La agenda de la REDESCA para el 2024: ¿Punto de no retorno?
Relator de Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales de la CIDH. Es abogado con doctorado en Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de la República (Uruguay) y doctorado en Derechos Humanos de la Universidad Nacional de Lanús (Argentina). También tiene una maestría en Políticas Públicas y Derechos de la Infancia, y ha realizado estudios en reconocidas instituciones y universidades de Chile, Italia, Perú, Suecia, y Finlandia. Su trayectoria incluye la pertenencia en calidad de experto independiente en órganos de Naciones Unidas como el Comité Asesor del Consejo de Derechos Humanos y el Grupo de Trabajo sobre Comunicaciones del Procedimiento de Denuncia ante el Consejo, y ha sido Director de Investigación y Gestión de Información y Coordinador Académico de la Escuela Internacional del Instituto de Políticas Públicas sobre Derechos Humanos del MERCOSUR del 2015 al 2023.
Cuenta con más de 20 años de experiencia profesional en el campo de los derechos humanos y especialmente los DESCA, en el ámbito académico, de la sociedad civil, el gobierno y las organizaciones internacionales, donde ha trabajado como experto, investigador, director y coordinador de proyectos, y tiene experiencia en gestión pública en el área de políticas públicas para el desarrollo social, derechos de la infancia y de las mujeres.
AED: Agenda Estado de Derecho
JP: Javier Palummo
JP: Considero que hay tres principales amenazas o alertas en la región. La primera está relacionada con la implementación. Si bien varios países han ratificado instrumentos internacionales muy importantes como la Convención Americana, el Protocolo de San Salvador o el Acuerdo de Escazú aún existen importantes desafíos para concretar los estándares derivados de estos Instrumentos, para lograr esas transformaciones institucionales y finalmente modificar la realidad que viven las personas y las comunidades. Sin lugar a dudas, es fundamental dotar de vida estos estándares internacionales a través de políticas públicas y diseños institucionales concretos y situados.
El segundo desafío está asociado a los impactos cada vez más fuertes del cambio climático y de la desigualdad en la garantía de los DESCA. Aunque varios países han logrado disminuir los porcentajes de pobreza, no han sido tan eficientes los esfuerzos gubernamentales a la hora de reducir la desigualdad; fenómeno que agrava las consecuencias del cambio climático.
Por último, el tercer desafío tiene que ver con desarrollar una argumentación cada mes más sofisticada y técnica para dar determinadas discusiones vinculadas, por ejemplo, a la justiciabilidad directa de los DESCA.
JP: Creo que el principal hallazgo de estos primeros meses ha sido la enorme cantidad de movilización, de trabajo de las organizaciones no gubernamentales, del movimiento de derechos humanos, de organismos que tienen un trabajo directo en los territorios y también la fuerte presencia e importancia del desarrollo académico de los DESCA en nuestra región, a través de expertos y expertas y centros de investigación.
Sin lugar a dudas ha sido muy satisfactorio darme cuenta, por un lado, de que la REDESCA es una iniciativa que está siendo acompañada y valorada por la sociedad civil en su conjunto y, por el otro lado, que la Relatoría no es una especie de hito aislado, sino que hace parte de un proceso estructural y complejo dirigido a poner en la agenda la importancia que tienen los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales para la región. De ahí que la REDESCA sea, de alguna manera, un grano de arena dentro de muchos esfuerzos desarrollados desde distintos ámbitos que incluyen estrategias de litigio de incidencia en políticas públicas, cambios de la jurisprudencia de la Corte Interamericana o la puesta en funcionamiento sistema de monitoreo del Grupo de Trabajo del Protocolo de San Salvador.
JP: Hasta el momento, la Relatoría ha venido trabajando en múltiples temas. No obstante, mi idea para la próxima agenda estratégica en la que estaré trabajando entre diciembre y enero es establecer ciertas prioridades. Esto va a implicar que se dejen algunos temas por fuera, para así tratar de concentrar las acciones y los esfuerzos en algunos puntos concretos.
JP: La idea es identificar zonas problemáticas y desarrollar acciones vinculadas, preliminarmente a cuatro pilares. Primero, la temática de cambio climático y derechos ambientales. Segundo, la materia de empresas y derechos humanos. El tercer pilar se centraría en las políticas públicas y, en particular, las políticas fiscales –dado su impacto en los DESCA–. Lo anterior, centrado no sólo en la definición de estándares sino también y especialmente en el abordaje de los desafíos de la implementación. Por último, la mirada estará puesta en el principio de igualdad y no discriminación y la aplicación de enfoques interseccionales que tengan en cuenta las particularidades de pueblos indígenas, personas afrodescendientes, personas migrantes y de las poblaciones ubicadas en el Caribe, Centroamérica o Amazonía.
JP: En primer lugar, quiero mencionar que la REDESCA está liderando en la Comisión Interamericana la elaboración del documento de observaciones para la Corte IDH a fin de contribuir a la elaboración de esta opinión consultiva. Estos insumos no parten de cero sino que recogen importantes avances de la Relatoría, desarrollados en la Resolución 3/2021 sobre Emergencia Climática.
En segundo lugar, estoy convencido de que surgirán importantes desafíos una vez se haya proferido esta opinión consultiva ¿Qué vamos a hacer con ella? La clave está en impulsar la materialización de este pronunciamiento, desde una perspectiva más situada en transformaciones de política pública e institucionales. Por último, y en el marco de la línea de trabajo específica de justicia climática, surge para la Relatoría la oportunidad de profundizar los estándares que desarrolle la Corte y reforzar su aplicación en el sistema de peticiones y casos, posiblemente, a través de casos emblemáticos.
JP: La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, desde el año 2019, profirió un Informe vinculado a la lucha contra la corrupción y la protección de los derechos humanos. Este fenómeno, hoy en día, está suficientemente estudiado, así como su impacto en los DESCA, el estado de derecho y la democracia.
En este marco, comparto la visión de que la efectividad en la exigibilidad de los DESCA está atada a la lucha contra la corrupción y, por esto, este tema estará transversal en la agenda de la Relatoría. Al respecto, resultará esencial, hablar de los recursos disponibles, de empresas y derechos humanos, de políticas fiscales o de exenciones tributarias para determinadas empresas en países. Por ejemplo, algunos Estados están haciendo renuncias fiscales frente a actores privados, mientras que no logran diseñar políticas públicas que aseguren de manera adecuada, por ejemplo, la educación.
JP: Estaremos trabajando la temática con especial énfasis en las industrias extractivas, las empresas de militares y de seguridad privada, y las empresas de plataformas tecnológicas que, de acuerdo a información recolectada, tienen una afectación especial, por ejemplo, en el derecho al trabajo y a la salud.
Como lo mencionaba, la Relatoría se enfrenta al desafío de sofisticar sus argumentos, por ejemplo, frente a la aplicación del artículo 26 de la Convención Americana, como cláusula de integración de los DESCA. Es importante destacar que, desde el 2017, la jurisprudencia de la Corte Interamericana dio un giro muy importante hacia la justiciabilidad directa de los DESCA y la idea es mantener esa línea jurisprudencia.
A veces, uno encuentra presente en ciertos discursos o en la propia producción académica que “hemos llegado a un punto de no retorno”. Pero creo que es una idea peligrosa. El punto de no retorno en la lucha por los derechos humanos no existe. Lo que existe es una lucha permanente por mantener y por avanzar en relación con los estándares de protección y de garantía de derechos y esto, vuelvo a decirlo, requiere rigor técnico, producción de información, evidencia y una labor profesional de encarar esta temática, más allá de eslóganes o de expresiones políticas de voluntad.
JP. Creo que el gran desafío que he encontrado en estos primeros meses ha sido el desafío del fortalecimiento institucional y financiero de la REDESCA. Es importante destacar que la Relatoría no recibe fondos regulares de la OEA y, por lo tanto, su funcionamiento depende de labores de búsqueda de recursos que realiza la persona a cargo de la Relatoría. Así pues, este contexto pone a todo el proyecto institucional en una situación de especial tensión y esa situación se materializó a mi llegada en términos muy claros y acuciantes. Entonces, mi principal desafío es la construcción de estas fortalezas institucionales y financieras para lograr avanzar en las cuestiones sustanciales.
JP: En estos primeros meses, me he enfocado en tareas administrativas, gestión de proyectos, promoción de alianzas y reuniones con contrapartes, organizaciones de la sociedad civil, movimientos de derechos humanos, expertos y expertas. Como mencioné al principio de esta entrevista, uno de mis principales hallazgos fue esto fue el gran dinamismo y el interés en acercarse y trabajar junto con la REDESCA. En estas últimas semanas, a su vez, he podido impulsar casos o medidas cautelares sobre DESCA, formular las observaciones en el marco de la opinión consultiva que surte trámite ante la Corte y avanzar en la elaboración del informe anual de la REDESCA.
JP: Creo que todos los casos más recientes de DESCA del Sistema Interamericano son de lectura obligatoria. Pero también creo que es muy importante tratar de avanzar y desarrollar algunas reflexiones vinculadas a la formulación de diseños institucionales o de políticas públicas que han implicado y que están implicando una cierta materialización de los compromisos que han asumido los Estados al haber ratificado los instrumentos internacionales o que se derivan de la jurisprudencia interamericana.
En este marco, es clave ahondar en política pública comparada o estudios con base empírica, orientados a la evaluación y al monitoreo, para tener más herramientas para la toma de decisiones con enfoque de derechos humanos. Creo que un aspecto especialmente relevante es tomar conciencia de la necesidad de incorporar un enfoque interdisciplinario para poder avanzar en la protección de los DESCA en nuestra región y no quedarnos en una mirada tan jurídica de los estándares y la conceptualización de los derechos. Esta aproximación creo que representa una suerte de contaminación positiva para quienes están trabajando en estos temas de gestión pública.
Citación académica sugerida: Agenda Estado de Derecho. La agenda de la REDESCA para el 2024: ¿Punto de no retorno? Entrevista al Relator Javier Palummo Agenda Estado de Derecho. 2023/12/22. Disponible en: https://agendaestadodederecho.com/la-agenda-de-la-redesca-para-el-2024-entrevista/
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Abogada colombiana, LLM en International Legal Studies por la Universidad de Georgetown y Máster en Argumentación Jurídica por la Universidad de Alicante. Es candidata a Doctora en Derecho por la Universidad de Georgetown. Actualmente se desempeña como Directora Asociada en el O'Neill Institute for National and Global Health Law y es docente en la Universidad de Georgetown y en programas de especialización y maestría en diversas universidades de América Latina. Anteriormente trabajó en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos donde tuvo varios cargos, principalmente como Coordinadora de la Sección de Casos a cargo de la etapa de fondo y del litigio ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Es profesora ayudante e investigadora predoctoral en el Departamento de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM). Tiene un Máster en Democracia y Gobierno, y un Máster en Gobernanza y Derechos Humanos, ambos de la UAM. Es licenciada en Comunicación Social por la Universidad Central de Venezuela. Es integrante del Lab Grupo de Investigación en Innovación, Tecnología y Gestión Pública de la UAM. Su tesis doctoral aborda la relación entre género, tecnologías y sector público, con un especial énfasis en la Inteligencia Artificial. También ha publicado sobre innovación pública y colaboración entre administraciones públicas y ciudadanía. Formó parte del equipo editorial de Agenda Estado de Derecho desde 2020 hasta febrero de 2022.
Abogada de la Universidad de Chile y Magíster en Derecho Internacional de la Universidad de Cambridge. En el ámbito profesional, se ha desempeñado en el extranjero como asistente legal en la Corte Internacional de Justicia y consultora para la International Nuremberg Principles Academy. En Chile, ha trabajado como abogada para el Comité para la Prevención de la Tortura, y actualmente se desempeña en la División de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile. Asimismo, es académica de Derecho Internacional Público en la Universidad de Chile. Sus áreas de investigación incluyen el derecho internacional de los derechos humanos, la regulación de la actividad policial y su conformidad con estándares internacionales, el derecho internacional humanitario y el derecho penal internacional.
Ex Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) hasta el 5 de octubre de 2020. Abogado y docente uruguayo egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República de Uruguay (Udelar). Actualmente es senior fellow en El Diálogo Interamericano (The Interamerican Dialogue) y consultor en libertades informativas de UNESCO y organizaciones de la sociedad civil. Se desempeña como Secretario de Relaciones Internacionales y Gobierno Abierto del Gobierno de Canelones (Uruguay).
Docente y conferenciasta en el campo de la libertad de expresión y el derecho a la información en prestigiosas universidades, entre ellas American University (Washington), Unam (México), Universidad Carlos III (España), Stanford (California), Universidad del Pacífico (Perú), UBA (Argentina) Universidad Diego Portales (Chile), Udelar (Uruguay) y Universidad de los Andes (Colombia). Periodista, columnista y colaborador asiduo en distintos medios de comunicación.
José Luis Caballero Ochoa es Licenciado en Derecho por el Tecnológico de Monterrey, Campus Chihuahua; Maestro en Derecho, por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, y Doctor en Derecho por la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) de España. Diplomado en derechos humanos y procesos de democratización por la Universidad de Chile. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores. Es académico – investigador en el Departamento de Derecho en la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México, del que fue su Director por seis años. Actualmente es Comisionado de la Comisión Internacional de Juristas. Ha participado o participa en diversas comisiones o consejos públicos, ciudadanos y académicos en México, entre los que destacan: el Consejo de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal; la Junta Directiva del Instituto Federal de la Defensoría Pública; el Comité Consultivo del Centro de Estudios Constitucionales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; el Comité Académico y Editorial del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación la Comisión de Selección del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, entre otros. Docente en diversos programas académicos en materia de derecho constitucional y derechos humanos en centros de educación superior nacionales, y ponente en congresos y foros académicos especializados en México, Argentina, Brasil, Chile, Guatemala, Colombia, España, Estados Unidos y Perú. Su papel como consultor y especialista ha implicado la elaboración de proyectos de ley, dictámenes técnicos bajo la figura de amicus curiae y peritajes internacionales. Su obra publicada consiste en más de 80 capítulos de libros y artículos en revistas especializadas sobre derecho constitucional, derechos humanos y derecho internacional de los derechos humanos, así como algunos libros en estas materias.
Doctorando en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (Argentina); Master en Derecho Penal y Procesal Penal por Osgoode Hall Law School, Universidad de York (Canadá); Diplomado Latinoamericano sobre Reforma Procesal Penal por la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales (Chile); Abogado con orientación en Derecho Penal por la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (Argentina). Actualmente es el Director de Relaciones Internacionales del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP). Durante 8 años fue el Director del Área de Capacitación del Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA), organismo internacional de la Organización de Estados Americanos (OEA), creado en 1999 por resolución de la Asamblea General de la OEA, con sede en Santiago de Chile.
Fiscal de la Procuración General de la Nación Argentina. Es abogada por la Universidad de Buenos Aires, donde se recibió con diploma de honor, Especialista en derecho penal y procesal penal por la Universidad Torcuato Di Tella y Máster en Derecho por la Universidad de Georgetown. Fue becaria de la Fundación Fulbright y perita de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es profesora de Garantías Constitucionales del Derecho Penal Sustantivo y Procesal Penal de la Universidad de Buenos Aires, de Género y Derecho Penal en la Maestría en Derecho Penal de la Universidad de San Andrés y profesora invitada en distintas universidades, de grado y posgrado. Es autora de varios artículos en publicaciones académicas sobre temáticas de género y derecho penal y de garantías constitucionales en el proceso penal.
Abogado, Magíster en Derecho y Posgrado en Derecho Constitucional y Derechos Humanos por la Universidad de Palermo. Profesor en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Responsable del Programa para la Aplicación de Instrumentos de Derechos Humanos del Ministerio Público de la Defensa de la Nación. Integrante de la Red Latinoamericana de Académicas/os del Derecho - ALAS. Fue docente en diferentes universidades de Argentina, e investigador y docente en el Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Chile. Sus temas de especialización son Derecho Internacional de los Derechos Humanos, Acceso a la Justicia y No Discriminación.
Director Ejecutivo de Fundación Ciudadanía y Desarrollo, contacto nacional de Transparencia Internacional en Ecuador. Abogado y máster en Dirección y Gestión Pública, así como en Acción Política, Fortalecimiento Institucional y Participación Ciudadana en el Estado de Derecho. Fue miembro suplente de la Asamblea Nacional Constituyente de Ecuador y asesor constitucional en el Consejo de Participación Ciudadana. Fellow del Centro para la Democracia, el Desarrollo y el Estado de Derecho de la Universidad de Stanford. Consultor para organizaciones nacionales e internacionales en temas de derechos humanos, libertad de expresión, acceso a la información, participación ciudadana, transparencia y lucha contra la corrupción.
Doctor en Ciencias Políticas de la Universidad de la República de Uruguay, magíster en Estudios Políticos por la Universidad Metropolitana de Venezuela y licenciado en Comunicación Social por la Universidad Santa María con especialización en Gobernabilidad y Gerencia Política por la Universidad Católica Andrés Bello y The George Washington University. Autor del libro «Venezolanos en el Uruguay» (2019). Trabaja como editor de la plataforma Diálogo Político y coordinador de proyectos del Programa Regional Partidos Políticos y Democracia en América Latina de la Fundación Konrad Adenauer.
Abogado egresado de la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala y con un Máster en Economía de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. En la actualidad, desempeña el cargo de Editor Asistente en el blog de la International Association of Constitutional Law (IACL) y es Director del área de Estudios Jurídicos en la Fundación Libertad y Desarrollo, un think tank basado en Ciudad de Guatemala. A nivel docente, ejerce como profesor tanto en la Universidad del Istmo como en la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala. Adicionalmente, es columnista para el periódico guatemalteco La Hora. Sus principales áreas de investigación son el derecho constitucional y el derecho electoral.
Vicepresidenta de incidencia y litigio internacional del Robert F. Kennedy Human Rights. Baeyens lidera la estrategia de incidencia legal en derechos humanos de la organización, incluyendo el litigio de casos de alto impacto ante mecanismos de la ONU y sistemas regionales de protección, en temáticas relacionadas con la protección del espacio cívico y la lucha contra la discriminación, violencia e impunidad. Previamente se desempeñó como oficial de asuntos políticos en la ONU y como oficial de derechos humanos en la CIDH, donde también coordinó la Relatoría sobre personas defensoras. Es profesora adjunta de la Facultad de Derecho de la Universidad de Georgetown. Recibió su título de abogada de la Universidad de Ibagué, Colombia, y su LL.M en derecho internacional de los derechos humanos de la Universidad de Notre Dame, Estados Unidos.
Juez electo de la Corte Internacional de Justicia, además de profesor y director del Departamento de Derecho Público de la Universidad Federal de Minas Gerais (UFMG) y fundador del Centro de Derecho Internacional (CEDIN) y del Anuario Brasileño de Derecho Internacional. Tiene un máster de la UFMG y un doctorado de la Universidad París X Nanterre, y ha trabajado como jurista adjunto en el CIJ. Ha sido profesor visitante en el Institut des Hautes Études Internationales de la Université Panthéon-Assas Paris II, la Université Caen Basse-Normandie, la Université Paris-Ouest Nanterre la Défence y el Centro Lauterpacht de Derecho Internacional (Universidad de Cambridge, Reino Unido).
Abogado venezolano, egresado de la Universidad Católica Andrés Bello. LL.M. en derecho internacional de la Universidad de Cambridge, en Reino Unido, y Magíster en políticas públicas de la Universidad de los Andes, en Colombia. Actualmente se desempeña como asesor legal senior del Centro de Derechos Reproductivos y docente de la Universidad de los Andes. Fue abogado de la Secretaría de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Directora Ejecutiva de la Fundación para el Debido Proceso (DPLF por sus siglas en inglés) organización regional dedicada a promover el Estado de derecho y los derechos humanos en América Latina. Antes de unirse a DPLF, fue Coordinadora Adjunta de la Unidad de Investigaciones Especiales de la Comisión de la Verdad de Perú, a cargo de la investigación de graves violaciones de derechos humanos ocurridas durante el conflicto armado interno en ese país. Previamente trabajó en la Adjuntía para los Derechos Humanos de la Defensoria del Pueblo de Perú y formó parte del equipo legal de la Coalición Contra la Impunidad (Alemania) que promovió el procesamiento penal en ese país de militares argentinos responsables de la desaparición de ciudadanos alemanes durante la dictadura argentina. Katya realizó sus estudios de derecho en la Pontifica Universidad Católica del Perú y de maestría en derecho internacional público en la Universidad de Heidelberg, Alemania.
Experto afiliado al Constitution Transformation Network de la Universidad de Melbourne e investigador asociado de la Universidad Rafael Landívar de Guatemala. Doctor en Derecho por la Escuela de Derecho de la Universidad de Melbourne y una Maestria en Derecho Público e Internacional en esa misma casa de estudios, y una Licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Rafael Landívar. Tiene experiencia en gobierno, especificamente en negociacion de tratados y convenciones, litigio en instancias internacionales e implementacion de instrumentos en materia de derechos humanos, y como consultor para organismos financieros internacionales.
Candidato a doctor por la Facultad de Derecho de la Universidad de Ottawa (Canadá). Director de la Clínica de Derechos Humanos del Centro de Investigación y Enseñanza en Derechos Humanos (HRREC) y profesor de la Sección de Derecho Civil de la Universidad de Ottawa. Anteriormente trabajó en la Comisión Andina de Juristas, el Tribunal Constitucional y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos del Perú. Sus áreas de investigación son el Sistema Interamericano, Empresas y Derechos Humanos, Derecho Penal Internacional, TWAIL y libertad académica. Integrante del Grupo de Estudios Latinoamericano sobre Derecho Penal Internacional de la Fundación Konrad Adenauer.
Es abogada por la Universidad San Francisco de Quito, y tiene un LL.M. por el Washington College of Law de American University, con enfoque en Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Es candidata para el título de Doctora en Derecho por la Universidad Externado de Colombia. Ha trabajado como especialista en la Relatoría Especial para la Libre Expresión de la CIDH, Fundamedios y la Dirección Nacional de DDHH en Ecuador. Actualmente, es Directora del Observatorio de Derechos y Justicia de Ecuador, docente en la Universidad Internacional del Ecuador, y socia fundadora de Gentium Law Consultores.
Abogada costarricense, Máster en Derecho Internacional y Resolución de Conflictos por la Universidad para la Paz de las Naciones Unidas. Actualmente se desempeña como Directora Legal para América Latina en Women’s Link Worldwide, desde donde ejerce como estratega legal, líder de iniciativa y abogada litigante, con una gran responsabilidad para diseñar y liderar complejos proyectos legales, asimismo, es docente en la Universidad para la Paz, y en diversas universidades de Costa Rica. Anteriormente trabajó en el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) como Directora del Programa para Centroamérica y México, en la Secretaría General de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) y como consultora internacional. Marcia se especializa en el litigio estratégico con enfoque de género e interseccional.
Doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Especialista en Derecho Constitucional por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), y en Derecho Constitucional y Ciencia Política por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales (Madrid). Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Guerrero (México). Es Investigador Nacional nivel I del Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT, México). En representación de México es miembro del Grupo de Justicia Constitucional y Derechos Fundamentales del Programa Estado de Derecho para Latinoamérica de la Fundación Konrad Adenauer.
