajes internacionales. Su obra publicada consiste en más de 80 capítulos de libros y artículos en revistas especializadas sobre derecho constitucional, derechos humanos y derecho internacional de los derechos humanos, así como algunos libros en estas materias.
Doctorando en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (Argentina); Master en Derecho Penal y Procesal Penal por Osgoode Hall Law School, Universidad de York (Canadá); Diplomado Latinoamericano sobre Reforma Procesal Penal por la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales (Chile); Abogado con orientación en Derecho Penal por la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (Argentina). Actualmente es el Director de Relaciones Internacionales del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP). Durante 8 años fue el Director del Área de Capacitación del Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA), organismo internacional de la Organización de Estados Americanos (OEA), creado en 1999 por resolución de la Asamblea General de la OEA, con sede en Santiago de Chile.
Fiscal de la Procuración General de la Nación Argentina. Es abogada por la Universidad de Buenos Aires, donde se recibió con diploma de honor, Especialista en derecho penal y procesal penal por la Universidad Torcuato Di Tella y Máster en Derecho por la Universidad de Georgetown. Fue becaria de la Fundación Fulbright y perita de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es profesora de Garantías Constitucionales del Derecho Penal Sustantivo y Procesal Penal de la Universidad de Buenos Aires, de Género y Derecho Penal en la Maestría en Derecho Penal de la Universidad de San Andrés y profesora invitada en distintas universidades, de grado y posgrado. Es autora de varios artículos en publicaciones académicas sobre temáticas de género y derecho penal y de garantías constitucionales en el proceso penal.
Abogado, Magíster en Derecho y Posgrado en Derecho Constitucional y Derechos Humanos por la Universidad de Palermo. Profesor en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Responsable del Programa para la Aplicación de Instrumentos de Derechos Humanos del Ministerio Público de la Defensa de la Nación. Integrante de la Red Latinoamericana de Académicas/os del Derecho - ALAS. Fue docente en diferentes universidades de Argentina, e investigador y docente en el Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Chile. Sus temas de especialización son Derecho Internacional de los Derechos Humanos, Acceso a la Justicia y No Discriminación.
Director Ejecutivo de Fundación Ciudadanía y Desarrollo, contacto nacional de Transparencia Internacional en Ecuador. Abogado y máster en Dirección y Gestión Pública, así como en Acción Política, Fortalecimiento Institucional y Participación Ciudadana en el Estado de Derecho. Fue miembro suplente de la Asamblea Nacional Constituyente de Ecuador y asesor constitucional en el Consejo de Participación Ciudadana. Fellow del Centro para la Democracia, el Desarrollo y el Estado de Derecho de la Universidad de Stanford. Consultor para organizaciones nacionales e internacionales en temas de derechos humanos, libertad de expresión, acceso a la información, participación ciudadana, transparencia y lucha contra la corrupción.
Doctor en Ciencias Políticas de la Universidad de la República de Uruguay, magíster en Estudios Políticos por la Universidad Metropolitana de Venezuela y licenciado en Comunicación Social por la Universidad Santa María con especialización en Gobernabilidad y Gerencia Política por la Universidad Católica Andrés Bello y The George Washington University. Autor del libro «Venezolanos en el Uruguay» (2019). Trabaja como editor de la plataforma Diálogo Político y coordinador de proyectos del Programa Regional Partidos Políticos y Democracia en América Latina de la Fundación Konrad Adenauer.
Abogado egresado de la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala y con un Máster en Economía de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. En la actualidad, desempeña el cargo de Editor Asistente en el blog de la International Association of Constitutional Law (IACL) y es Director del área de Estudios Jurídicos en la Fundación Libertad y Desarrollo, un think tank basado en Ciudad de Guatemala. A nivel docente, ejerce como profesor tanto en la Universidad del Istmo como en la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala. Adicionalmente, es columnista para el periódico guatemalteco La Hora. Sus principales áreas de investigación son el derecho constitucional y el derecho electoral.
Vicepresidenta de incidencia y litigio internacional del Robert F. Kennedy Human Rights. Baeyens lidera la estrategia de incidencia legal en derechos humanos de la organización, incluyendo el litigio de casos de alto impacto ante mecanismos de la ONU y sistemas regionales de protección, en temáticas relacionadas con la protección del espacio cívico y la lucha contra la discriminación, violencia e impunidad. Previamente se desempeñó como oficial de asuntos políticos en la ONU y como oficial de derechos humanos en la CIDH, donde también coordinó la Relatoría sobre personas defensoras. Es profesora adjunta de la Facultad de Derecho de la Universidad de Georgetown. Recibió su título de abogada de la Universidad de Ibagué, Colombia, y su LL.M en derecho internacional de los derechos humanos de la Universidad de Notre Dame, Estados Unidos.
Juez electo de la Corte Internacional de Justicia, además de profesor y director del Departamento de Derecho Público de la Universidad Federal de Minas Gerais (UFMG) y fundador del Centro de Derecho Internacional (CEDIN) y del Anuario Brasileño de Derecho Internacional. Tiene un máster de la UFMG y un doctorado de la Universidad París X Nanterre, y ha trabajado como jurista adjunto en el CIJ. Ha sido profesor visitante en el Institut des Hautes Études Internationales de la Université Panthéon-Assas Paris II, la Université Caen Basse-Normandie, la Université Paris-Ouest Nanterre la Défence y el Centro Lauterpacht de Derecho Internacional (Universidad de Cambridge, Reino Unido).
Abogado venezolano, egresado de la Universidad Católica Andrés Bello. LL.M. en derecho internacional de la Universidad de Cambridge, en Reino Unido, y Magíster en políticas públicas de la Universidad de los Andes, en Colombia. Actualmente se desempeña como asesor legal senior del Centro de Derechos Reproductivos y docente de la Universidad de los Andes. Fue abogado de la Secretaría de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Directora Ejecutiva de la Fundación para el Debido Proceso (DPLF por sus siglas en inglés) organización regional dedicada a promover el Estado de derecho y los derechos humanos en América Latina. Antes de unirse a DPLF, fue Coordinadora Adjunta de la Unidad de Investigaciones Especiales de la Comisión de la Verdad de Perú, a cargo de la investigación de graves violaciones de derechos humanos ocurridas durante el conflicto armado interno en ese país. Previamente trabajó en la Adjuntía para los Derechos Humanos de la Defensoria del Pueblo de Perú y formó parte del equipo legal de la Coalición Contra la Impunidad (Alemania) que promovió el procesamiento penal en ese país de militares argentinos responsables de la desaparición de ciudadanos alemanes durante la dictadura argentina. Katya realizó sus estudios de derecho en la Pontifica Universidad Católica del Perú y de maestría en derecho internacional público en la Universidad de Heidelberg, Alemania.
Experto afiliado al Constitution Transformation Network de la Universidad de Melbourne e investigador asociado de la Universidad Rafael Landívar de Guatemala. Doctor en Derecho por la Escuela de Derecho de la Universidad de Melbourne y una Maestria en Derecho Público e Internacional en esa misma casa de estudios, y una Licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Rafael Landívar. Tiene experiencia en gobierno, especificamente en negociacion de tratados y convenciones, litigio en instancias internacionales e implementacion de instrumentos en materia de derechos humanos, y como consultor para organismos financieros internacionales.
Candidato a doctor por la Facultad de Derecho de la Universidad de Ottawa (Canadá). Director de la Clínica de Derechos Humanos del Centro de Investigación y Enseñanza en Derechos Humanos (HRREC) y profesor de la Sección de Derecho Civil de la Universidad de Ottawa. Anteriormente trabajó en la Comisión Andina de Juristas, el Tribunal Constitucional y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos del Perú. Sus áreas de investigación son el Sistema Interamericano, Empresas y Derechos Humanos, Derecho Penal Internacional, TWAIL y libertad académica. Integrante del Grupo de Estudios Latinoamericano sobre Derecho Penal Internacional de la Fundación Konrad Adenauer.
Es abogada por la Universidad San Francisco de Quito, y tiene un LL.M. por el Washington College of Law de American University, con enfoque en Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Es candidata para el título de Doctora en Derecho por la Universidad Externado de Colombia. Ha trabajado como especialista en la Relatoría Especial para la Libre Expresión de la CIDH, Fundamedios y la Dirección Nacional de DDHH en Ecuador. Actualmente, es Directora del Observatorio de Derechos y Justicia de Ecuador, docente en la Universidad Internacional del Ecuador, y socia fundadora de Gentium Law Consultores.
Abogada costarricense, Máster en Derecho Internacional y Resolución de Conflictos por la Universidad para la Paz de las Naciones Unidas. Actualmente se desempeña como Directora Legal para América Latina en Women’s Link Worldwide, desde donde ejerce como estratega legal, líder de iniciativa y abogada litigante, con una gran responsabilidad para diseñar y liderar complejos proyectos legales, asimismo, es docente en la Universidad para la Paz, y en diversas universidades de Costa Rica. Anteriormente trabajó en el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) como Directora del Programa para Centroamérica y México, en la Secretaría General de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) y como consultora internacional. Marcia se especializa en el litigio estratégico con enfoque de género e interseccional.
Doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Especialista en Derecho Constitucional por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), y en Derecho Constitucional y Ciencia Política por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales (Madrid). Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Guerrero (México). Es Investigador Nacional nivel I del Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT, México). En representación de México es miembro del Grupo de Justicia Constitucional y Derechos Fundamentales del Programa Estado de Derecho para Latinoamérica de la Fundación Konrad Adenauer.