Entrevista a Luis Pedernera sobre el trabajo del Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas y su impacto en la cuestión climática y medioambiental
Recientemente el Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas publicó una Observación General sobre los derechos de los niños y el medio ambiente, con especial atención al cambio climático. ¿Cuál es su impacto en materia de derechos humanos?
Miembro y Vicepresidente del Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas, órgano encargado de supervisar la aplicación de la Convención sobre los Derechos del Niño. Miembro del Comité Académico del Certificado de Estudios Avanzados en Justicia Juvenil de la Universidad de Ginebra y el Institut de droit de la Enfant, Suiza. En 2021 recibió la Medalha Zilda Arns de Boas Práticas para a Primeira Infancia en Brasil.
AED: Agenda Estado de Derecho
LP: Luis Pedernera
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Los antecedentes hay que buscarlos bien atrás. Si hay que poner una fecha, diría que es el Día de Debate General de 2016, el cual es una forma de trabajo del Comité en donde se define un asunto que es emergente, que llama la atención y sobre el cual se decide trabajar de una forma más resumida de lo que sería una Observación General. En tal contexto, y teniendo en cuenta la cuestión climática, el Comité recogió grandes líneas reflexivas sobre este asunto, las cuales resultaban preocupantes e incipientes en la agenda de los derechos del niño.
Ahora bien, pese a que este acontecimiento podría considerarse como un antecedente, el Comité ya venía analizando el tema de la cuestión climática en sus Observaciones y en los documentos de recomendaciones a los Estados partes de la Convención de los Derechos del Niño. De esta manera, veía que este aspecto era cada vez más relevante en la agenda. De hecho, muchas organizaciones no gubernamentales tocaban el tema, y el Comité iba formulando recomendaciones.
El 2019 fue un año emblemático, ya que el Comité observó que había un movimiento genuino de autoorganización de los niños de todo el mundo, llamado “Fridays for Future” (“Viernes por el Futuro”). Tal movimiento resultaba muy innovador, al reclamar y poner en la agenda la cuestión climática. En ese contexto, el primer ministro de Australia les había dicho a los niños que protestaban que “tenían que ir a la escuela” y, en respuesta, el Comité les envió una recomendación específica a las autoridades, las que no podían actuar de esa forma frente a este tipo de movimientos.
Asimismo, el Comité comenzó a vincular cada vez más la responsabilidad de las empresas con cuestiones de afectación del medioambiente. De hecho, nosotros tenemos recomendaciones vinculadas a las obligaciones de los Estados en relación con las empresas, las que implican tomar acciones para evitar la contaminación y la reforestación, por ejemplo.
Otro de los hitos que diría que son los elementos que coadyuvaron a que el Comité realice la Observación General, es que en 2019 recibimos una petición promovida por 16 niños y adolescentes que reclamaban contra Francia, Alemania, Brasil, Argentina y Turquía por emisión de gases de efecto invernadero. Frente a esa emergencia, el Comité ya había decidido que, en su próxima Observación, pondría en agenda la cuestión del clima y el ambiente como la posibilidad de una siguiente Observación General. La afectación más fuerte que están teniendo los derechos del niño es en ese ámbito, por ello es que el Comité titula “Los derechos del niño y el medio ambiente, con especial atención al cambio climático” a la Observación General.
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Cada Observación General tiene un proceso de construcción de dos años. Desde que el Comité decide, en este caso en 2021, la Observación sale a la luz pública en 2023, porque en ese proceso el Comité presenta un trabajo de líneas generales y objetivos para abrirlos a consulta pública en la web y así recibir aportes a ese primer “borrador”. Desde ahí, los actores centrales del proceso van de la mano con la emisión de opiniones por parte de los Estados, de las organizaciones no gubernamentales, de las agencias de Naciones Unidas y de los niños y niñas.
En el proceso de construcción de una Observación General, el Comité también busca asociarse con organizaciones que tengan capacidad de generar, por ejemplo, consultas públicas. De esta forma, el Comité identifica a un socio y, en el marco de un convenio, conforma un Consejo Asesor de Niños que representa a diferentes regiones, compartiendo el proceso y liderando la consulta con los niños.
En este tiempo de dos años, el Comité también tuvo un grupo de trabajo sobre ambiente, pero decidió que, para las Observaciones Generales, ese grupo se desmembrara en uno específico para trabajar en la Observación General. Así, hubo un grupo de colegas que asumieron la tarea de liderar un proceso de trabajo previo a la construcción de la Observación. En tal contexto, se trabajaron metodologías importantes (por ejemplo, cuestionarios) para reflexionar con los niños.
De esta manera, el Comité elabora un “borrador cero” y lo abre nuevamente a consulta. En esta nueva etapa de consulta, a modo de anécdota, en nuestra región, le planteé a la Defensora de la Niñez de Argentina si es que tenía capacidad de convocar a una consulta regional, pues a mí me interesaba particularmente la voz de América Latina y el Caribe en una Observación General en este tema. ¿Por qué? Porque nuestra región está sintiendo los efectos del cambio climático, al ser territorios cuyos recursos naturales están siendo explotados, además de tener pueblos originarios afectados por la degradación como consecuencia de estas acciones. De esta forma, me parecía que la voz de nuestra región debía ser relevante. La Defensora aceptó y lo propuso a la Cancillería de Argentina, teniendo una muy buena recepción y apoyo. Así, en Buenos Aires, a fines de 2022, hicimos una consulta que reunió a más de 300 personas, entre Estados, niños, organizaciones de la sociedad civil y agencias de Naciones Unidas que trabajan en materia de infancia y cambio climático. Como resultado de ello, se elaboró la Declaración de Buenos Aires, que fue un documento bien potente, en términos de lo que luego la Observación General recogió.
Si bien nosotros después deliberamos a puertas cerradas, el proceso de construcción es un muy participativo, escuchando todas las voces que tengan algo que decir en el asunto concreto de la Observación General. En este caso, lo que ha sido muy significativo es la participación de niños y niñas, pues nunca una consulta convocó ni recibió tanta contribución de aquellos como en la Observación General N° 26. Más de 16.000 acercaron contribuciones a la Observación, 121 países llenaron las encuestas en línea, y en la región reunimos a 19 países de América Latina y el Caribe.
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El valor de la Observación General es poner sobre la mesa una lectura integrada y holística de la Convención de los Derechos del Niño, esto es, de todos sus derechos, en función del artículo 29 literal e), referido a la promoción de los niños sobre la consciencia y el cuidado del ambiente.
La primera afirmación contundente de la Observación General es que el derecho a un ambiente sano es un derecho de los niños y niñas. Se sigue, que la degradación ambiental es una violencia estructural sobre los derechos de los niños, y allí exige, entre otras cosas, que para atender esto, se escuche a los niños y que todas las cuestiones ambientales pasen por el principio del “interés superior del niño”.
La otra cuestión, que considero relevante, es sobre el acceso a la justicia. Recién estamos en las primeras impresiones de la Observación, pero hay que leer con detalle esta materia, porque las cuestiones que el Comité ha marcado significan que hay cambios estructurales en la forma de entender la cuestión del ambiente y la justicia con relación a los niños. Por dar un ejemplo, el Comité sugiere revisar las cuestiones de legitimación procesal para que los niños puedan acceder a los tribunales, lo que supone un cambio en las estructuras jurídicas, removiendo tradiciones muy arraigadas en nuestros órdenes legales.
En grandes líneas, la Observación General establece que el derecho a un medio ambiente limpio, saludable y sostenible es un derecho del niño, encontrándose íntimamente relacionado con los artículos 6, 24, 27, 28, 29 de la Convención, lo que constituyen grandes columnas integradoras.
Sobre el rol del principio de interés superior del niño, el Comité parte de la premisa de que nuestros países tienen todavía fuertes debilidades en los procesos de determinación del interés superior. En base a ello, considera que este debe ser la consideración primordial en las agendas que buscan enfrentar la afectación y degradación medioambiental.
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La Observación tiene muchas líneas que plantean esto en materia del cambio climático. El traspaso de fronteras aparece claramente, porque si un país emite un gas de efecto invernadero, este se dispersa a otros lugares. Por ello, el mensaje de la Observación apunta a la cooperación entre Estados, a la cooperación internacional, incluyendo a diferentes agencias.
En tal contexto, hacemos un llamado muy fuerte a las entidades financieras, pues la banca financia proyectos de desarrollo que generan degradación y contaminación ambiental, y si entidades como estas se encargan de elaborar regulaciones de cooperación económica entre los Estados, deberían entonces aprovechar esa cooperación y enfocarla al marco ambiental.
En el caso Sacchi y otros v. Argentina del Comité para los Derechos del Niño, por ejemplo, se determinó que el Comité iba a ser competente en términos de extraterritorialidad, aunque los niños que reclamaron no fuesen nacionales respecto al Estado en contra del cual se dirigía la denuncia.
En definitiva, es necesaria la cooperación internacional, ya que hay territorios explotados y Estados que se han beneficiado de eso, saqueando a países, contaminándolos y degradándolos en términos ambientales, lo cual debe ser asumido desde un nivel amplio y general.
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En 2018 hicimos nuestra guía de debate de niños como defensores de los derechos humanos. Ese año fue particular, pues se celebraron 20 años de la Declaración de Naciones Unidas sobre Defensores de Derechos Humanos, pero nunca se había vinculado la idea de que los niños también podían ser defensores de los derechos humanos.
A partir de ahí, el Comité empieza a marcar el tema de los niños como defensores de derechos humanos y la protección que deben tener, particularmente en el marco de la cuestión ambiental y el cambio climático. Creo que lo que el Comité observó es que, en este terreno, es donde más claramente se ha visto el rol de los menores de 18 años en la defensa de sus derechos.
En este sentido, hay que reconocer que estamos frente a una persona que se encuentra en pleno desarrollo, por tanto hay que exacerbar las medidas de cuidado y protección para que puedan ejercer sus derechos. La Observación se encarga de aquello, buscando que niños y niñas defensores del medio ambiente puedan realizar sus actividades en las mejores condiciones.
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En nuestro trabajo hemos observado que, tanto en otros órganos de tratados como en el Sistema de la Unión Europea y el Africano, pero particularmente el Sistema Interamericano tiene una riqueza en la producción de sus decisiones y de doctrina que nutre al Comité.
Como opinión personal, entiendo que los sistemas de protección de derechos humanos tenemos que dialogar. Imagino en un escenario que, desde nuestra especialidad, que es la infancia, nuestro aporte hacia el proceso que construye la Corte Interamericana sería mirar hacia la especificidad, ya que somos el único órgano con especificidad en infancia en el marco de los sistemas de protección. Creo que los diferentes órganos de los sistemas de protección necesitamos interactuar, para mejorar la construcción de los estándares, para afinar la mirada, para reconocer las virtudes y particularidades. Una sincronía efectiva entre todos ellos es fundamental para cumplir nuestro objetivo primordial: dar una protección efectiva a niños y niñas en el disfrute de sus derechos humanos.
Citación académica sugerida: Agenda Estado de Derecho. Entrevista a Luis Pedernera sobre el trabajo del Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas y su impacto en la cuestión climática y medioambiental. Agenda Estado de Derecho. 2024/02/X07. Disponible en: https://agendaestadodederecho.com/entrevista-a-luis-pedernera-trabajo-del-comite-de-los-derechos-del-nino/
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Abogada colombiana, LLM en International Legal Studies por la Universidad de Georgetown y Máster en Argumentación Jurídica por la Universidad de Alicante. Es candidata a Doctora en Derecho por la Universidad de Georgetown. Actualmente se desempeña como Directora Asociada en el O'Neill Institute for National and Global Health Law y es docente en la Universidad de Georgetown y en programas de especialización y maestría en diversas universidades de América Latina. Anteriormente trabajó en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos donde tuvo varios cargos, principalmente como Coordinadora de la Sección de Casos a cargo de la etapa de fondo y del litigio ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Es profesora ayudante e investigadora predoctoral en el Departamento de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM). Tiene un Máster en Democracia y Gobierno, y un Máster en Gobernanza y Derechos Humanos, ambos de la UAM. Es licenciada en Comunicación Social por la Universidad Central de Venezuela. Es integrante del Lab Grupo de Investigación en Innovación, Tecnología y Gestión Pública de la UAM. Su tesis doctoral aborda la relación entre género, tecnologías y sector público, con un especial énfasis en la Inteligencia Artificial. También ha publicado sobre innovación pública y colaboración entre administraciones públicas y ciudadanía. Formó parte del equipo editorial de Agenda Estado de Derecho desde 2020 hasta febrero de 2022.
Abogada de la Universidad de Chile y Magíster en Derecho Internacional de la Universidad de Cambridge. En el ámbito profesional, se ha desempeñado en el extranjero como asistente legal en la Corte Internacional de Justicia y consultora para la International Nuremberg Principles Academy. En Chile, ha trabajado como abogada para el Comité para la Prevención de la Tortura, y actualmente se desempeña en la División de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile. Asimismo, es académica de Derecho Internacional Público en la Universidad de Chile. Sus áreas de investigación incluyen el derecho internacional de los derechos humanos, la regulación de la actividad policial y su conformidad con estándares internacionales, el derecho internacional humanitario y el derecho penal internacional.
Ex Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) hasta el 5 de octubre de 2020. Abogado y docente uruguayo egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República de Uruguay (Udelar). Actualmente es senior fellow en El Diálogo Interamericano (The Interamerican Dialogue) y consultor en libertades informativas de UNESCO y organizaciones de la sociedad civil. Se desempeña como Secretario de Relaciones Internacionales y Gobierno Abierto del Gobierno de Canelones (Uruguay).
Docente y conferenciasta en el campo de la libertad de expresión y el derecho a la información en prestigiosas universidades, entre ellas American University (Washington), Unam (México), Universidad Carlos III (España), Stanford (California), Universidad del Pacífico (Perú), UBA (Argentina) Universidad Diego Portales (Chile), Udelar (Uruguay) y Universidad de los Andes (Colombia). Periodista, columnista y colaborador asiduo en distintos medios de comunicación.
José Luis Caballero Ochoa es Licenciado en Derecho por el Tecnológico de Monterrey, Campus Chihuahua; Maestro en Derecho, por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, y Doctor en Derecho por la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) de España. Diplomado en derechos humanos y procesos de democratización por la Universidad de Chile. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores. Es académico – investigador en el Departamento de Derecho en la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México, del que fue su Director por seis años. Actualmente es Comisionado de la Comisión Internacional de Juristas. Ha participado o participa en diversas comisiones o consejos públicos, ciudadanos y académicos en México, entre los que destacan: el Consejo de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal; la Junta Directiva del Instituto Federal de la Defensoría Pública; el Comité Consultivo del Centro de Estudios Constitucionales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; el Comité Académico y Editorial del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación la Comisión de Selección del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, entre otros. Docente en diversos programas académicos en materia de derecho constitucional y derechos humanos en centros de educación superior nacionales, y ponente en congresos y foros académicos especializados en México, Argentina, Brasil, Chile, Guatemala, Colombia, España, Estados Unidos y Perú. Su papel como consultor y especialista ha implicado la elaboración de proyectos de ley, dictámenes técnicos bajo la figura de amicus curiae y peritajes internacionales. Su obra publicada consiste en más de 80 capítulos de libros y artículos en revistas especializadas sobre derecho constitucional, derechos humanos y derecho internacional de los derechos humanos, así como algunos libros en estas materias.
Doctorando en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (Argentina); Master en Derecho Penal y Procesal Penal por Osgoode Hall Law School, Universidad de York (Canadá); Diplomado Latinoamericano sobre Reforma Procesal Penal por la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales (Chile); Abogado con orientación en Derecho Penal por la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (Argentina). Actualmente es el Director de Relaciones Internacionales del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP). Durante 8 años fue el Director del Área de Capacitación del Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA), organismo internacional de la Organización de Estados Americanos (OEA), creado en 1999 por resolución de la Asamblea General de la OEA, con sede en Santiago de Chile.
Fiscal de la Procuración General de la Nación Argentina. Es abogada por la Universidad de Buenos Aires, donde se recibió con diploma de honor, Especialista en derecho penal y procesal penal por la Universidad Torcuato Di Tella y Máster en Derecho por la Universidad de Georgetown. Fue becaria de la Fundación Fulbright y perita de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es profesora de Garantías Constitucionales del Derecho Penal Sustantivo y Procesal Penal de la Universidad de Buenos Aires, de Género y Derecho Penal en la Maestría en Derecho Penal de la Universidad de San Andrés y profesora invitada en distintas universidades, de grado y posgrado. Es autora de varios artículos en publicaciones académicas sobre temáticas de género y derecho penal y de garantías constitucionales en el proceso penal.
Abogado, Magíster en Derecho y Posgrado en Derecho Constitucional y Derechos Humanos por la Universidad de Palermo. Profesor en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Responsable del Programa para la Aplicación de Instrumentos de Derechos Humanos del Ministerio Público de la Defensa de la Nación. Integrante de la Red Latinoamericana de Académicas/os del Derecho - ALAS. Fue docente en diferentes universidades de Argentina, e investigador y docente en el Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Chile. Sus temas de especialización son Derecho Internacional de los Derechos Humanos, Acceso a la Justicia y No Discriminación.
Director Ejecutivo de Fundación Ciudadanía y Desarrollo, contacto nacional de Transparencia Internacional en Ecuador. Abogado y máster en Dirección y Gestión Pública, así como en Acción Política, Fortalecimiento Institucional y Participación Ciudadana en el Estado de Derecho. Fue miembro suplente de la Asamblea Nacional Constituyente de Ecuador y asesor constitucional en el Consejo de Participación Ciudadana. Fellow del Centro para la Democracia, el Desarrollo y el Estado de Derecho de la Universidad de Stanford. Consultor para organizaciones nacionales e internacionales en temas de derechos humanos, libertad de expresión, acceso a la información, participación ciudadana, transparencia y lucha contra la corrupción.
Doctor en Ciencias Políticas de la Universidad de la República de Uruguay, magíster en Estudios Políticos por la Universidad Metropolitana de Venezuela y licenciado en Comunicación Social por la Universidad Santa María con especialización en Gobernabilidad y Gerencia Política por la Universidad Católica Andrés Bello y The George Washington University. Autor del libro «Venezolanos en el Uruguay» (2019). Trabaja como editor de la plataforma Diálogo Político y coordinador de proyectos del Programa Regional Partidos Políticos y Democracia en América Latina de la Fundación Konrad Adenauer.
Abogado egresado de la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala y con un Máster en Economía de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. En la actualidad, desempeña el cargo de Editor Asistente en el blog de la International Association of Constitutional Law (IACL) y es Director del área de Estudios Jurídicos en la Fundación Libertad y Desarrollo, un think tank basado en Ciudad de Guatemala. A nivel docente, ejerce como profesor tanto en la Universidad del Istmo como en la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala. Adicionalmente, es columnista para el periódico guatemalteco La Hora. Sus principales áreas de investigación son el derecho constitucional y el derecho electoral.
Vicepresidenta de incidencia y litigio internacional del Robert F. Kennedy Human Rights. Baeyens lidera la estrategia de incidencia legal en derechos humanos de la organización, incluyendo el litigio de casos de alto impacto ante mecanismos de la ONU y sistemas regionales de protección, en temáticas relacionadas con la protección del espacio cívico y la lucha contra la discriminación, violencia e impunidad. Previamente se desempeñó como oficial de asuntos políticos en la ONU y como oficial de derechos humanos en la CIDH, donde también coordinó la Relatoría sobre personas defensoras. Es profesora adjunta de la Facultad de Derecho de la Universidad de Georgetown. Recibió su título de abogada de la Universidad de Ibagué, Colombia, y su LL.M en derecho internacional de los derechos humanos de la Universidad de Notre Dame, Estados Unidos.
Juez electo de la Corte Internacional de Justicia, además de profesor y director del Departamento de Derecho Público de la Universidad Federal de Minas Gerais (UFMG) y fundador del Centro de Derecho Internacional (CEDIN) y del Anuario Brasileño de Derecho Internacional. Tiene un máster de la UFMG y un doctorado de la Universidad París X Nanterre, y ha trabajado como jurista adjunto en el CIJ. Ha sido profesor visitante en el Institut des Hautes Études Internationales de la Université Panthéon-Assas Paris II, la Université Caen Basse-Normandie, la Université Paris-Ouest Nanterre la Défence y el Centro Lauterpacht de Derecho Internacional (Universidad de Cambridge, Reino Unido).
Abogado venezolano, egresado de la Universidad Católica Andrés Bello. LL.M. en derecho internacional de la Universidad de Cambridge, en Reino Unido, y Magíster en políticas públicas de la Universidad de los Andes, en Colombia. Actualmente se desempeña como asesor legal senior del Centro de Derechos Reproductivos y docente de la Universidad de los Andes. Fue abogado de la Secretaría de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Directora Ejecutiva de la Fundación para el Debido Proceso (DPLF por sus siglas en inglés) organización regional dedicada a promover el Estado de derecho y los derechos humanos en América Latina. Antes de unirse a DPLF, fue Coordinadora Adjunta de la Unidad de Investigaciones Especiales de la Comisión de la Verdad de Perú, a cargo de la investigación de graves violaciones de derechos humanos ocurridas durante el conflicto armado interno en ese país. Previamente trabajó en la Adjuntía para los Derechos Humanos de la Defensoria del Pueblo de Perú y formó parte del equipo legal de la Coalición Contra la Impunidad (Alemania) que promovió el procesamiento penal en ese país de militares argentinos responsables de la desaparición de ciudadanos alemanes durante la dictadura argentina. Katya realizó sus estudios de derecho en la Pontifica Universidad Católica del Perú y de maestría en derecho internacional público en la Universidad de Heidelberg, Alemania.
Experto afiliado al Constitution Transformation Network de la Universidad de Melbourne e investigador asociado de la Universidad Rafael Landívar de Guatemala. Doctor en Derecho por la Escuela de Derecho de la Universidad de Melbourne y una Maestria en Derecho Público e Internacional en esa misma casa de estudios, y una Licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Rafael Landívar. Tiene experiencia en gobierno, especificamente en negociacion de tratados y convenciones, litigio en instancias internacionales e implementacion de instrumentos en materia de derechos humanos, y como consultor para organismos financieros internacionales.
Candidato a doctor por la Facultad de Derecho de la Universidad de Ottawa (Canadá). Director de la Clínica de Derechos Humanos del Centro de Investigación y Enseñanza en Derechos Humanos (HRREC) y profesor de la Sección de Derecho Civil de la Universidad de Ottawa. Anteriormente trabajó en la Comisión Andina de Juristas, el Tribunal Constitucional y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos del Perú. Sus áreas de investigación son el Sistema Interamericano, Empresas y Derechos Humanos, Derecho Penal Internacional, TWAIL y libertad académica. Integrante del Grupo de Estudios Latinoamericano sobre Derecho Penal Internacional de la Fundación Konrad Adenauer.
Es abogada por la Universidad San Francisco de Quito, y tiene un LL.M. por el Washington College of Law de American University, con enfoque en Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Es candidata para el título de Doctora en Derecho por la Universidad Externado de Colombia. Ha trabajado como especialista en la Relatoría Especial para la Libre Expresión de la CIDH, Fundamedios y la Dirección Nacional de DDHH en Ecuador. Actualmente, es Directora del Observatorio de Derechos y Justicia de Ecuador, docente en la Universidad Internacional del Ecuador, y socia fundadora de Gentium Law Consultores.
Abogada costarricense, Máster en Derecho Internacional y Resolución de Conflictos por la Universidad para la Paz de las Naciones Unidas. Actualmente se desempeña como Directora Legal para América Latina en Women’s Link Worldwide, desde donde ejerce como estratega legal, líder de iniciativa y abogada litigante, con una gran responsabilidad para diseñar y liderar complejos proyectos legales, asimismo, es docente en la Universidad para la Paz, y en diversas universidades de Costa Rica. Anteriormente trabajó en el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) como Directora del Programa para Centroamérica y México, en la Secretaría General de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) y como consultora internacional. Marcia se especializa en el litigio estratégico con enfoque de género e interseccional.
Doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Especialista en Derecho Constitucional por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), y en Derecho Constitucional y Ciencia Política por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales (Madrid). Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Guerrero (México). Es Investigador Nacional nivel I del Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT, México). En representación de México es miembro del Grupo de Justicia Constitucional y Derechos Fundamentales del Programa Estado de Derecho para Latinoamérica de la Fundación Konrad Adenauer.
